La política italiana ha convertido la justicia en el principal caballo de batalla de los últimos 30 años. El debate sobre el poder que entraña, la velocidad de los procesos, la dureza de las penas y el control que ejerce sobre la clase política y la corrupción han dado a luz los principales fenómenos surgidos en las últimas décadas. Desde La Liga Norte a Silvio Berlusconi, pasando por el Movimiento 5 Estrellas. Italia se divide desde entonces en dos categorías algo absurdas: los justicialistas y los garantistas. Y nadie ha logrado jamás poner de acuerdo a todos los partidos sobre cómo afrontar la cuestión. El Ejecutivo de Mario Draghi, sin embargo, se dispone a comenzar una gran reforma que tocará temas cruciales como la prescripción de los delitos, la radical disminución de las penas de cárcel o el poder desmedido del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).
La reforma es una exigencia periódica de la Unión Europea en la última década y que ahora se ha hecho inevitable como condición a la entrega de los fondos del Plan de Recuperación. En Bruselas preocupan especialmente los tiempos de la justicia. Los recursos en segundo grado se demoran de media 851 días (la media europea es de 155) y los expedientes atrasados, según los datos de 2019, eran 260.946. Para el recurso en segundo grado, según los datos del presidente del Tribunal Supremo italiano (tercer grado), Pietro Curzio, los tiempos se alargan a 1.038 días. Todo ello pretende la ministra de Justicia, Marta Cartabia, debería agilizarse con más medios y procesos más simples. Pero, sobre todo, con el elemento clave que explica la política de los últimos 30 años: el debate sobre la prescripción.
Más información
La reforma prevé ahora que los tiempos en los que un imputado será “improcesable” sean más cortos. Esa es la bandera de los llamados garantistas y lo que siempre pidieron de forma interesada políticos como Berlusconi, que logró escabullirse de sus imputaciones dilatando los tiempos de los juicios. Los llamados justicialistas, representados por el M5S, pero también por un nutrido grupo de magistrados antimafia, desearían que la mayoría de delitos no llegasen nunca a esa prescripción y prometen dar guerra en el Parlamento para modificar ese punto. La batalla, sin embargo, comenzó mucho antes.
El 17 de febrero de 1992 el magistrado Antonio Di Pietro pidió una orden de detención para Mario Chiesa, importante empresario y miembros del Partido Socialista Italiano. Comenzó así un enorme proceso judicial contra la corrupción de la clase política que se conoció como Mani pulite y que desmontó todo el sistema de poder de la vieja Democracia Cristiana y abrió la caja de los truenos para todos los fenómenos políticos que vendrían luego. El problema es que la magistratura certificó su enorme poder e independencia y se convirtió en el eje sobre el que se articularon todas las batallas políticas de las siguientes décadas. Gherardo Colombo fue el magistrado que instruyó aquel caso. “La reforma será positiva si se puede ejecutar todo lo que prevé. Si es así, los procesos penales serán más veloces y eso es un aspecto técnico que tiene también consecuencias políticas”, señala.
Italia es un país fundado sobre la primacía de la justicia. A diferencia de otros estados como Francia o España, la política siempre ha debido hacer cuentas con ese hecho. Tiene que ver con la vieja inercia de la Guerra Fría de dar poco poder al parlamento, y mucho a los partidos y a la administración pública. Pero el peso de la magistratura sigue siendo enorme y se ha mantenido también gracias a la dignidad ganada después de años de lucha contra el terrorismo o la mafia. Un periodo en el que fueron asesinados 21 magistrados y la credibilidad de la política fue cayendo en picado. De hecho, pocos presidentes del Consejo de Ministros se han librado de imputaciones: Prodi, Renzi, Bettino Craxi, Berlusconi o Giulio Andreotti.
Colombo cree que la parte más importante de la reforma, sin embargo, es la que tiene que ver con la reducción del uso de la cárcel como instrumento punitivo. “La pena debe ser reeducación y no venganza. La reforma va en esta línea. Reduce notablemente el recurso de la cárcel. Y si se efectúa verdaderamente, la cárcel será más residual”. Una idea que comparte el ex magistrado y profesor Luciano Violante. “Lo más importante es que cambia la relación entre el ciudadano y el Estado. Hasta ahora el estado en el proceso penal fijaba cuánto tiempo debía estar en la cárcel y separado de la sociedad. Aquí se modifica la visión: la cárcel es la última opción. Y la actividad del juez está destinada a reconstruir la relación entre condenado y sociedad. Este proceso es el mismo que se aplica a los menores y ahora se hará en la justicia penal para adultos”, apunta.
Muchos magistrados, sin embargo, creen que la velocidad con la que prescribirán ahora algunos delitos, especialmente los financieros y de corrupción, será un coladero para delincuentes. Roberto Scarpinato, histórico juez de procesos antimafia como el de Piersanti Mattarella (presidente de Sicilia asesinado por la Cosa Nostra en 1980), el del general Carlo Alberto Dalla Chiesa (prefecto de Palermo asesinado también por Cosa Nostra en 1982) o el de la supuesta negociación del estado con la mafia, insiste en que “el problema de la reforma del proceso penal en Italia está en el centro de un desencuentro político que dura 30 años”. “Es un debate tan encendido que en algunos momentos casi ha provocado una crisis de Gobierno. Y eso no pasa en ningún otro país. Para entenderlo hay que recordar que en Italia la Fiscalía es independiente del poder político. Y eso ha permitido a la magistratura italiana celebrar procesos contra muchos exponentes del establishment italiano: senadores, jefes de servicios secretos, primeros ministros… De ahí la reacción violenta de una parte de la clase dirigente contra la magistratura y las reformas que han introducido y que dificultan el proceso penal. Lo han alargado y, al mismo tiempo, han reducido el tiempo de prescripción de los delitos. Y por eso tantos delitos en Italia se extinguen, especialmente los de corrupción y economía”, critica.
¿La solución? Scarpinato no tiene dudas. Eliminar todas las reformas que han hecho más farragoso el proceso penal, hacerlo más veloz, reservar el rito acusatorio para delitos graves. “Mire, esto no es un problema técnico jurídico, sino un problema político”. Un problema que explica 30 años de historia.
Source link