Varios socios de la Unión Europea, entre ellos España, han establecido (o lo harán a principios de 2021) nuevas figuras impositivas diseñadas para gravar la actividad de las grandes plataformas digitales. Esas empresas, la mayoría estadounidenses, salen indemnes fiscalmente de su lucrativa presencia en unos mercados europeos que, en algunos casos, incluso llegan a monopolizar. El empeño de las haciendas nacionales en poner fin a ese injusto agujero fiscal es encomiable, pero claramente insuficiente, como muestra la decisión de Francia de retrasar el impuesto por temor a represalias comerciales de EE UU o la escasa recaudación prevista por España para una tasa que, se supone, grava facturaciones y beneficios multimillonarios.
Bruselas ha planteado como alternativa la posibilidad de pactar una tasa digital a nivel global, en el marco de la reforma de la fiscalidad de las empresas que está llevando a cabo la OCDE. Pero también ese terreno se encuentra minado, por las dificultades para consensuar la reforma en un foro tan amplio y diverso. El bloqueo de Washington ha frenado este año la propuesta. Y aunque la victoria de Joe Biden podría facilitar la negociación, no parece realista un acuerdo entre tantos países.
La UE no puede seguir escudándose en la falta de acuerdo internacional para retrasar el establecimiento de un sistema impositivo que garantice la aportación equitativa de todas las empresas, incluidas las que ahora operan desde un limbo digital que les permite librarse impunemente de su responsabilidad fiscal. Hoy, el almuerzo despachado desde el restaurante del barrio de una capital europea a una vivienda se factura casi siempre en Países Bajos o Luxemburgo. Los ingresos de publicidad de Google o Facebook en España se trasvasan a Irlanda. Y, aprovechando los agujeros legales, los beneficios se derivan con imposición casi cero hacia paraísos fiscales.
Algunos Estados miembros de la UE se resisten a acabar con la impunidad fiscal de las plataformas digitales. Entre los renuentes están los que cultivan dentro de la Unión una baja imposición rayana en el dumping fiscal, como Irlanda o Luxemburgo. Pero también los que dicen temer el impacto en la innovación digital como Suecia.
Este pulso mantiene bloqueada de manera inaceptable la llamada tasa Google europea, un gravamen del 3% a los operadores digitales que tengan una facturación mundial de más de 750 millones de euros y unos ingresos en el mercado comunitario superiores a los 50 millones de euros. La tasa ha vuelto a la mesa de negociación con motivo del lanzamiento del Fondo Europeo de Recuperación contra la pandemia. La UE debe alcanzar un acuerdo en ese sentido, por una cuestión de equidad, y por su renovada necesidad en un contexto de escalada de la deuda pública y de pronunciada caída de la recaudación.
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