Donald Trump está obligado a someterse a un interrogatorio y a responder bajo juramento en la investigación civil sobre los presuntos delitos fiscales de su emporio Organización Trump, liderada por la Fiscalía de Nueva York, según ha dictaminado este jueves el juez del Tribunal Supremo neoyorquino, Arthur Engoron. Los hijos del expresidente Ivanka Trump y Donald Trump Jr. también tendrán que atender las citaciones de la fiscal general del Estado, Letitia James, en un plazo máximo de 21 días.
Uno de los abogados de Trump ya adelantó que apelará el fallo. Si finalmente se enfrentan a las preguntas de la fiscalía, pueden responderlas o acogerse a la quinta enmienda de la Constitución para no testificar. Engoron negó la solicitud de la familia del expresidente de anular las citaciones de James en el caso civil o posponerlas hasta la conclusión de la investigación penal que lleva a cabo en paralelo la fiscalía del distrito de Manhattan.
Cuando otro hijo de Trump, Eric Trump, y el exjefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, acudieron en 2020 a una citación de la fiscalía, invocaron esa enmienda cientos de veces. La defensa del expresidente acusó que James, demócrata, intenta sacar información en la causa civil que pueda servir de material para la causa penal. Trump “tendrá derecho a negarse a responder a cualquier pregunta que, según ellos, podría incriminarlos, y esa negativa no podrá ser comentada ni utilizada en su contra en un proceso penal”, escribió el juez del Supremo neoyorquino.
Engoron ha dado a conocer el fallo después de una comparecencia de dos horas de los abogados de Trump y James. “En última instancia, una fiscal general del Estado comienza a investigar una entidad comercial, descubre abundante evidencia de posible fraude financiero y quiere interrogar, bajo juramento, a varios de los directores de las entidades, incluido su homónimo. Ella tiene todo el derecho de hacerlo”, rezaba el documento judicial de ocho páginas firmado por el juez.
La fiscalía de Nueva York lleva años investigando posibles delitos del conglomerado empresarial del magnate para determinar si la firma incurrió presentó declaraciones “fraudulentas o engañosas” de valor de varios inmuebles y propiedades, que sobrepreciaron para conseguir préstamos bancarios. Trump dijo el pasado martes que el trabajo de James es una “investigación falsa sobre una gran compañía que ha hecho un trabajo espectacular para Nueva York” y una “continuación de una caza de brujas por motivos raciales como nunca se ha visto” en Estados Unidos.
El pasado diciembre Trump presentó una demanda en un tribunal federal contra James por una supuesta violación de sus derechos constitucionales. La acusó de que su pesquisa está “guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano particular al que considera un oponente político”.
La causa civil de James avanza en paralelo con la investigación penal que lidera la fiscalía de Manhattan para determinar si Trump o su organización falsificaron el valor de propiedades para tener acceso a potenciales prestamistas y así garantizar la financiación. El verano pasado, la Fiscalía de Manhattan acusó a la compañía de Trump de mantener durante 15 años una trama “aplastante y audaz” para defraudar al fisco, y al entonces jefe financiero Weisselberg de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de dólares, lo que le permitió evadir unos 900.000 dólares en impuestos.
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