El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado 30 de julio.OSCAR DEL POZO / Europa PressEl juez instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha llamado a declarar como testigo a José Manuel Calvente, un antiguo abogado de Podemos que mantiene una intensa batalla judicial con la formación tras su salida del partido. Según ha confirmado el propio letrado, el magistrado lo ha citado el próximo 2 de septiembre en el marco del bautizado como caso Dina. Esta línea de investigación, abierta como pieza separada del macrosumario, comenzó cuando se halló en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo una copia del contenido del móvil que una asesora de Pablo Iglesias había denunciado que le habían robado, pero que ha dado un giro en los últimos meses después de que el juez decidiese centrar sus pesquisas en cómo se dañó una tarjeta que guardaba otra copia de la información y que pasó por las manos del actual vicepresidente antes de llegar a la Audiencia Nacional.El caso Dina se ha convertido en una verdadera pesadilla para la formación de izquierdas y en septiembre la tormenta no tiene pinta de amainar. La declaración de Calvente, que ha acusado a Podemos de urdir un “montaje” en esta causa, llegará después de que la oposición haya cargado las tintas contra el actual vicepresidente segundo del Gobierno por haberse presentado como víctima de las “cloacas del Estado” para, en su opinión, sacar rédito electoral en los comicios de abril de 2019. La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, insistía el pasado sábado sobre ello: “Lo que tiene que hacer Iglesias es tener dignidad y vergüenza. Y explicar a todos los ciudadanos todas estas cosas que le acorralan”. “Que explique qué sucedió con esa tarjeta de memoria”, apostilló.Calvente formó parte del equipo legal de Podemos hasta que fue despedido en diciembre de 2019 tras una denuncia por acoso sexual a una compañera —la también abogada Marta Flor—, que fue archivada el pasado julio “ante la falta de evidencias” de “ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria”. El letrado ha defendido siempre que estas acusaciones formaron parte de una campaña urdida por la cúpula del partido para echarlo a raíz de que comenzase a investigar supuestas irregularidades en las cuentas de Podemos. Ha hablado de “cobros bajo mano” de algunos miembros de la formación, así como de sobresueldos de unos 1.000 euros en complementos no justificados. De hecho, tras presentar una denuncia por presunta financiación irregular, un juzgado de Madrid ha abierto una investigación.“Es evidente que nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos”, ha afirmado Calvente, que ha añadido en otra ocasión que su “calvario” empezó en febrero de 2019 al “negarse a participar en la patraña del caso Dina”. “Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan”, ha recalcado.El giro del casoEl caso Dina se abrió en marzo de 2019, después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional enviase un informe al juez donde explicaba que se había encontrado en el domicilio de Villarejo “una importante cantidad de documentos” de la antigua asesora de Iglesias en Bruselas, Dina Bousselham, que parecían “provenir de una extracción de datos” de su móvil, cuyo robo se había denunciado el 1 de noviembre de 2015. Entre el contenido había “datos personales, bancarios, fotografías de carácter íntimo, además de comunicaciones a través de correo electrónico o aplicaciones (WhatsApp y Telegram), archivos de audio, etcétera”. Parte de esta información —cinco documentos estratégicos de Podemos y un chat privado donde Iglesias hacía un comentario ofensivo sobre una presentadora de televisión— acabó difundida por varios medios de comunicación, como Okdiario.En un primer momento, el juez se centró en averiguar si el comisario jubilado había cometido un delito al filtrar esa información a los medios o, incluso, si se encontraba detrás de una supuesta operación para robar el móvil. Para ello, entre otras iniciativas, a falta de un mes para las elecciones del 28-A de 2019, citó a declarar como víctimas a Bousselham e Iglesias, que consideraron la sustracción del teléfono una operación de la policía patriótica, el grupo de agentes creado en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), que ya había maniobrado contra Podemos.Pero la causa dio un giro el pasado mayo, cuando el juez citó de nuevo a Bousselham, que se contradijo por primera vez. La antigua asesora reconoció que hizo capturas de pantalla de los chats publicados y que, incluso, los había reenviado, lo que abría la puerta a que las fuentes de los periodistas fueran otras. Las pesquisas “no han permitido concluir que la fuente de Okdiario fuese Villarejo”, escribió entonces García-Castellón, que pasó a centrarse en una copia de la tarjeta incorporada a la causa. Bousselham había enviado a la Audiencia Nacional un dispositivo con el contenido sustraído, que había recuperado a través de Iglesias, quien a su vez lo había obtenido a través de la revista Interviú. Pero esta tarjeta se encontraba dañada, y el juez quiere averiguar cuándo y dónde se estropeó.
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