El Tribunal Constitucional sigue siendo objeto de una atención desmedida y probablemente causada por el incumplimiento de la renovación de cuatro de sus magistrados con el mandato caducado. Esta última semana ha avalado el recurso de amparo presentado por Vox contra el acuerdo de la Mesa del Congreso para restringir las actividades de la Cámara baja en mitad del confinamiento más severo de la pandemia. Con esta decisión el Tribunal considera que fue lesionado el derecho de Vox a la participación política. Este nuevo revés del Tribunal Constitucional se suma a la sentencia que declaraba la nulidad de algunas medidas previstas en el decreto de alarma convalido por el Legislativo en marzo de 2020 (y para el que Abascal llegó a ofrecer sus votos al Gobierno).
La función de control que ejerce este tribunal no impide que algunas de sus decisiones merezcan alguna reflexión, dada la excepcional situación de bloqueo institucional en que sigue instalado nuestro sistema judicial. Las consecuencias tienen evidente calado político, dado que las cuestiones que se someten a su control provienen, en estos dos casos, de un partido que ha defendido en público postulados desafiantemente inconstitucionales. En ambos fallos se trata de decisiones sobre recursos interpuestos por una minoría política —el partido de la ultraderecha— contra el Ejecutivo, pero el sentido de esa actuación va también contra la mayor parte de los gobiernos europeos, que adoptaron medidas similares. Dado que el Tribunal Constitucional no está teniendo problema para admitir estos recursos, resulta llamativo que asuntos tan trascendentales se decidan por mayorías muy ajustadas o resueltas in extremis. En la reciente sentencia, el fallo ha llegado por seis votos frente a cuatro tras el cambio de opinión del ponente, el magistrado conservador Antonio Narváez, mientras que en la sentencia contra el decreto del estado de alarma se hizo por una mayoría mínima de seis a cinco. La situación de desgaste institucional no sería tan profunda si el tribunal estuviera operando al completo, y cabe recordar que no es así por la salida de un juez que aún no ha sido sustituido.
La combinación de estas circunstancias resta una parte importante de brillo a la legitimidad de las decisiones. De hecho, el bloqueo de la renovación no solo debilita la independencia del tribunal, sino que traslada el coste de ese daño a todo el sistema. Su autoridad estaría mejor protegida y reforzada con la renovación de sus miembros con el mandato caducado, de acuerdo con la ley a cuya interpretación dedican sus desvelos los magistrados.
Nada daña más a este tribunal, intérprete máximo de la Constitución de todos los españoles, que el hecho de que sus decisiones no se entiendan por parte de una población que se encerró en su casa con plena conciencia de la gravedad de la crisis sanitaria mundial que estábamos viviendo en aquel momento.
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