Donald Trump, el viernes 13 de enero de 2023.Reuters
La ofensiva judicial que impulsa contra todo y contra todos el expresidente Donald Trump ha recibido este viernes un serio varapalo, a medio camino entre el aviso y el correctivo, después de que un juez federal ridiculizara una demanda presentada por el republicano contra algunos de sus rivales políticos, denunciando el afán leguleyo del magnate y desautorizando a su equipo legal por dejarse arrastrar “por su mala fe”. Además de la grave descalificación, el magistrado ha multado al republicano y a sus abogados por hacer perder el tiempo a la justicia con un pleito que, se infiere del fallo, no debería haber sido siquiera admitido a trámite. La demanda fue presentada en marzo pasado por la abogada de Trump Alina Habba contra la demócrata Hillary Clinton, su rival en las elecciones de 2016, el comité nacional demócrata y el exdirector del FBI James Comey por supuestamente orquestar una conspiración contra el republicano al hilo de la injerencia rusa en las elecciones que le llevaron a la Casa Blanca.
El juez del distrito sur de Florida Donald Middlebrooks no se ha ahorrado calificativos a la hora de amonestar al magnate, cuyo comportamiento justiciero reprueba, y ridiculizar una demanda que “ningún abogado razonable se habría planteado presentar”, al carecer de “base legal reconocible”, estar fundamentada en “la mala fe” y pretender “impulsar una narrativa política deshonesta” a través de exigencias “categóricamente absurdas”. El magistrado ha impuesto una multa de 937.000 dólares (unos 850.000 euros) al expresidente de EE UU y a su equipo de abogados ―18 en total― por haber procedido sin ningún tipo de base legal y por motivos puramente políticos, además de “frívolos”.
La judicialización de la política ha alcanzado con Trump registros récord, en un país en el que las marquesinas del mobiliario urbano o los grandes paneles publicitarios que salpican las autopistas están plagados de anuncios de bufetes de abogados ―se demanda por cualquier eventualidad, de una caída en la vía pública o un comercio a una quemadura producida por un café demasiado caliente―, por no hablar del prolífico subgénero judicial de Hollywood. Trump entra y sale casi a diario de los tribunales, con varios procesos abiertos en su contra, pero la demanda que presentó contra Clinton y otros demócratas ha pulverizado los límites de la pertinencia, según la sentencia. “No es más que una mezcolanza de hechos sin conexión, a veces inmateriales, seguidos de una conclusión inadmisible, que en su conjunto representan un intento deliberado de acoso”, prosigue el magistrado, designado por el entonces presidente demócrata Bill Clinton en 1997.
“Genio del abuso”
El argumentario de la sentencia no tiene desperdicio. El magistrado describe a Trump como “un genio del abuso estratégico del proceso judicial” y un “prolífico litigante que emplea constantemente los tribunales para vengarse de sus enemigos políticos”. “No se le puede considerar como un cliente que sigue a ciegas el consejo de sus abogados. Es plenamente consciente del impacto de sus actos”, añade el magistrado, dejando en muy mal lugar a su equipo legal y en especial a la abogada Alina Habba, que redactó y presentó la demanda, oportunamente replicada por la ex secretaria de Estado Clinton. “Frivolidades como esta”, subraya Middlebrooks, “no deben ser ni un vehículo para recaudar fondos, ni carnaza para las redes sociales”.
El pasado mes de noviembre Trump presentó formalmente su candidatura a la reelección en las elecciones presidenciales de 2024. Tras conocerse que Joe Biden, su rival en las urnas en 2020, ocultó también documentación clasificada en varias ubicaciones ―como hiciera también Trump en su residencia de Mar-a-Lago, registrada por el FBI―, el magnate saca pecho mientras atesora fallos en su contra por las irregularidades fiscales de su emporio comercial, la Organización Trump, objeto de dos investigaciones paralelas en Nueva York. El republicano tiene otro importante frente abierto después de que la comisión que investigó el asalto al Capitolio resolviese citarle a declarar y eventualmente procesarle por la comisión de varios delitos, entre ellos obstrucción de la justicia e insurrección.
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