Entre casitas unifamiliares de tejas rojas alineadas en la cima de la colina arbolada, como en cualquier suburbio residencial estadounidense, el supermercado Turjeman bulle en la tarde del jueves con las compras para el sabbat. Clientes judíos que hablan inglés con acento norteamericano se apresuran ante la caja, donde una vitrina repleta de helados Ben & Jerry’s ofrece tres tarrinas por 49,90 shéqueles (13 euros), una oferta equivalente a un tres por dos sobre el precio habitual.
“Es todo un dilema”, reconoce Sara, una abogada de 50 años, madre de seis hijos, que prefiere no desvelar su apellido. “En casa adoramos estos helados; vivimos en Chicago hasta hace siete años”, admite sobre la dependencia de su familia hacia los adictivos sabores, tocada con el turbante que distingue a las judías ortodoxas casadas. “Pero también creemos que Judea y Samaria [denominaciones bíblicas de Cisjordania] es parte de la tierra prometida, de la tierra de Israel que nos entregó Dios en la Biblia”, remacha cargada con dos bolsas por las que no asoman productos de Ben & Jerry’s.
El supermercado Turjeman no se encuentra en el Estado de Illinois. Está en Neve Daniel, 14 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en el distrito de colonias judías de Gush Etzion que rodea con un muro de separación a Belén, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. La decisión de la compañía estadounidense que elabora los populares helados de dejar de venderlos —”por resultar incompatible con sus valores”— en los asentamientos en Cisjordania, anunciada la semana pasada, parece haber dejado indiferentes a los colonos, que los siguen comprando a manos llenas a pesar del llamamiento del primer ministro, el ultranacionalista Naftali Bennett, a boicotear la marca.
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El actual Gobierno israelí de amplia coalición ha creado un grupo de trabajo dedicado a ejercer “la máxima presión” sobre Ben & Jerry’s para que revierta su decisión, según ha desvelado el analista diplomático Barak Ravid en el portal informativo Axios. Israel teme que otras compañías extranjeras puedan seguir los pasos del fabricante de helados de EE UU y abandonen los asentamientos en Cisjordania.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un cable clasificado a sus misiones diplomáticas para que emprendan una campaña de “protestas públicas en los medios de comunicación” y ejerzan “presiones directas sobre los ejecutivos de la compañía”, de la mano de organizaciones judías, grupos proisraelíes y comunidades cristianas evangélicas. “En los 18 meses que restan hasta que entre en vigor la decisión (de Ben & Jerry’s) es necesario lanzar mensajes a los consumidores y los políticos en la prensa y las redes sociales”, reza el cable diplomático.
“Mientras los clientes los sigan pidiendo, seguiré ofreciendo estos helados”
“Mientras los clientes los sigan pidiendo, seguiré ofreciendo estos helados”, garantiza Moshe Turjeman, de 71 años, propietario del establecimiento de Neve Daniel. “Nadie me ha pedido retirarlos. Más bien al contrario. Forman parte del estilo de vida de la gente en esta comunidad”, sostiene, preocupado por el debate suscitado tras el plante comercial, “y además dan trabajo a muchos israelíes”.
Bennett, que antes de ser primer ministro defendió los intereses políticos de los más de 650.000 colonos afincados en los territorios ocupados, incluido Jerusalén Este, y se declaró partidario de la anexión de Cisjordania a Israel, ha tachado de “rendición al terrorismo y al antisemitismo” el anuncio de Ben & Jerry’s de no renovar la licencia a la firma franquiciada que elabora desde 1987 las tarrinas de helado en dos fábricas en Israel —y las distribuye también en las colonias— cuando expire a finales del año que viene.
Israel ha comenzado la campaña de presión por Unilever, el grupo matriz de la empresa heladera. El consejero delegado de la multinacional angloholandesa, Alan Jope, ha enfatizado que “el antisemitismo no puede tener lugar en la sociedad”, en una carta dirigida a organizaciones judías de EE UU, encabezadas por la influyente Liga Antidifamación.
