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La UE está a punto de culminar otra reforma de la Política Agrícola Común (PAC), acordada en principio la semana pasada y pendiente solo de votación en el pleno del Parlamento Europeo y de la aprobación definitiva en el Consejo. La nueva PAC no supone un cambio radical respecto a una política nacida en 1962 y que desde entonces ha contribuido al mantenimiento de un sector agropecuario solvente con una contribución anual que ronda los 58.000 millones de euros. Pero, según Bruselas, será más justa, más verde y más competitiva, tres rasgos que suscitan tanto apoyo como escepticismo.
Las reformas anteriores (la última data de 2013) también se marcaron objetivos similares. Pero todavía hoy, según reconoce la Comisión Europea, el 80% de los fondos agrícolas se los llevan el 20% de los beneficiarios; el 25% de los fondos se supone que están supeditados a prácticas que mitiguen el impacto del sector agropecuario en el cambio climático, pero sus emisiones de CO2 no se han reducido desde 2010, según señala el Tribunal de Cuentas europeo, y la supervivencia de la producción europea sigue necesitando o reclamando protección en ciertos productos para resistir la competencia exterior.
Los cambios en ciernes aumentarán al 40% las partidas sujetas al cumplimiento de criterios medioambientales en un intento de acelerar la adaptación de los sistemas de producción a los ambiciosos objetivos que la UE se ha fijado en materia de clima para 2050, cuando se espera alcanzar un nivel de emisiones cero. La principal novedad, y una de las más temidas por parte del sector, son los llamados ecoesquemas, que llegarán a absorber el 25% de las ayudas para fomentar los cultivos orgánicos.
Las nuevas normas también fijan un techo a las ayudas de 100.000 euros por explotación y prevén que el 10% de los pagos directos (unos 5.000 millones de euros al año en España) se redistribuyan entre las pequeñas explotaciones. Y por primera vez se introducen sanciones en caso de incumplimiento de normas laborales para intentar mejorar las condiciones de un sector primario que genera 22 millones de empleos en la UE, pero ofrece un nivel medio de renta inferior al de otras actividades.
Los Estados disponen ahora hasta finales de este año para presentar los planes estratégicos en que deberán plasmar las nuevas directrices de la PAC. Bruselas revisará los planes durante el primer semestre de 2022 y, si da la luz verde, entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. La reforma merece un voto de confianza y deberá ser juzgada por sus resultados, con la esperanza de que contribuya a la viabilidad y sostenibilidad de una política esencial para la seguridad alimentaria de la Unión y para preservar la imprescindible vida rural del continente.
Crítica aparte merece el procedimiento seguido para llegar hasta aquí. El proyecto de reforma de la Comisión se aprobó en 2018, la negociación acaba de concluir y la puesta en marcha de los cambios, con periodos transitorios, se iniciará en 2023. Más de un lustro para una reforma que, en principio, solo estará en vigor hasta 2027. La lentitud de la UE encaja mal con el ritmo del siglo XXI. Y el club corre el riesgo de que la nueva PAC se quede vieja enseguida para una realidad socioeconómica en plena transformación y con los coletazos disruptivos de una pandemia de por medio. La PAC tiene que ser más justa y más verde, pero los cambios tienen que llegar a tiempo.
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