En muchos sentidos, Washington aún no ha superado la resaca del ataque al Capitolio. Como buena resaca, es larga y pegajosa, y rebota cuando menos se la espera. Por ejemplo, el domingo pasado, dos días después de la conmemoración de baja intensidad del segundo aniversario del asalto del 6 de enero de 2021. Las imágenes llegadas desde Brasilia, donde miles de partidarios de un expresidente, Jair Bolsonaro, tan resistente a la derrota como Donald Trump reavivaron los recuerdos de quienes en Estados Unidos vivieron aquella jornada negra para la democracia.
En los juzgados de la ciudad no necesitan, con todo, que nadie les refresque la memoria. Todos los procesos de la causa “más importante en la que se ha embarcado en su historia el Departamento de Justicia”, en la descripción del fiscal general Merrick Garland, acaban ante su tribunal de distrito federal. Según los registros judiciales, 940 personas han sido procesadas por sus actos de aquel día, en el que la turba, tras asistir a un mitin de Trump en las inmediaciones de la Casa Blanca, asaltó el Congreso. Azuzados por el aún presidente, los insurrectos aspiraban a detener un hasta entonces gris trámite democrático: la certificación del triunfo legítimo de Joe Biden en las urnas.
El miércoles pasado, dos juicios de alto perfil coincidieron en el Palacio de Justicia Federal E. Barrett Prettyman. En la cuarta planta, se estaba procesando a cinco miembros de los Proud Boys, violento grupo de extrema derecha a cuyos integrantes les une, además de ser hombres, la veneración por Trump. El perfil de la organización fue creciendo durante el turbulento 2020 sobre la base de reventar por todo el país, entre otras, las protestas que siguieron al asesinato a manos de la policía del afroamericano George Floyd.
Richard Barnett, en el escritorio de Nancy Pelosi, el 6 de enero de 2021.
Dos plantas más arriba, el jurado escuchaba a la primera testigo, una trabajadora del Congreso, en la causa contra Richard Bigo Barnett, que se convirtió en icono del 6 de enero al fotografiarse con los pies encima de la mesa del despacho de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a la que dejó una nota que decía: “Oye, Nancy, Bigo estuvo aquí, zorra” (bitch, aunque él sostiene en su descargo que escribió la variante de argot biatch). Le acusan de varios delitos, incluidos obstrucción de un procedimiento oficial, robo de propiedad y allanamiento de un edificio restringido con arma peligrosa. Concretamente, una pistola eléctrica de 950.000 voltios (a la venta este viernes en Amazon por unos 100 dólares, en torno a 92 euros).
Los Proud Boys se enfrentan a un delito mucho más grave: “conspiración sediciosa”, cargo que no se usa en Estados Unidos a la ligera, pero del que fue hallado culpable en noviembre Stewart Rhodes, líder de la milicia Oath Keepers. A él le podrían caer hasta 60 años de cárcel, pero su caso es excepcional: la condena media en los juicios que hasta ahora se han resuelto con sentencias de prisión es de 60 días.
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Rhodes se citó el 5 de enero en un aparcamiento con su homólogo al frente de los Proud Boys, el cubano americano Enrique Tarrio. Ambos son seguramente las figuras de mayor relieve del asalto al Capitolio. Y eso que Tarrio no estuvo allí. Siguió el ataque por televisión desde un hotel de Baltimore: la policía le había prohibido pisar ese día Washington, tras un arresto en la ciudad por quemar la bandera antirracista de Black Lives Matter de una iglesia.
El líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, durante un acto del movimiento Black Lives Matter en Miami, el 25 de mayo de 2021. Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images)
Tarrio escuchó el miércoles por la mañana con aparente desapego, intercambiando bromas y medias sonrisas con otro de los acusados, Ethan Nordean, sentado a su lado, cómo el juez admitía como prueba el vídeo en el que Trump daba una orden a los Proud Boys durante un debate electoral. “Retroceded y permaneced a la espera”, les dijo. Una vez bajó el subidón de adrenalina del ataque al Capitolio, Nordean escribió en sus redes sociales: “Que te jodan, Trump, nos has dejado tirados, sangrando en el campo de batalla”.
