En siete meses, la víctima se transformó en la culpable. Marshae Jones, de 27 años, estaba embarazada de cinco meses cuando participó el pasado diciembre en una discusión que acabó con ella recibiendo un disparo en el vientre, que no acabó con su vida, pero sí con la del feto que gestaba. En un principio, la policía de Pleasant Grove, Alabama, determinó que la mujer que apretó el gatillo, Ebony Jemison, de 23 años, había cometido homicidio involuntario. Sin embargo, un gran jurado de Jefferson acusó este miércoles a Jones de un cargo de homicidio, argumentando que fue ella quien inició el pleito, informa AL.com, un medio local de Alabama. “La investigación mostró que la única víctima verdadera en esto fue el bebé que estaba por nacer”, dijo el teniente de la policía Danny Reid, a cargo de las pesquisas.
El tiroteo ocurrió a plena luz del día el pasado 4 de diciembre. Jones y Jemison discutían a las afueras de una tienda de los populares bazares Dollar General sobre el padre del bebé no nacido, según la policía. Los oficiales llegaron al recinto tras recibir un reporte sobre unos disparos, pero cuando llegaron, la víctima ya no estaba. La encontraron en un local comercial cercano y la trasladaron a un hospital para que fuera atendida. Si bien ella sobrevivió al disparo en el vientre, el feto no corrió la misma suerte. Cuando la policía recibió la orden de arresto contra la atacante, Reid aclaró que “la participación y la culpabilidad de la madre se presentarán ante un gran jurado”. “Cuando una mujer embarazada de 5 meses inicia una pelea y ataca a otra persona, creo que tiene alguna responsabilidad en cualquier lesión del hijo por nacer”, declaró el teniente tras el suceso.
El gran jurado del condado de Jefferson se negó a imputar a la atacante después de que la investigación policial determinara que Jones comenzó la pelea y que Jemison le pegó un tiro en defensa propia. Según los informes a los que tuvo acceso AL.com, Jones fue detenida este jueves con una fianza de 50.000 dólares. La decisión fue severamente criticada por parte de las organizaciones a favor del aborto, que llevan meses siendo testigos de cómo los derechos de las mujeres se ven amenazados en el conservador Estados sureño. Ilyse Hogue, presidenta de NARAL, una organización política dedicada a la defensa de los derechos reproductivos, se mostró incrédula. “Dicen que porque ‘ella comenzó’, el tirador ha quedado en libertad. Así se ve el año 2019 para una mujer embarazada de color sin recursos en un Estado rojo [el color del Partido Republicano]. Esto está pasando ahora”, publicó en su cuenta de Twitter.
“Alabama ha demostrado una vez más que, en el momento en que una persona se queda embarazada, su única responsabilidad es producir un bebé vivo y saludable, y que cualquier acción que tome que pueda impedir ese nacimiento es un acto criminal”, sostuvo en una declaración Amanda Reyes, directora del Fondo Yellowhammer, una organización de la Red Nacional de Fondos de Aborto. La ONG ha iniciado una campaña de recaudación para otorgarle asesoría legal a Jones y sacarla de la cárcel. Bajo el lema “Perder un embarazo no es un delito”, las redes sociales de distintas fundaciones están invitando a los usuarios a realizar donaciones para que “se haga justicia”.
A mediados de mayo Alabama se unió a la ola de Estados que están aprobando leyes restrictivas para interrumpir el embarazo. La nueva política deja en mínimos absolutos al derecho al aborto: los doctores solo pueden practicar una intervención cuando la vida de la madre corra peligro, sin excepciones para los casos de incesto o violación. Si los médicos no cumplen, arriesgan hasta 99 años de prisión.
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