La Fiscalía General del Estado (FGE) no ahorra ya críticas a la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Impulsado cuando el PP se encontraba asediado por los escándalos de corrupción, con ella se limitó los plazos de las instrucciones judiciales. En un informe interno de 15 páginas elaborado en 2019, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público concluye que esta modificación legal “ha generado una notable inseguridad jurídica” y “ha provocado notorios problemas en su aplicación práctica”.
La reforma tampoco “ha sido eficaz ni eficiente desde la perspectiva de la finalidad pretendida”, añade el escrito del departamento encabezado por María José Segarra. “No ha supuesto un avance real y efectivo en la deseable celeridad del proceso penal”, subraya la FGE, que recuerda que este era el argumento esgrimido por el anterior Ejecutivo. “Los plazos medios no se han reducido significativamente, pasando de los 905 días en 2016 a los 825 en 2018”, continúa el ministerio público, antes de incorporar otro matiz a esas cifras: “Estas reducciones temporales no necesariamente están vinculados —o, al menos, de forma exclusiva— a la nueva regulación. Sino que han podido contribuir otros factores: como el sistema de notificaciones telemáticas”.
Más burocracia
Segarra ya anunció durante su primera intervención en el Congreso que instaría a las instituciones a derogar esta reforma del PP. Una iniciativa que también respaldan las asociaciones de jueces y fiscales. Los socialistas también aseguran que han querido acabar con ella en esta legislatura, pero el Ministerio de Justicia ha denunciado que PP y Ciudadanos han bloqueado esos cambios en el Congreso, donde controlan la Mesa. De ahí la elaboración de este informe por parte de la FGE: “Constatado que hasta el momento presente no han fructificado las iniciativas legislativas tendentes a la derogación o modificación sustancial de este precepto”.
La aplicación del artículo 324 permitió a Pedro Antonio Sánchez (PP), expresidente de Murcia, librarse de una acusación de corrupción al sobrepasarse los plazos de instrucción. En este sentido, la FGE avisa de que se ha dañado así la “imagen” del ministerio público y también alerta de que se ha incrementado la burocratización de su trabajo, ya que han tenido que crear manualmente listados que deben revisar periódicamente para controlar que no se excedan los plazos.
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