En el banquillo estaban también Zachary Rehl, Joe Biggs, que tuiteó “esto es la guerra” tras conocer la legítima concesión del triunfo electoral a Joe Biden, y Nic Pezzola, al que se recuerda por unas imágenes repetidas un millón de veces; lo muestran a las 14.12 del 6 de enero rompiendo con el escudo arrebatado a un policía una de las ventanas del Capitolio. Pezzola fue el primer rostro en la multitud en profanar el Congreso.
La Fiscalía, como en casos anteriores, trata de demostrar que aquello no fue una algarada espontánea, como pretende la defensa, sino una operación planeada y encabezada especialmente por Tarrio y los suyos, que “apuntaron directamente al corazón” de la democracia estadounidense. El caso también busca probar los vínculos de la pandilla criptofascista con Trump. Esos vínculos, que los acusados niegan, ocupan un capítulo entero del informe de 814 páginas publicado poco antes de Navidad por la comisión bipartidista del Congreso que durante 18 meses investigó el 6 de enero y sus implicaciones políticas. En él, sus miembros concluyen que “los Proud Boys lideraron el ataque, penetraron en el Capitolio y llevaron consigo a cientos de personas a su interior”.
Uno de los asaltantes, con un atril de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el Capitolio, el 6 de enero de 2021. Win McNamee (Getty Images)
Más allá de la insurrección organizada, es esa masa anónima la que protagoniza la mayor parte de los arrestos que por todo el país aún se producen (y se seguirán produciendo, advierten las autoridades). Son los mismos que se amontonan en el banquillo de los acusados en los juicios celebrados en Washington. Entre los casi 1.000 acusados —por cargos que van desde faltas leves como el allanamiento sin daños del Capitolio hasta crímenes como el asalto o resistencia a la autoridad (el día acabó con 140 policías heridos, y cuatro se suicidaron en los días posteriores) o la famosa “conspiración para la sedición”― hay de todo: expolicías como Thomas Webster (sentenciado en la mayor pena hasta ahora a 10 años de cárcel), un consejero delegado, un instalador de aires acondicionados (Kyle Young, siete años), una enfermera, cuatro modelos (como John Strand, que aguarda una condena de hasta 24 años), un líder de los Boy Scouts, actores (Jacob Chansley, el famoso chamán de QAnon, 41 meses) o un medallista olímpico.
Por haber, hay hasta una familia al completo, los Munn: los padres y los tres hijos participaron en los hechos. Los primeros recibieron sentencias de 14 días; los segundos quedaron en libertad condicional. Los cinco pertenecen a algo que cabría llamar la clase media del 6 de enero. Es probable que una buena cantidad de ellos no contara con cometer ningún delito cuando fue al mitin de Trump. Y muchos han culpado ante el juez a las mentiras del expresidente sobre el fraude electoral del lío en el que ahora se hallan. Otros, como Barnett, denuncian ser víctimas de una “persecución política”.
La familia Munn, juzgada por el asalto al Capitolio.
El okupa del despacho de Pelosi, como otros acusados, ha montado una página web para defender su inocencia, y en ella acepta donaciones para afrontar los gastos legales. También pide dinero (22.794 dólares ha conseguido hasta el momento, unos 21.000 euros) a través de una plataforma de crowdfunding de filiación conservadora llamada GiveSendGo, que, según cálculos de The Washington Post, ha recaudado más de 3,7 millones de dólares para los Jan Sixers, que así les gusta llamarse a los detenidos y procesados por el asalto al Capitolio.
En Telegram hay una cuenta que facilita enlaces a cada una de esas vías de financiación, y sus administradores empiezan y terminan el día siempre de la misma manera. Por la noche, invitan a la oración colectiva en memoria de los presos a través de un chat en directo. Por la mañana, acostumbran a arrancar la jornada compartiendo una lista de los juicios que están previstos en Washington en las siguientes horas. El viernes pasado, la lista sumaba 24 procesos en marcha. Dos días antes, un trabajador del tribunal federal definía el 6 de enero de 2021 como “el día más largo de la democracia estadounidense”, en una conversación con . Un día que, más de dos años después, consume la mayor parte del tiempo de los funcionarios del palacio de justicia E. Barrett Prettyman de Washington.
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