Las autoridades sanitarias de Estados Unidos instaron a las redes sociales durante la pandemia a retirar mensajes de desinformación en relación con la covid o en contra de las vacunas. Ahora no podrían hacerlo. Un juez de distrito federal de Luisiana ha prohibido cautelarmente a buena parte de la Administración Biden interactuar con las redes sociales y dirigirse a ellas, dando la razón parcialmente a una demanda republicana de 2022 en la que se alegaba que el Gobierno se había extralimitado. El juez lo justifica en la libertad de expresión y los republicanos lo celebran como “un golpe a la censura”.
Entre los cargos y autoridades a los que se prohíbe dirigirse a las redes sociales están la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra; el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y muchos otros, además de agencias y departamentos completos de la Administración como el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad nacional, el FBI, los Centros de Prevención y Control de enfermedades (CDC) y varios más.
A todos ellos, en una resolución de 7 páginas, cuya justificación está desarrollada en otra de 155 páginas, les prohíbe para empezar reunirse con empresas y plataformas de medios de comunicación social “con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a la retirada, eliminación, supresión o reducción de contenidos” publicados en ejercicio de la libertad de expresión, según el texto.
También les prohíbe marcar específicamente contenidos o publicaciones para que sean retirados o instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a las redes sociales a que modifiquen sus directrices para eliminar, suprimir o reducir tales contenidos.
Aparte de no poder reunirse, esas personas y departamentos tampoco podrán enviar correos electrónicos, llamar, enviar cartas, mensajes de texto o entablar cualquier tipo de comunicación con las redes con esos propósitos ni realizar otro tipo de actividades indirectas que influyan en los contenidos.
Como excepciones, el juez permite informar a las empresas de redes sociales de publicaciones que impliquen actividades delictivas y conspiraciones, así como notificar amenazas contra la seguridad nacional y otras amenazas publicadas en las plataformas, denunciar irregularidades electorales y otros supuestos.
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El juez Terry Doughty, de Luisiana, nombrado por Donald Trump, ha concedido la medida cautelar en respuesta a una demanda presentada en 2022 por los fiscales generales de Luisiana y Misuri y algunos particulares, incluidos negacionistas de las vacunas y comunicadores de extrema derecha. La demanda alegaba que el gobierno federal se había extralimitado en sus esfuerzos por convencer a las empresas de medios sociales de que abordaran las publicaciones que pudieran provocar dudas sobre las vacunas durante la pandemia covid-19 o afectar a las elecciones.
Doughty sostiene en sus resoluciones que hay “pruebas sustanciales” de una campaña de censura de gran alcance. Escribe que las “pruebas presentadas hasta ahora describen un escenario casi distópico” en que el Gobierno habría asumido un papel similar al de un orwelliano “Ministerio de la Verdad”.
El senador republicano Eric Schmitt, que era fiscal general de Misuri cuando se presentó la demanda, ha dicho en Twitter que el fallo es “una gran victoria para la Primera Enmienda[que consagra la libertad de expresión] y un golpe a la censura”.
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, ha dicho a través de un comunicado remitido a la agencia AP que la orden judicial impide que la Administración “censure el discurso político fundamental de los estadounidenses de a pie” en las redes sociales. “Las pruebas de nuestro caso son chocantes y ofensivas, ya que altos funcionarios federales decidieron que podían dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre la covid-19, las elecciones, las críticas al Gobierno y mucho más”, ha añadido Landry.
El Gobierno de Biden no ha tenido poder para ordenar a las redes sociales la retirada de materiales, pero sí ha tenido abiertos cauces de comunicación para evitar contenido dañino o peligroso. Elon Musk ha revelado después de comprar Twitter algunas comunicaciones que muestran que había contactos entre el Gobierno y los partidos políticos y la red social a la hora de señalar algunos contenidos como desinformación. Muchos de los ejemplos del caso que está ahora en los juzgados corresponden en realidad a la etapa en que Trump era presidente y eran las autoridades bajo su mando las que se dirigían a las redes.
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