España debería ser uno de los países europeos más interesados en que la transición verde salga bien. Está en la zona roja de los impactos del calentamiento y, si fracasa la transición climática —que implica acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero—, será de los que más sufran las consecuencias negativas. Por ejemplo, si no se hace nada y las emisiones mundiales siguen como hasta ahora, los daños económicos por las inundaciones costeras se multiplicarán por 100 a finales de siglo en España: pasarán de los 100 millones de euros anuales de ahora a casi 10.000 millones en 2100, según las últimas estimaciones del Joint Research Centre, el equipo científico que asesora a la Comisión Europea.
Pero no hace falta viajar hasta dentro de 80 años. Los daños generados por fenómenos extremos, como sequías, olas de calor o gotas frías, son una realidad y estos episodios son cada vez más frecuentes y virulentos. “España es sumamente vulnerable y el calentamiento solo va a ir a peor”, advierte Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y los responsables políticos dentro y fuera de España tienen sobre sus mesas desde hace años los informes que alertan de las consecuencias de no actuar. “Poner fin a la destrucción de nuestro medio ambiente debe seguir siendo una prioridad absoluta”, señala Wolfgang Cramer, director científico del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología, ubicado en Marsella (Francia). “El único aspecto realmente nuevo ahora es que los programas de recuperación económica representan una oportunidad inesperada para cambiar aspectos importantes de las infraestructuras y el sector industrial de España, centrando las inversiones en elementos verdes”, añade Cramer.
A finales de 2019, cuando Madrid acogió la Cumbre del Clima de la ONU, la lucha contra el calentamiento ganó un peso mayúsculo en la agenda pública. El Gobierno, alineado con la Comisión Europea, impulsó varios planes para trazar una ruta de descarbonización. Pero llegó el coronavirus. “Al principio, hubo dudas sobre si la pandemia podía ser un retraso en la lucha contra el cambio climático, pero los grandes emisores se están moviendo”, destaca Antoni Ballabriga, director global de Negocios Responsables de BBVA. Ballabriga se refiere, por ejemplo, al reciente compromiso de China ante la ONU de aumentar los recortes de emisiones y a la promesa de alcanzar la neutralidad de carbono en 2060, una fortísima señal para los inversores.
En EE UU, el demócrata Joe Biden, favorito en las encuestas, se ha comprometido también a que su país logrará las emisiones cero en 2050. Y la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un aumento de sus objetivos de recorte de emisiones para 2030 y ha fijado la neutralidad climática para mediados de siglo. Además, Europa ha situado la transición verde como uno de los pilares del plan de recuperación, que cuenta con un presupuesto de 750.000 millones de euros. A España le corresponden 140.000 millones —72.700 en ayudas directas— y las próximas semanas serán determinantes para el reparto de los fondos. Varios ministerios trabajan en una primera propuesta de plan para las inversiones. El primer documento se enviará a Bruselas en las próximas semanas, explica la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Nos gustaría que el plan fuera un pilar acelerador de la transición verde en España”, añade la vicepresidenta.
1. La pandemia puede ser un freno
“Lo que mejor nos sacará de esta crisis será lo verde, porque supone una oportunidad de negocio e industrial”, señala Carlos Sallé, director de Cambio Climático y Políticas Energéticas de Iberdrola. Este directivo cree que una de las principales fortalezas del país son los recursos naturales con los que cuenta para las energías renovables. “También tenemos un sector empresarial proactivo que, al menos en parte, ha tomado conciencia ahora, y con una sociedad que cree que el cambio climático es un problema serio”, añade Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y miembro del IPCC, el grupo de científicos que asesora a la ONU en cambio climático.
Entre las fortalezas Sallé incluye además el desarrollo normativo realizado hasta ahora desde Europa y España: “Tenemos una hoja de ruta, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”. Ese plan, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, era una obligación impuesta por Bruselas y fijaba una senda de descarbonización para la economía española durante esta década. La previsión es que se movilicen 240.000 millones —el 20%, fondos públicos, y el resto, privados— de aquí a 2030 para recortar las emisiones del país en un 23%. Y se contempla que se puedan crear 350.000 empleos. “Ahora pedimos que se adelanten a 2025 todas las inversiones previstas hasta 2030”, explica Sallé.
