La ofensiva contra el aborto de la Administración de Donald Trump se ha dado de bruces contra una barrera judicial. Un juez federal ha bloqueado temporalmente este jueves la llamada “norma mordaza” -como la bautizaron los críticos-, que busca prohibir que las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos públicos deriven a sus pacientes a centros abortistas, aunque ellas lo soliciten, e incluso que les entreguen información sobre la posibilidad de abortar. Estaba previsto que la nueva política restrictiva entrara en vigor el próximo 3 de mayo. El juez federal Stanley Bastian de Yakima (este de Washington), escribió en la orden emitida que “la respuesta del Gobierno en este caso es desdeñosa, especulativa y no se basa en ninguna evidencia presentada en el expediente ante este tribunal”.
La reforma, publicada el pasado 22 de febrero por el portal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, afecta al Título X, un programa de planificación familiar financiado federalmente, que atiende anualmente a cerca de cuatro millones de mujeres de bajos recursos a través de clínicas independientes. En el detalle, la nueva normativa impide que los doctores informen a los pacientes sobre dónde podrían hacerse un aborto y ya no es un requisito que las clínicas aconsejen a las mujeres sobre todas las opciones reproductivas. Además, impone una separación física a los centros de salud que practican abortos. Esto podría incluir la obligación de que los edificios creen entradas y salidas independientes o que se vean obligados a cambiarse a otro sitio.
El juez Bastian emitió la orden de bloqueo después de escuchar los argumentos de ambas partes, para determinar que la reforma no responde al “interés público”. Según la resolución, los demandantes habían presentado “argumentos razonables” de que se podían “sufrir daños irreparables” de no bloquearse su aplicación y demostraron que la nueva política “probablemente viola el propósito central del Título X, que es hacer igualitario el acceso a la planificación familiar amplia, fundamentada en evidencia y voluntaria”. La decisión “garantiza que las clínicas en todo el país puedan permanecer abiertas y continuar ofreciendo cuidados médicos de calidad e imparciales a las mujeres”, ha declarado el fiscal general del Estado, Bob Ferguson, quien adelantó que su oficina volvería a la corte para pedirle al juez que haga que la orden judicial sea permanente.
Planned Parenthood, una organización que proporciona servicios de salud reproductiva y que ha sido un objeto constante de las críticas de los republicanos en su campaña contra el aborto, iba a ser la organización más afectada al atender alrededor del 40% de los pacientes de Título X. “Si bien es una victoria para los pacientes y los médicos, este alivio es preliminar y continuaremos luchando contra la administración Trump-Pence en los tribunales y en el Congreso para garantizar que la salud y los derechos de nuestros pacientes estén protegidos”, matizó la doctora Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood.
Desde que Trump anunció el pasado mayo su intención de reformar el Título X, veintidós Estados han demandado al Gobierno, y al menos 200 congresistas han hecho público su rechazo a la medida. Los críticos defienden que la medida está diseñada para silenciar a los médicos sobre la opción del aborto, y que los más perjudicados serán los pobres, los que no tienen seguro médico y a la comunidad negra.
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