El Ayuntamiento de Madrid se muestra muy cauto desde que se colocaran bajo el foco los contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia de covid. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, presionado por la oposición, mide todos sus movimientos desde que le salpicara la investigación a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, a la que se ha sumado una segunda presunta estafa: la adquisición de 500.000 mascarillas defectuosas a Sinclair and Wilde, empresa radicada en Nueva York y encabezada por Philippe Haim Solomon, un hombre al que la policía española buscaba para pedirle explicaciones y que finalmente dio por ilocalizable. Ahora, un recibo bancario confirma que la Administración municipal llegó a ejecutar un segundo pago a esta compañía por valor de 1,25 millones de euros.
El 23 de marzo de 2020, tras decretarse el gran confinamiento, el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a la compra de medio millón de tapabocas a Sinclair and Wilde por 2,5 millones de euros. “Aceptamos su precio y condiciones”, comunicó Engracia Hidalgo, concejal de Hacienda, por carta a Solomon esa misma jornada. Solo un día después, el 24, se hace el primer abono por 1,25 millones —la mitad del precio pactado por la mercancía—, según la orden de pago efectuada por Bankinter e incorporada a un atestado policial. Posteriormente, tres semanas después, el 14 de abril, se ejecuta el segundo pago por valor de otros 1,25 millones, según consta en un recibo bancario al que tuvo acceso EL PAÍS e incorporado al sumario que investiga las comisiones de Luceño y Medina.
Las fechas tienen su importancia. Según la Policía Municipal, que elaboró un informe —enviado a los juzgados de Madrid en 2021—, se apreciaron irregularidades en la operación antes del segundo pago. “El 7 de abril, al detectarse determinadas irregularidades que pudieran dar incumplimiento al contrato por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, se dio orden de reintegro de la cantidad transferida al proveedor”, escribió el intendente jefe del Cuerpo que se encargó del análisis del caso, basándose en un email enviado por el director comercial y financiero de la Empresa de Servicios Funerarios, a la que utilizó para estas compras de material sanitario en pandemia. Las mascarillas llegaron al Ayuntamiento el 23 de abril, según certificó el director general de Emergencias, Enrique López Ventura.
EL PAÍS contactó el jueves con el Consistorio, que no quiso comentar los detalles del caso al estar en los juzgados, y cuya existencia desveló este periódico. “Todo está judicializado”, resumen fuentes municipales, que no aclaran qué irregularidades se detectaron presuntamente el 7 de abril. Tras recibir la denuncia de la Policía, el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid abrió unas pesquisas, que encallaron ante la imposibilidad de localizar al empresario Solomon, con el que consiguió contactar esta semana el diario digital Infolibre. A raíz de ello, el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, Más Madrid, ha solicitado la reapertura de las pesquisas y su personación como acusación popular.
24 horas después de publicar esta información, el Ayuntamiento dice a este periódico que las “irregularidades” detectadas no tenían que ver con la calidad de las mascarillas, que aún no habían llegado, sino con “irregularidades” derivadas de “retrasos” en el envío.
El enlace entre Solomon y el Consistorio
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Este contrato con Sinclair preocupa mucho al Ayuntamiento, según reconocen fuentes municipales. Más allá del impacto mediático que pueda tener y la posibilidad cada vez más certera de que el caso se reabra en los juzgados, la oposición traza cierto paralelismo con el pelotazo que dieron Medina y Luceño, que se embolsaron casi seis millones de euros en comisiones por la venta de material defectuoso al Ayuntamiento.
Todo comenzó el 21 de marzo de 2020, una semana después de que el presidente Pedro Sánchez decretara el inicio del estado de alarma. Aquel día se produjo un cruce de correos electrónicos entre varios concejales del PP del Consistorio madrileño. Pasada la una de la madrugada, Borja Fanjul Fernandez-Pita, segundo teniente de alcalde de la capital y presidente del pleno municipal, recibe un mensaje de un pariente cercano, que reenvía a otros ediles. En él, se indica: “Buenas noches, Te escribo este correo por indicación de Pepa, nuestra común amiga. Me presento, soy Araceli Vida, economista y abogado, titular de un pequeño despacho en Madrid”.
Vida es la encargada del bufete Aifos Consultores, ubicado en la céntrica calle de Ferraz, a muy pocos metros de la plaza de España de la capital. Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento y responsable de Compras en la pandemia, identificó a una “Araceli”, en su declaración como testigo en el caso que investiga las comisiones de Luceño y Medina, como el enlace a través del cual Solomon contactó con el Consistorio.
“Dentro de las actividades de mi despacho”, continúa Vida en el correo electrónico, “están las de comercio internacional y el establecimiento de relaciones comerciales con fábricas en el extranjero”. “Dado que estamos oyendo en la televisión de forma repetitiva que no hay material sanitario, estos últimos días hemos decidido volcar toda nuestra actividad en buscar la mejor oferta de suministro de entre las fábricas con las que solemos trabajar. No hay nada que deseemos más que ese material pueda ser usado en España. Las fábricas nos están dando prioridad por la relación que nos une, pero sabemos que hay demanda más que suficiente de otros países para comprar toda la producción. Te adjunto información. Como comprenderás, por la urgencia que nos ocupa, he tenido que hacer este pequeño dosier muy casero, lo importante es la información y la rapidez de transmisión”. El email concluye con la plena disponibilidad de Vida a recibir llamadas del Ayuntamiento.
Este correo se reenvía a Engracia Hidalgo y a Inmaculada Sanz, concejalas de Hacienda y de Seguridad del Consistorio, respectivamente, y encargadas en aquel momento de la gestión de los contratos de emergencia. En el sumario del caso sobre Medina y Luceño, además de este correo, el Ayuntamiento aportó también un cuadro con forma de documento de Excel donde aparecen 16 contratos de emergencia. En este se identifica a Aifos como “proveedor” y se refleja un presunto pago al bufete de 500.000 euros por la entrega de un millón de mascarillas, registrado el 24 de marzo de 2020 —el mismo día en que se paga por primera vez a Sinclair—. Pero Aifos no es proveedora. Su labor, como dice la propia Vida en el email, es de intermediaria.
¿Por qué consta ese abono en ese documento a la empresa Aifos? “Es un error. Se trata de un documento interno que nada tiene que ver con los documentos oficiales”, recalcan fuentes municipales. Las mismas fuentes apuntan que el Ayuntamiento no ha pagado con dinero público a Aifos por la compra de mascarillas, como tampoco comisiones. Este periódico se ha puesto en contacto con la propia Vida, sin recibir ninguna respuesta.
El Ayuntamiento admite que invirtió 2,5 millones de euros en la compra de cientos de miles de mascarillas que provenían de Solomon, cabeza visible de Sinclair. Sin embargo, como denunció la Policía Municipal, los tapabocas no contaban con el certificado de calidad adecuada. Además, los investigadores no lograron localizar a Solomon, para lo que pidió ayuda a la Policía de Nueva York. Esta acudió a las supuestas oficinas de la empresa, pero allí se topó que las usaba un tal Henry M. F., que dijo que simplemente que, “como un favor a un cliente”, permitió que Sinclair usara esa dirección postal. Henry añadió que solo había hablado en alguna ocasión con Solomon por “videollamada o email”, y que nunca lo conoció en persona y creía “que vive en algún lugar de Europa”.
El informe de la Policía Municipal no recoge ninguna referencia al intermediario que puso en contacto a Sinclair con el Ayuntamiento. El jueves, InfoLibre publicó una conversación con el propio Solomon, en la que dice que sí estaría dispuesto a colaborar con la justicia española: “No estoy en absoluto escondido”.
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