Sus padres le dijeron que el que resiste gana al final, y la abogada Eva González Pérez, de 48 años, nacida en Cáceres y asentada en los Países Bajos desde niña, ha aplicado dicha máxima al escándalo de las ayudas a las familias para el cuidado de los hijos que provocó en enero la dimisión del Gobierno neerlandés de centro derecha. Resistencia y olfato profesional también, porque cuando los inspectores de tributos le dijeron en 2014 a su esposo, Ahmed Gökçe, de origen turco, que los clientes de su negocio de servicio de niñeras estaban defraudando al pedir los subsidios, ella pensó que valía la pena echar un vistazo. Residente en Eindhoven, madre de Núria (16 años) y Naim (12) e hija de inmigrantes que trabajaban 40 horas semanales en la multinacional Philips, ella también estuvo con cuidadoras hasta que sus padres terminaban el turno. Llegó al país con dos años y sabe por experiencia que a veces las cosas se tuercen. Como cuando la pusieron a comer en la cocina mientras la familia que cobraba por ocuparse de ella almorzaba en el comedor. “Mi madre apareció un día sin avisar, me vio allí y no regresamos más”, recuerda. La escena parece sacada de un relato aguado de Dickens, pero en el abuso de poder de la Agencia Tributaria ha habido otras negruras: ocultación de datos y discriminación.
La empresa de su marido era impecable y había sido felicitado por las autoridades municipales. También las referencias de las niñeras eran excelentes, y los progenitores, repartidos por todo el país, estaban encantados. Sin embargo, lo que empezó como una sospecha de fraude y la consiguiente investigación tributaria —a veces por errores en un formulario— se tradujo en un portazo administrativo en toda regla. A pesar de que los afectados remitían la documentación justificando la percepción de las ayudas, les fueron retiradas sin derecho de réplica. Como en un remedo de El proceso, la novela de Kafka, en la que el protagonista lucha por defenderse de una acusación que no le explican, los padres tampoco hallaban respuesta. Algo que la abogada no había visto en dos décadas de carrera. “Si te quitan un derecho, tienen que dar explicaciones para que te defiendas, pero aquí solo les decían que acudieran a los tribunales”.
Eso hizo. Un grupo de 40 afectados se puso en sus manos, y la fortaleza que le inculcaron sus progenitores derivó en una resistencia pacífica ejemplar. Ganó los primeros casos y sentó precedente para multitud de familias. En estos momentos, los damnificados rozan los 30.000, en su mayoría de origen inmigrante. La Agencia Tributaria hacía listas con nombres que sonaran extranjeros y con la doble nacionalidad: había ciudadanos de origen turco y marroquí; de Surinam o el Caribe. Y si bien se usa la inteligencia artificial y algoritmos para prevenir posibles fraudes, anotar la procedencia del contribuyente está prohibido en los Países Bajos desde 2014 para no discriminar.
Hija única, su familia es de San Martín de Trevejo (Cáceres) y regresan a España todos los años para verlos y en vacaciones. Su madre está allí ahora hasta que las restricciones de la pandemia le permitan volver a los Países Bajos. Y sus primos y sobrinos siguen la peripecia que la llevó a ser la primera testigo en declarar ante la comisión parlamentaria que criticó por igual al Gabinete y al Parlamento “por redactar leyes que no hacen justicia a las situaciones personales”.
Cuando terminó la Primaria, su padre, fallecido en 2019, le preguntaba que por qué estaba en una escuela de Secundaria donde le enseñaban a guisar y a coser. Ese tipo de centros ya no existe porque la Formación Profesional se ha ido renovando desde abajo, y ella se ríe ahora. A su progenitor no le parecía un estudio con futuro. Le aconsejó que dijera a los profesores que “sufría de alergia” a las máquinas para no tener que hacer esas cosas. Al final, acabó logrando una licenciatura en Derecho por la Universidad de Utrecht, y atribuye sus inicios en las clases de Economía Doméstica a que tal vez los maestros de la formación básica no esperaban demasiado de los hijos de inmigrantes. Es posible que no los animaran a tener ambiciones, cuando las notas definen el tipo de Secundaria a seguir y los niños pueden estancarse sin apoyo. ¿Qué debieron pensar aquellos maestros al verla testificar, como jurista, ante los diputados? De pequeña, la auparon el ojo clínico paterno y su propio tesón.
Miembro de un despacho especializado en temas laborales y sociales, ha llegado a comprarle comida a un cliente que se había quedado sin ingresos en un momento dado. “Pues claro, qué iba a hacer si no el hombre”, es su explicación. El cuidado que ha puesto asimismo en esta causa, a la que otros abogados han tardado seis años en sumarse, se refleja en la confianza que le tienen sus clientes. “Lo que diga Eva nos parece bien”, manifiestan Evrim y Sibel, dos mujeres que han ganado con ella sus casos y recibirán la compensación de 30.000 euros que el Gobierno ha empezado a pagar ya a cada familia. La de la abogada es una piña, y su receta es sencilla. Dice que conoce a Ahmed desde la escuela: “Formamos un equipo que lo comparte todo”. Sus hijos los han visto trabajar día y noche en este asunto, y, de oírlo en casa, se saben de memoria los nombres y los partidos de los políticos involucrados. Hasta cuando juega con Naim al ajedrez hay un eco, porque los peones representan a todos los que los han ayudado a ganar. Para que lo entendieran, también les han explicado el desamparo que sentía Josef K., el protagonista descrito por Kafka.
Lo sucedido ha añadido varios apelativos al apellido de González Pérez, y ahora es “la jurista que destapó el escándalo que ha provocado la renuncia del Gobierno de los Países Bajos”. O bien, “el azote de la Agencia Tributaria que discrimina”. No puede evitarlo, claro, pero se afana en subrayar que ha recibido apoyo desde dentro. Un funcionario le proporcionó valiosos documentos que mostraban que todo estaba en regla pero se anulaban los subsidios, y fue despedido. Tiempo después, el Congreso aprobó una moción que exigía su readmisión, como así fue. El diputado democristiano Pieter Omtzigt contestó a los 10 minutos a su mensaje de correo electrónico donde le decía esto: “Me puedes ayudar”, e hizo preguntas en el Congreso a partir de 2017. Igual que otros dos colegas. El Defensor del Pueblo y el del Menor publicaron informes críticos. Protección de Datos ha dejado claro que registrar el origen de los ciudadanos es ilegal. Y la cadena televisiva neerlandesa RTL y el diario Trouw indagaron en lo ocurrido. La abogada advierte de que no ha estado sola, y subraya que su labor consiste en resolver en lo posible los problemas sin acudir a los tribunales; algo inevitable aquí. Aunque no buscó el caso de las prestaciones familiares, la moral de lo ocurrido refleja el otro legado de sus padres: ayudar a los demás.
Source link