El suplicio que arruinó la vida de Emiliano Álvarez se ha saldado después de casi cinco años, tras su denuncia de febrero de 2017, con unas frías disculpas por WhatsApp. Este leonés tenía solo 10 años cuando el cura Ángel Sánchez Cao lo sometió a abusos sexuales en el Seminario Menor de La Bañeza (León). Luego llevó una vida de drogas, prostitución, errores que achaca al trauma que sufrió. Han pasado 45 años hasta que la Iglesia ha reconocido los hechos con una condena canónica del sacerdote y se ha excusado de una forma “impersonal”, según el afectado: un WhatsApp y una llamada de la responsable de atención a las víctimas de la diócesis. Este es el mensaje: “Buenos días. Le he llamado para comunicarle el resultado de la investigación de la denuncia por Ud. presentada, con el fin de comunicarle el resultado personalmente. El Rvdo. Sánchez Cao ha sido condenado a la prohibición de tener contacto de ningún tipo con menores hasta los 80 años y a no poder escuchar confesión salvo en los casos previstos en el c. 976. La diócesis reitera la petición de perdón y reitera el compromiso para seguir trabajando por una Iglesia más segura. A su disposición. Atte”. Este periódico ha intentado recabar la versión del obispado y no ha obtenido respuesta.
Insuficientes disculpas e insuficiente castigo, considera Álvarez, con un recuerdo vívido de lo que pasaba aquellas noches entre 1976 y 1978, cuando el acusado y otros curas bajaban a las habitaciones de los niños y los sometían a abusos. Él tenía diez años y tiene el recuerdo de despertarse por la noche mientras un hombre con gafas doradas le quitaba el pijama y le apuntaba con una linterna. Relata que tuvo una experiencia “terrorífica” de abusos que se repitió durante dos años, y que no fue el único.
Afirma que tanto él como otro compañero con el que presentó una denuncia han recibido la misma respuesta. “Es una broma de mal gusto que me comuniquen así una cosa tan seria y tan dañina para mí y mi entorno familiar, aunque me han reconocido como víctima de la Iglesia”, razona. Anima a que todos los que padecieron abusos de religiosos se atrevan a denunciar, por mucho que implique dificultades. En su caso, el padre Sánchez Cao se querelló contra ellos por “infamias y calumnias”, con lo que intentó “amedrentarles”, relata Álvarez. La causa luego se archivó. El sacerdote tardó dos años en ser apartado, en 2019, tras nuevas denuncias, y continuó en la parroquia del Barco de Valdeorras, en Ourense, incluso con contacto con menores. “Tendría que estar fuera del sacerdocio por todo lo que hizo”, opina esta víctima. Para el denunciante la pena es “leve porque quién sabe si lo van a vigilar”.
El seminario de La Bañeza también fue escenario en los años ochenta, una década después, de los abusos de otro sacerdote ya condenado en 2018, José Manuel Ramos, que abusó sexualmente de, al menos, cuatro niños. También fue acusado de pederastia en los años setenta en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, Zamora. No obstante, la condena fue llevada en secreto por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que permitió que ese mismo mes el cura fuese homenajeado en Tábara, Zamora, la localidad donde era párroco. Menéndez, fallecido en 2019, fue muy cuestionado por su gestión de estos casos de abusos. No obstante, fue el presidente de la primera comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), creada en 2018. En febrero de 2017, una treintena de exalumnos del seminario de La Bañeza salieron a la calle ante las puertas del obispado de Astorga para denunciar los casos de pederastia. Un predecesor suyo en el obispado de Astorga hasta 1994, Antonio Briva, también es sospechoso de encubrir y trasladar en dos ocasiones al cura José Manuel Ramos.
La CEE pide a las víctimas que vayan a denunciar a sus oficinas, pero la experiencia de Álvarez y muchos otros afectados es “humillante”. Él lamenta que, como en su caso, la actitud del cura ahora condenado y las reticencias de la Iglesia católica a intervenir socavan la voluntad de quienes hayan meditado denunciar: “Con qué ganas va a denunciar una víctima”. Se siente “despachado” por la institución religiosa, que mantiene en su seno a una persona “que no respeta sus valores, es incomprensible porque cuando pudo decir la verdad se dedicó a atacarnos”. El perdón, asegura Álvarez, es insuficiente y poco creíble porque resulta “forzoso e indignante, revela falta de respeto”. Aplaude que en Francia una comisión de investigación independiente haya anunciado que hay unas 330.000 víctimas de abusos sexuales efectuados por religiosos, una intervención que cree necesaria en España, aunque con la dificultad que, según su opinión, supone ser “un país de pandereta”.
Emiliano Álvarez al menos celebra que se le haya otorgado por fin “la condición de víctima”, pero este estatus resulta muy escaso respecto a la “reparación” necesaria de la que nadie le ha hablado, pues la Iglesia “no está por la labor”. Tampoco, dice, la Oficina de prevención de abusos sexuales a menores de la Conferencia Episcopal le dio más respuestas o asistencia de las que recoge el mensaje de WhatsApp. Esta víctima valora la decisión de la Iglesia de investigar el informe elaborado por EL PAÍS con 251 casos y entregado al Vaticano el pasado 2 de diciembre. “Es un paso adelante que el papa Francisco sea valiente para poner a la Iglesia en un brete e investigar. Agradezco que ponga las cosas claras, creo que él quiere una Iglesia limpia pero en España la están ensuciando”.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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