El exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens (PP), que fue concejal durante cuatro legislaturas a las órdenes de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se enfrenta a la petición de cuatro años de cárcel por el supuesto amaño en 2009 y 2010 de la adjudicación de diferentes obras repartidas por toda la ciudad y sufragadas por el Plan Estatal de Inversión, el llamado Plan E, impulsado por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Llorens comparte banquillo y solicitud de penas con el exjefe de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante y dos representantes de las empresas presuntamente beneficiadas, Becsa y CCMS.
El juicio ha comenzado en la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante este martes, con un día de retraso, ya que una de las magistradas que conforman el tribunal se encontraba indispuesta con síntomas compatibles con la covid. Llorens, principal encausado, comparece porque, según el auto de procesamiento dictado en 2018, existen indicios de que el entonces edil cuanto menos conocía y consintió las irregularidades detectadas en las adjudicaciones, por lo que se le considera autor de los supuestos delitos de prevaricación y fraude.
Todo arrancó con un correo anónimo remitido a los representantes socialistas de la Diputación de Alicante, en el que se detallaba el presunto amaño. El chivatazo se trasladó a la entonces edil socialista Carmen Sánchez Brufal, quien comenzó a investigar el asunto, lo denunció ante Anticorrupción y mañana declarará en la Audiencia como testigo, ya que actúa como acusación particular. Tanto Sánchez Brufal, que, consultada por este periódico, ha declinado hacer declaraciones, como la Fiscalía piden cuatro años de cárcel para los encausados.
En 2011, la Policía Nacional se sumó a la investigación y, por orden judicial, arrestó a las tres personas que ocupan el banquillo junto a Llorens. Las sospechas iniciales acabaron desembocando en un conjunto de licitaciones que bordeaban los cinco millones de euros y que comprendían obras como la renovación de varias plazas de la ciudad, la construcción o adecuación de más de un centenar de contenedores de basura soterrados e incluso el acondicionamiento de dos de los símbolos más emblemáticos y turísticos de Alicante: el parque de Canalejas y el pavimento de la Explanada de España.
La jueza instructora llegó a considerar en su auto que incluso los pliegos de condiciones habían sido redactados en los despachos de una de las empresas beneficiadas, Becsa, que se situaba como adjudicataria y dejaba a la otra, CCMS, como subcontratada. Esos pliegos llegaban a las dependencias municipales de la concejalía de Atención Urbana, donde supuestamente los firmaba el técnico enjuiciado como propios con el beneplácito, señala la jueza, de Llorens.
El exvicealcalde, que llegó a comandar el consistorio local tras la renuncia de la alcaldesa Sonia Castedo por haber sido imputada en una de las ramas de la trama de corrupción Brugal, de la que recientemente ha sido absuelta, llegó a la política tras presidir la comisión gestora de las principales fiestas alicantinas, las Hogueras de San Juan. Tras pasar por varias concejalías, actualmente permanece retirado de la política. No obstante, la Fiscalía pide para él y para el técnico a sus órdenes once años de inhabilitación en el desempeño de empleo o cargo público. Para los empresarios, la inhabilitación por seis años para contratar con el sector público o recibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social. Además, el ministerio público subrayó en su escrito de acusación que el ayuntamiento resultó perjudicado “al quedar viciada la igualdad de las contrataciones”, por lo que solicita a los acusados una indemnización conjunta de 1.209.700 euros.
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No es esta la primera vez que Llorens se sienta en el banquillo, puesto que fue absuelto en el juicio de una presunta adjudicación irregular de obras en la plaza de Magallanes, un caso que se sobreseyó. Tampoco será la última, porque aún tiene pendiente otra causa abierta por la supuesta contratación irregular en la adjudicación del montaje de instalaciones festivas y culturales en 2003 a la empresa concesionaria Isjoma, lo que en Alicante se conoce como el contrato de las sillas.
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