Uno de los dos hermanos pescadores detenidos por la desaparición del periodista británico Dom Phillips, de 57 años, y el indigenista brasileño Bruno Pereira, de 41 años, ha confesado que participó en el asesinato y ha llevado a los investigadores al lugar donde enterraron los restos, según ha informado el jefe de la Policía Federal en Amazonas, Eduardo Fontes, este miércoles por la noche en conferencia de prensa en Manaos. Los restos serán analizados para confirmar sus identidades. El rastro de ambos y de su lancha se perdió hace 11 días en una de las zonas más aisladas de la Amazonia brasileña.
Los sospechosos de la muerte son dos hermanos pescadores Oseney y Amarildo da Costa, ambos de 41 años. El último, apodado Pelado, fue detenido la semana pasada acusado de posesión de munición ilegal después de que su lancha fuera vista persiguiendo la del indigenista y el reportero cuando estaban cerca de su destino, la ciudad de Atalaia do Norte. Poco después se evaporaron. El segundo hermano fue arrestado el martes. Este miércoles, la policía llevó a uno de los sospechosos, con el rostro tapado y la cabeza cubierta por una capucha, al lugar donde desaparecieron Phillips y Pereira. Les señaló el lugar donde enterraron los cadáveres.
Detención de Oseney da Costa de Oliveira, uno de los acusados del crimen de Dom Phillips y Bruno Pereira. BRUNO KELLY (REUTERS)
El mando policial ha explicado en rueda de prensa en Manaos que los cadáveres estaban enterrados a tres kilómetros tierra adentro en la selva. Los dos profesionales fueron vistos por última vez a bordo de una lancha. Los restos serán cotejados con las muestras de ADN tomadas a las familias de ambos.
Una vez confirmadas las identidades, “podremos traerlos a casa y despedirlos con amor”, ha declarado la esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, en una nota en la que también anuncia: “Hoy empieza nuestra búsqueda de justicia”.
Pereira y Phillips fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio, lo que supuso el principio de una agonía para sus familias y sus allegados, que con el paso de los días fueron perdiendo la esperanza de encontrarlos vivos. Quienes conocen bien la región del valle de Yavarí —una de las áreas más aisladas de Amazonia— eran conscientes de que es territorio hostil y que las probabilidades de supervivencias disminuían a toda velocidad. Pereira, un experto en indígenas con amplia experiencia en el organismo oficial creado para defenderlos, la Funai, estaba hacía tiempo en el punto de mira de las bandas criminales que expolian las riquezas de reservas ecológicas de la selva.
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Los rastreadores indígenas con los que Bruno Pereira colaboraba han protagonizado la búsqueda de ambos rastreando palmo a palmo la zona con la policía y las Fuerzas Armadas. Univaja (la União dos Povos do Vale de Javari), que agrupa todas las etnias del valle, ha emitido un comunicado junto a la Apib, que reúne a las organizaciones indígenas de Brasil, y al Observatório dos Povos Indigenas (OPI) en el que califican este “asesinato como un crimen político más” que, afirman, “tiene las huellas de Bolsonaro y es consecuencia de la política destrucctiva de su Gobierno”.
Agentes de policía trasladan el cadáver de una de las víctimas, en Atalaia do Norte. BRUNO KELLY (REUTERS)
Los veteranos de la Amazonia no recuerdan el asesinato de ningún otro periodista dedicado a la cobertura de cuestiones medioambientales en la selva tropical, y menos extranjero. Las muertes violentas de líderes indígenas y activistas no son novedad, aunque no alcanzan de ninguna manera las cifras de la vecina Colombia. Es un goteo, y muy rara vez los culpables son castigados. Impera la impunidad. Y desde que Jair Bolsonaro llegó al poder, las tensiones y la violencia se han incrementado.
Este valle, que es tan grande como Panamá y está mejor preservado que el resto de Amazonia, acoge a diez tribus de indígenas no contactados y existen indicios de que por ella se mueven una veintena de grupos aislados más. Pero sus riquezas naturales casi intactas lo convierten en un codiciado botín para todo tipo de actividades ilícitas, sea la caza, la pesca, la extracción de madera o de minerales.
El periodista y el indigenista fueron amenazados la víspera de desaparecer durante un viaje periodístico. Juntos fueron en lancha hasta una base de vigilancia que gestionan los indígenas agrupados en la asociación Univaja, União dos Povos do Vale de Javari. Allí, Phillips entrevistó a los patrulleros, que han asumido la defensa de su territorio ante la apatía de las instituciones. Pereira estaba de excedencia de la Funai por su profundo descontento con los rumbos que tomó la organización a partir de la victoria de Bolsonaro. Durante la visita, unos pescadores furtivos amenazaron al grupo exhibiendo sus armas en la distancia. Entre ellos, al menos uno de los detenidos por el caso.
Pereira colaboraba con Univaja en instruir a los indígenas en el uso de tecnologías para documentar sus denuncias y presionar así a los poderes públicos para que aplicaran la ley e impidieran las invasiones. Además de los indígenas, la Funai tiene varios puestos de vigilancia en esta y otras reservas naturales, pero tanto las bases de los nativos como las de los funcionarios que trabajan en el valle de Yavarí han sido atacadas a tiros en los últimos tiempos.
Las invasiones de pescadores o cazadores furtivos que existen hace décadas. Para muchos locales era cuestión de supervivencia. Pero que en los últimos años se han multiplicado con la entrada de dinero del narcotráfico y gracias al discurso presidencial, que ha envalentonado a los delincuentes, que se sienten impunes. En paralelo, las agencias gubernamentales para la protección de los indígenas y el medio ambiente han sido debilitadas por el Gobierno con fuertes recortes presupuestarios y el nombramiento de jefes ajenos a estas áreas, a menudo vinculados a la policía militar.
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