Unilever ha rechazado cualquier vinculación con el movimiento propalestino de boicoteo, Desinversión y Sanciones (BDS). En EE UU, 35 de los 50 Estados han aprobado leyes en contra del BDS. Hace ahora tres años, la plataforma digital de alojamientos turísticos Airbnb retiró de su oferta en la web los más de 200 hospedajes que tenía registrados en Cisjordania con el objetivo de “evitar sufrimientos a los palestinos”. La decisión de la empresa fue inmediatamente contestada ante los tribunales estadounidenses. Pocos meses más tarde, Airbnb tuvo que dar marcha atrás.
Violación del derecho internacional
La comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes carecen de toda legitimidad. La resolución del Consejo de Seguridad 2334, aprobada en diciembre de 2016, establece que las colonias judías en territorio palestino ocupado constituyen una flagrante violación del derecho internacional. La medida fue votada por todos los miembros del Consejo, entonces bajo presidencia de turno española, excepto por EE UU, que se abstuvo, pero no ejerció el tradicional derecho de veto en favor del Estado judío. Israel replica que no se trata de territorios ocupados, sino de zonas en disputa sobre los que el pueblo judío posee derechos históricos.
Ben & Jerry’s fue creada en 1978 bajo el lema “paz, amor y helado” en el Estado de Vermont, uno de los más progresistas de EE UU. Entre sus principios destaca el pacifismo, manifestado en su oposición a la Guerra del Golfo de 1991.
Sus fundadores fueron dos judíos: Ben Cohen y Jerry Greenfield. Ambos han firmado una reciente tribuna en The New York Times en la que se proclaman firmes defensores del Estado israelí. “Pero es posible apoyarlo y cuestionar alguna de sus políticas”, advierten en el texto. “Respaldamos la decisión de la compañía, una de las más importantes en nuestros 43 años de historia, de poner fin a los negocios en los territorios ocupados, que no implica ningún boicoteo”, remacharon. “Somos judíos y apoyamos a Israel, pero rechazamos categóricamente que cuestionar la política israelí sea antisemitismo”.
“Nos gustaban tanto los helados de Ben & Jerry’s que hasta fuimos a visitar en familia su primera fábrica en Waterbury (Vermont)”, recuerda Sara, con aire de añoranza, en el supermercado de Neve Daniel. “Creo que hay un trasfondo de odio por parte de quienes quieren imponernos un boicoteo”, sostiene esta letrada mercantil. “Queremos vivir aquí de acuerdo con nuestra fe y nuestras ideas, y además las casas de Neve Daniel son mucho más amplias y asequibles”, concluye. “Pero todavía no sé qué haremos con los helados. Ese es nuestro dilema”.
Una sociedad dividida frente al congelador
La sociedad israelí también se muestra dividida por la disyuntiva de las tarrinas de helado. Frente a los más de 80 diputados, entre los 120 escaños de la Kneset (Parlamento), que han suscrito un manifiesto para imponer el boicot nacional a Ben & Jerry’s —“viola la ley de Israel”, advierten—, cerca de un centenar de profesores de las universidades Hebrea de Jerusalén, de Tel Aviv, Haifa y otros centros académicos israelíes han publicado un anuncio a toda página en el diario Haaretz para alabar la decisión de la empresa estadounidense: “Gracias por su compromiso con los derechos humanos palestinos. Queremos que sepan que en Israel hay otras opiniones”.
Con mucho más sigilo que la compañía de los helados, la subsidiaria de la cadena McDonald’s en Israel se ha venido negando hasta ahora a abrir restaurantes en los territorios ocupados. La ONU publicó hace dos años una lista negra de 112 empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes. La polémica relación, impulsada por el Consejo de Derechos Humanos como una base de datos ampliable, incluye a 94 compañías israelíes. Entre las extranjeras destacan las estadounidenses Airbnb y TripAdvisor o las europeas eDreams y Booking, así como el conglomerado industrial francés de material ferroviario Alstom.
Un centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en España ha estudiado el proyecto de ampliación del tren ligero o tranvía en Jerusalén Este, en el que participa la compañía vasca CAF (siglas de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), tras la denuncia presentada por una asociación propalestina, que alega que las nuevas líneas atraviesan territorios ocupados por Israel. Su construcción supondrá también la incautación forzosa de tierras palestinas y, en su caso, la eventual expulsión de sus residentes. Algunas de las principales empresas ferroviarias del mundo, como Siemens o Bombardier, se retiraron de la licitación del proyecto, supuestamente para no arrostrar las consecuencias de implicarse en una obra tan polémica.
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