“Alerta, nuestro compañero Álvaro Herrera Melo, estudiante de la Universidad del Valle, está herido y fue llevado por la policía a la estación La María. Estaba en el cacerolazo sinfónico”. Una denuncia corría a la velocidad de las redes sociales la tarde del 28 de mayo mientras Cali, en el suroeste de Colombia, vivía un día de terror que, se supo después, dejó 14 muertos y será recordado por la presencia de civiles armados escoltados por la Policía. Músicos colombianos, escritores y organizaciones de derechos humanos buscaban a un estudiante que había estado tocando su corno francés en un Cacerolazo Sinfónico, como se conoce a la forma en que los músicos colombianos se han sumado a las protestas que ya completan más de un mes.
Casi al mismo tiempo, un video circulaba en las redes de los políticos del partido de Gobierno, Centro Democrático. El mismo muchacho, ahora esposado y sin camisa, con sangre bajando por su rostro y visiblemente asustado aseguraba a una cámara que él había estado tirando piedras y palos en el acaudalado barrio de Ciudad Jardín. No es claro cómo llegó hasta una concejal de ese partido, pero rápidamente se viralizó.
“¿Y por qué estabas vandalizando el CAI de Ciudad Jardín?”, pregunta un policía que lo graba con el celular. Álvaro respira y no dice nada. “¿Quién te mandó?”, insiste el agente que lo graba desde arriba. “Un grupo de vándalos que estamos organizados en un…”, dice el estudiante sin terminar la frase antes de que el policía le increpe: “¿Y usted por qué lo estaba haciendo?”. “Pues porque estaba en el grupo, estaba con los vándalos”, responde. “¿Y a usted quién lo golpeó?”, insiste. “Los manifestantes”, dice el muchacho.
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El video, que fue presentado como un trofeo para quienes critican las protestas, se convirtió, al mismo tiempo, en prueba de denuncia de un acto prohibido por la ley. Nadie está obligado a autoincriminarse. “Le sacaron el testimonio a golpes. Una y otra vez apagaron y prendieron la cámara y lo golpeaban hasta que dijera lo que querían. Eso constituye tratos inhumanos y degradantes, es tortura y no es propio de un Estado democrático”, denunció el abogado Sebastián Caballero, de la Primera Línea Jurídica, un grupo de juristas que se unió para defender a los manifestantes del paro.
En efecto, una jueza de garantías declaró que la captura había sido ilegal y un día después, tanto Álvaro como otros tres estudiantes detenidos en circunstancias similares, recuperaron su libertad. La suya se ha convertido en la imagen emblema de las detenciones. Y para las organizaciones que han documentado las violaciones de derechos humanos en las protestas revela que, en Cali, no solo hubo civiles disparando a manifestantes, sino que también participaron en detenciones.
“Temí por mi vida”
El estudiante de música se emociona cuando habla del cacerolazo sinfónico. Lo hace por teléfono desde Cali y en su voz no siente rabia con la Policía. Por el contrario, recuerda que tras varias horas de haber sido golpeado y grabado por agentes, “por fin llegó un policía respetuoso” que les dio agua y comida. “Se volvió nuestro custodio. No todos los policías son asesinos”, dice a EL PAÍS el músico de 25 años, al que también se le quiebra la voz cuando habla de su falta de empleo. Entre sus clases de guitarra y corno francés ha trabajado como aseador en empresas y casas. Pero la pandemia ha acabado con esas opciones.
Aquel viernes, Herrera fue con su instrumento a la Universidad del Valle para participar del cacerolazo sinfónico. Interpretaron El Aguante, de Calle 13; el himno nacional, Para la guerra nada y Duque Ciao, una variación del Bella Ciao, como se constata en videos en los que aparece con su camisa azul, pantalón negro y corno. “Todo marchaba pacíficamente. A lo lejos sí se veía una humareda y luego supe que era el CAI de Ciudad Jardín que intentaron quemar. Se oían disparos y los chicos de la Primera Línea (un grupo de jóvenes con escudos que defiende a los manifestantes) vinieron a decirnos que mejor acabáramos el concierto porque había problemas de orden público”.
Herrera dice que agarró su instrumento y se fue caminando a su casa en dirección al sur. Pero se detuvo a grabar la presencia de civiles con chalecos antibalas que disparaban junto a la Policía —por lo cual ya son investigados 10 agentes y cinco civiles—. “Uno de ellos ve que grabo con el celular y se me viene encima. Yo agarré una piedra, no iba a dejar que me quitaran mi instrumento”, dice. “Pero me descuidé y por el lado izquierdo apareció uno que intentó ahorcarme. Después de un rato de pegarme me llevó a Ciudad Jardín y me entregó a la Policía”.
Lo que se ve en un video da fe de ese relato. El músico, ya sin camisa y golpeado, es tomado de un brazo por un agente. Alguien le dice que se la ponga y él grita que no: que eso será prueba para derechos humanos. Al fondo se observan un hombre con un fusil y otro vestido de blanco con la cara cubierta. “Cuando estaba de camino a la patrulla, un civil dijo: ‘metámoslo a la camioneta blanca’. Yo me negué. Ahí fue cuando un oficial que me tenía del brazo izquierdo dijo: ‘Y ¿por qué no lo desaparecemos?”, narra el joven.
De acuerdo con Sebastián Caballero, su abogado, además de la violencia física también hubo tortura psicológica y es por eso que el músico grabó el video. “No me arrepiento [de haberse incriminado], lo hice en pro de mi vida, en ese momento temí que no viviera para contarlo. Pensaba en los casos de desaparecidos que ha habido en el paro. Era lo que tenía que hacer en ese momento”, dice Herrera que se enteró de que su caso era viral cuando, después de varias horas detenido, lo llevaron al hospital para documentar sus heridas.
El músico dice que continúa apoyando el paro. “Estoy en un lugar seguro y seguiré participando con actos simbólicos, no tengo nada que perder, no tengo trabajo y el miedo ya nos lo quitaron hace tiempo”, dice.
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