Un juez de Mahón estudiará si imputa al notario de Kitchen que contactó con el ex secretario de Estado

A la izquierda, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a la llegada a la Audiencia Nacional el pasado 2020.
A la izquierda, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a la llegada a la Audiencia Nacional el pasado 2020.Chema Moya / EFE

El juzgado de Instrucción número 1 de Mahón (Menorca) estudiará la causa contra Alberto Vela Navarro-Rubio, un notario salpicado en la trama Kitchen y amigo de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). La investigación contra el fedatario recayó finalmente en este órgano judicial hace tres días, según informan fuentes jurídicas, después de que la Audiencia Nacional ordenase el pasado noviembre abrir un proceso contra él tras comprobar que había contactado con Martínez cuando se le estaba investigando en secreto. La Fiscalía y el magistrado Manuel García-Castellón sospechan que pudo darle un chivatazo.

El inicio de esta enrevesada historia se remonta a mediados de 2019, cuando la Audiencia Nacional ya llevaba meses investigando en secreto la Operación Kitchen, la trama policial urdida en el Ministerio del Interior para espiar sin control judicial al extesorero popular Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle información comprometedora contra altos cargos del PP. El 4 de junio de aquel año, el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, puso en el punto de mira al ex secretario de Estado al relatar que el dirigente político había estaba al tanto de todo y que, incluso, él mismo había entregado a Martínez un pendrive con información extraída de los móviles de Bárcenas.

Ante tales afirmaciones, el ex secretario de Estado decidió mover ficha. Temía que el PP y su antiguo jefe, el ministro Jorge Fernández Díaz, le dejasen caer solo. Y, por ello, solo nueve días después de la declaración de García Castaño, se desplazó hasta la notaría de su amigo Vela para dejar constancia de que en 2013, en plena Operación Kitchen, había recibido varios mensajes de móvil de Fernández Díaz que demostrarían, según él, que el máximo responsable de Interior también conocía la trama para espiar al extesorero popular.

Este acta notarial, donde constaban los supuestos mensajes del exministro, permaneció oculta cerca de medio año. Hasta que, a principios de 2020, los investigadores supieron de su existencia a raíz de que El Gordo lo comentase en un nuevo interrogatorio. Fue entonces cuando el magistrado Manuel García-Castellón, que lleva la causa en la Audiencia Nacional, dictó el 9 de marzo un requerimiento al Consejo General del Notariado para saber ante qué fedatarios se había personado Martínez. Y el 11 de marzo ordenó a Vela que le entregase la documentación y le advirtió personalmente que era una diligencia secreta y que, por tanto, no podía informar a nadie sobre ella. Pero, ese mismo día, el notario se cruzó varios mensajes con el ex secretario de Estado.

—¿Cómo se borra? —escribió Vela a Martínez por WhatsApp a las 10.06 horas, según consta en un informe policial— Ya está.

—Se borra el chat y ya está —respondió el antiguo número dos de Interior en apenas unos segundos.

—¿Puedo hablar contigo?

—Claro. Llama.

[…]

—Se me ha ocurrido algo para comentar esta tarde —vuelve a escribir Martínez a las 10.58.

—Ok —contesta Vela.

En opinión de la Fiscalía y del magistrado García-Castellón, esa conversación constituye un indicio de que el notario pudo cometer un delito de revelación de secretos al contactar con Martínez para informarle de que se le había solicitado información sobre él. Por ello, el juez de la Audiencia Nacional ordenó abrir una causa centrada en el fedatario y mandarla a los juzgados de Mahón, ya que estos tendrían la competencia. Allí, finalmente, el caso ha recaído en el juzgado número 1, que deberá ahora decidir si imputa a Vela.

Por su parte, el ex secretario de Estado ya defendió a su amigo en un escrito enviado al juez y alegó que no pudo darle ningún chivatazo porque los mensajes de whatsapp los intercambiaron el 11 de marzo por la mañana, antes de que el fedatario recibiese la notificación de la Audiencia Nacional. Contactado por EL PAÍS, Vela no ha querido hacer ningún comentario.


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