Pero a nadie se le escapa que la dureza con la que ha impactado la pandemia en el país puede ser un freno a la transición ecológica. “La crisis ha golpeado mucho a España por las características de nuestra economía, y el margen de maniobra es limitado porque se venía de otra crisis muy fuerte”, apunta el economista Labandeira. “Puede existir la tentación de intentar reconstruir lo que se pueda como buenamente se pueda”, advierte. Sallé, por su parte, destaca que la búsqueda de soluciones rápidas puede ser un riesgo porque se podrían destinar fondos a inversiones que no sean las más eficientes y que resulten lesivas.
“En esta transición habrá ganadores y perdedores”, explica Ballabriga, del BBVA. Un informe del Banco de España apuntaba a que el 24% de las inversiones de las entidades financieras en 2018 estaban en sectores que se verán afectados por la transición energética. España, advierte Labandeira, es un país con problemas de desigualdad y de pobreza muy importantes; y los sectores que deben desaparecer están asociados a empleos y, en ocasiones, a personas con bajos recursos.
2. Pocos ingresos por impuestos verdes
Valladares, el investigador del CSIC, añade un apartado más a la lista de debilidades: la gobernanza española es muy precaria para abordar temas globales. “Un ejemplo es la ley de cambio climático, que lleva escrita un par de años y no termina de salir adelante”, argumenta. “Y Los fondos europeos que van a llegar se deben tramitar en días o semanas, no en años, que es la tradición española”.
La existencia de marcos estables para las inversiones es una reivindicación constante del sector energético y de la economía verde. Y para eso se necesita un consenso político. “Por suerte, en España no hay climaescépticos, o están muy acotados en determinadas ideologías, pero se debe llegar a acuerdos de futuro y no caer en el cortoplacismo”, opina Labandeira, que defiende el uso de la fiscalidad como arma para combatir el cambio climático y la contaminación. España figura entre los países europeos que menos ingresan por fiscalidad ambiental, e instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea piden desde hace años una reforma impositiva verde.
Pero para poder abordar esos cambios también se necesitan unos nuevos presupuestos, que PSOE y Podemos deben pactar con otras fuerzas al carecer de mayoría suficiente en el Congreso. “Necesitamos actualizar nuestras previsiones de ingresos y gastos, nuestras prioridades, para que se correspondan con las políticas que necesitamos en un momento tan crítico como este”, detalla Ribera.
3. La palabra clave: condicionalidad
La OCDE estimaba en un reciente informe que los Gobiernos del mundo han comprometido ya “al menos 312.000 millones de dólares” de recursos públicos para apoyar una recuperación verde. Sin embargo, este organismo alertaba de que paralelamente se han destinado grandes recursos para rescatar actividades insostenibles, como inversiones en combustibles fósiles.
“Las ayudas del contribuyente no pueden ser gratuitas”, resume Helena Viñes, directora adjunta de sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management y miembro de la recién creada Plataforma en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Es decir, los fondos públicos no pueden acabar destinados a actividades que perjudiquen al medio ambiente y la salud. Antes de la pandemia, la Comisión Europea encargó al grupo de expertos al que pertenece Viñes un listado con criterios claros de las actividades que se pueden considerar sostenibles a la hora de invertir. Es lo que llaman la “taxonomía sostenible”, que se espera que pueda ser una guía para distribuir una parte de los fondos del plan de recuperación europeo.
La palabra clave ahora es condicionalidad: es decir, que los fondos públicos que lleguen a una actividad sean “compatibles con el medio ambiente”, resume Sallé, de Iberdrola. “Nadie pide que las empresas que reciban fondos sean perfectas hoy, pero sí que se comprometan a la neutralidad en 2050”, explica Viñes. Esa neutralidad climática —que el balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y los atrapados por los sumideros (por ejemplo, los bosques) sea cero— es el objetivo que se ha fijado Europa para mediados de siglo. Y las inversiones en infraestructuras cuya vida vaya a superar los 30 años y reciban fondos públicos deben tener ya el horizonte de la neutralidad de carbono, dice Viñes, a título de ejemplo. “La condicionalidad es fundamental para crear incentivos”, opina Ballabriga, del BBVA: “Es urgente crear empleos, pero esos empleos deben perdurar en el tiempo”.
4. El hidrógeno verde, el nuevo El Dorado
Condicionados, sí, ¿pero adónde deben ir los fondos del plan de recuperación? Ribera apunta hacia dos grandes áreas: la agenda urbana y la movilidad por un lado y la transición energética por otro. La vicepresidenta apuesta por favorecer “la rehabilitación energética y la recuperación de los espacios públicos” y por impulsar “modelos de movilidad diferentes”. En esas áreas, opina, hay “grandes oportunidades de empleo, de innovación y de resiliencia”.
