Tras cinco días de protestas, el Congreso peruano ha derogado la ley de promoción agraria que en el año 2000, bajo el Gobierno de Alberto Fujimori, creó un régimen especial favorable a las empresas agroexportadoras con el pago del 15% de impuesto a la renta -para el sector privado es 29%- y un aporte menor a la seguridad social de los empleados.
El pasado lunes estalló un paro agrario que pedía anular la norma, y tras el bloqueo de las carreteras Pamericana Sur y Panamericana Norte, y la muerte de un manifestante por disparos de la policía, el Congreso la ha dejado sin efecto la noche del viernes. La también denominada ‘Ley Chlimper’, por José Chlimper, el exministro de Agricultura del gobierno de Fujimori cuyas empresas fueron beneficiadas con este régimen, había sido prorrogada hasta el año 2021 por el presidente Alejandro Toledo, y hasta el 2031 por Martín Vizcarra. Ahora, que ha sido anulada, el Parlamento tiene 15 días para preparar una nueva norma.
El sector agroindustrial fue uno de los de mayor rentabilidad en las últimas dos décadas, pero los salarios de los trabajadores se reajustaron solo al ritmo de la inflación anual y muchos no recibían beneficios laborales porque las compañías agroindustriales tercerizaban el reclutamiento de mano de obra. Durante las manifestaciones, los trabajadores demandaban, además de anular la norma, el incremento del pago diario y contratos formales que les garantice el derecho a vacaciones, seguridad social y el reconocimiento de horas extra.
En la noche del viernes, el Congreso aprobó con 114 votos derogar la ley, y minutos después el presidente de transición, Francisco Sagasti, se pronunció sobre la decisión del Parlamento: “Lamentablemente, un sector de empleadores no respetaron ni cumplieron las normas laborales, lo que generó situaciones injustas e insostenibles para sus trabajadores”, comentó el jefe de Estado en un mensaje televisado. El economista Luis Arias Minaya, expresidente del estatal Banco de la Nación y profesor universitario de tributación, opinó Twitter que los “exportadores agrarios deben pagar el 9% del aporte del seguro social de salud (en vez de 4%) y pasar al régimen general de renta. “No puede haber subsidio ni privilegio en esto”, anotó.
Aunque durante varios años los sindicatos de empresas agroindustriales de las regiones de Ica y La Libertad denunciaron las precarias condiciones laborales al ministerio de Trabajo, sus pliegos no fueron atendidos, solo hasta que salieron a las vías y protestaron por un salario justo, entre otros reclamos, fueron escuchados.
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