Las noticias publicadas a lo largo de esta última semana según las cuales Joe Biden conservaba (en una oficina que usó entre 2017 y 2020 y en su domicilio personal de Wilmington) dos grupos de documentos clasificados que le habían sido entregados durante su etapa como vicepresidente de Barack Obama han provocado la inmediata reacción de Trump y sus seguidores, que exigen que se le aplique el mismo rasero que al expresidente republicano y que se le investigue con dureza.
Vaya por delante que los hechos son muy embarazosos para Biden: tras criticar abiertamente a su antecesor por retener cientos de documentos clasificados en su residencia de Mar-A-Lago, ahora el presidente se ve envuelto en una polémica similar. Y la gestión del asunto por parte de su equipo de abogados podría haber sido bastante más transparente: el primer grupo de documentos fue localizado el 2 de noviembre; en lugar de hacerlo público de inmediato (lo que hubiera afectado sin duda a las elecciones de medio mandato) los abogados rastrearon otros lugares en los que Biden podría haber manejado documentación clasificada durante sus años vicepresidenciales y, como se ha dicho, la localizaron en su casa de Delaware.
Dicho lo cual, las semejanzas entre la actuación de ambos mandatarios acaban aquí. Las diferencias son mucho más llamativas:
—Los abogados de Biden localizaron algo más de una docena de documentos clasificados, alguno de los cuales está calificado como de “alto secreto”, mientras que Trump retuvo miles de documentos públicos, incluyendo más de 160 documentos secretos, 60 de los cuales eran calificados como de “alto secreto”.
—Los abogados de Biden, en cuanto efectuaron la batida, entregaron los documentos localizados al Archivo Nacional e informaron al Departamento de Justicia. Trump tuvo que ser requerido reiteradamente por el Archivo Nacional para que devolviera la documentación correspondiente a su Presidencia, incluyendo los documentos clasificados. Cuando lo hizo, devolvió sólo parte de ellos —afirmando que eran la totalidad— se pasó un año discutiendo con el Departamento de Justicia sobre su supuesta desclasificación de los mismos, y su autoridad para retenerlos, y, por último, ante su actitud obstruccionista, el FBI tuvo que solicitar a un juez una entrada y registro en su residencia en la que se localizaron los más de 160 documentos a los que he hecho referencia antes (e insisto: el equipo de Trump había firmado una declaración jurada meses antes afirmando que los habían devuelto todos).
—La clave en este caso está en el elemento volitivo: la conducta ilegal es “sustraer o retener” intencionadamente documentos clasificados. Biden (que se deja asesorar por sus abogados) ha dicho ya que para él ha sido una sorpresa descubrir que todavía conservaba información clasificada (lo que le permitirá defender que en su actuación no ha habido intencionalidad). Trump (que no se deja asesorar y que, por el contrario, suele entorpecer la labor de sus letrados), en cambio, ha defendido en público que había “desclasificado” los documentos, lo que supone que sabía que los estaba reteniendo.
El fiscal general, Merrick Garland (que como he dicho en anteriores ocasiones, es un hombre muy prudente), ha obrado exactamente igual en el caso Biden que en el caso Trump: ha nombrado a un fiscal independiente encargado de la investigación (y para mayor garantía de independencia, ha designado a Robert Hur, un abogado de impecables credenciales conservadoras —trabajó para los jueces Kozinski y Rehnquist y fue nombrado por Donald Trump fiscal para Maryland—).
En cualquier cosa, las consecuencias de la apertura de una investigación contra Biden afectarán a la que ya existe contra Trump, por cuanto ensuciarán cualquier decisión que Jack Smith, el fiscal independiente que se ocupa de la segunda, acabe adoptando: si renuncia a investigar a Trump, se le acusará de hacerlo por la existencia de la investigación contra Biden. Si decide querellarse contra Trump, los republicanos dirán que hay un doble estándar a favor del actual presidente (de hecho, Biden, en su condición de primer mandatario, no puede ser procesado, como defendió el fiscal especial Robert Mueller en sus conclusiones sobre la investigación contra Trump por la interferencia rusa en las elecciones de 2016).
En cuanto a Hur, si, como es previsible, no presenta cargos contra Biden (por entender que la retención de documentos clasificados fue accidental o por su condición actual de presidente) sus credenciales republicanas no le salvarán de ser acusado de connivencia con los demócratas.
Por último, lo que sí evidencian estos hechos es que el Gobierno estadounidense tiene una política excesivamente laxa en cuanto a la protección de su documentación clasificada. Es imperativo hacer cumplir las normas que obligan a presidentes y vicepresidentes a entregar toda la documentación de esa naturaleza que se encuentre en sus residencias oficiales o personales el 20 de enero del año en que abandonen su cargo.
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