“El ámbito urbano es responsable del 40% de las emisiones”, recuerda Ballabriga, quien también sitúa la rehabilitación de edificios para ganar en eficiencia energética como uno de los sectores clave por su potencial para reducir emisiones y generar empleo. “Tenemos un parque de viviendas muy antiguo y se puede hacer mucho”. Como por ejemplo, mejorar los aislamientos de los edificios y los sistemas de calefacción y refrigeración de las casas para que sean más eficientes. Del mismo modo, los expertos consultados apuntan al coche eléctrico. “Las ciudades han visto claramente el camino”, explica Sallé, “y España no puede perder el tren y dejar de ser uno de los grandes exportadores de vehículos del mundo”.
Respecto a la transición energética, Ribera propone intentar acelerar la implantación de tecnologías limpias, sin olvidar la “transición justa” —es decir, no dejar atrás a los ciudadanos que puedan verse perjudicados por la descarbonización; como por ejemplo, los trabajadores del sector del carbón afectados por cierres—. Y señala la importancia de las tecnologías más innovadoras, como el hidrógeno o la eólica marina.
La caída de costes de las renovables clásicas —la eólica terrestre y fotovoltaica— ha sido tal que compiten sin problemas y sin ayudas con las formas más sucias de generar electricidad. Pero algunas nuevas tecnologías muy prometedoras sí pueden necesitar apoyos públicos. Es el caso del hidrógeno verde, el generado a partir de fuentes renovables y que puede servir para alimentar a grandes industrias e, incluso, para el transporte. “Es el nuevo Eldorado”, señala Viñes. Algunos fabricantes de aviones, como Airbus, incluso han anunciado que esa es su apuesta para un futuro libre de emisiones. “Debemos trabajar toda la cadena de valor: producir hidrógeno, transportarlo, desarrollar e incorporar las aplicaciones de los consumidores que pueden demandarlo”, opina Ribera.
5. Revolución agraria
Es básico abordar la descarbonización de la electricidad, la industria y el transporte, porque la energía acumula el 80% de las emisiones. Pero existen otros sectores estratégicos, como el agrario, que es responsable en España del 12% de los gases.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, no tiene puesta la vista tanto en el plan de recuperación de Bruselas como en la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027. Al campo español le llegarán unos 48.000 millones de fondos europeos y alrededor de un 40% se orientarán a acciones ligadas a la lucha climática y el medio ambiente como el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y la reducción de fertilizantes. “La clave de esta PAC es el cambio en el sector agrario de una producción lineal a una producción de economía circular”, opina Planas. Su departamento está preparando ahora un plan estratégico que debe ser consecuente con la ruta de transición ecológica. Porque en esta gran transición todos los sectores cuentan.
Conclusiones
1
Los planes económicos para salir de la crisis generada por la pandemia pueden ser una oportunidad para que España acelere la transición ecológica.
2
Europa ha situado la descarbonización como uno de los pilares del multimillonario plan de recuperación.
3
España cuenta con importantes activos para la transición como sus recursos naturales y la alta concienciación de su población ante el problema del calentamiento.
4
Pero la crisis ha golpeado con más fuerza a España que a otros lugares, con lo que existe el riesgo de intentar salir de cualquier forma.
Recomendaciones
1 Ayudas con condicionalidad
Establecer requisitos medioambientales claros para los fondos del plan de recuperación.
2 Velocidad
Acelerar algunos de los proyectos de descarbonización de la economía como vía para salir de la crisis.
3 Consenso
Cerrar entre los partidos una hoja de ruta de largo recorrido para la descarbonización. La ley de cambio climático, que se tramita en el Congreso, es una buena oportunidad para ello.
4 Fiscalidad y justicia
Penalizar actividades dañinas para el medio ambiente. Y además, realizar una transición justa en la que no se deje atrás a los ciudadanos damnificados por la desaparición de las actividades más sucias.
5 Todos en la transición verde
Implicar a todos los sectores y apostar por tecnologías más innovadoras.
José López-Tafall
El director de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ve factible que en 2040 todos los coches nuevos sean cero emisiones
Begoña Álvarez Farizo
La economista ambiental, científica del CSIC, investiga las consecuencias del deterioro de la naturaleza y los métodos para calcular el valor de los ecosistemas destruidos
Yayo Herrero
La presidenta del Foro de Transiciones y miembro de Ecologistas en Acción reflexiona sobre cómo decrecer sin dejar a nadie atrás
Valentín Alfaya
El presidente de la asociación empresarial Grupo Español para el Crecimiento Verde subraya que el sector privado es imprescindible para la acción climática
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