Unidas Podemos (UP) ha decidido retrasar la tramitación en la Junta de Portavoces de la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre los abusos en la Iglesia, según indicaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la negociación, tras recibir una petición del PSOE en este sentido para intentar pactar conjuntamente en los próximos días y llegar a un acuerdo sobre cómo investigar los abusos. Unidas Podemos quiere una investigación parlamentaria y el PSOE defiende una comisión independiente dirigida por el Defensor del Pueblo. El objetivo de los dos grupos es llegar a un acuerdo que compatibilice las iniciativas que cada partido ha presentado en el último mes o aunar ambas en una única propuesta. Tanto EH Bildu como ERC, que presentaron con UP la propuesta a finales de enero, también aceptan posponer la votación, según las mismas fuentes. Salvo el Partido Popular y Vox, el resto de principales partidos del Congreso se ha mostrado a favor de investigar el escándalo de abusos en la Iglesia española.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ya aclaró hace una semana la intención de su grupo de negociar para incluir algunas modificaciones en la propuesta socialista y dar, en paralelo, un papel al Congreso de los Diputados en la investigación. Unidas Podemos subraya que una indagación parlamentaria permitirá la posibilidad de llamar a comparecer a víctimas, expertos y a presuntos encubridores. Hecho que, según señala este grupo político, es una de las insistencias que más demandan la mayoría de las víctimas con las que se han reunido la semana pasada. “Nos piden que persistamos en la vía de la comisión de investigación parlamentaria para poder hacer un diagnóstico de la problemática y que, entre otras ventajas, tiene capacidad coercitiva para obligar a los miembros de la Iglesia a comparecer. Situación que no se da con el Defensor del Pueblo”, afirman fuentes de UP.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha mostrado crítica con la aprobación de una comisión parlamentaria, especialmente si son citados a declarar. “Nos encontramos en una trampa saducea. Si la Iglesia, que seguramente tendríamos argumentos jurídicos para poner alguna dificultad a la hora de participar en esta investigación, [nos oponemos], sería presentado como una negativa absoluta”, dijo el pasado miércoles el secretario de la CEE, el obispo Luis Argüello. De momento, y pese a que el PSOE le ha tendido la mano, no se ha pronunciado oficialmente sobre si colaborará en la investigación que el Gobierno quiere que lidere el Defensor del Pueblo. Solo algunos obispos, de forma personal, han dado un paso al frente para mostrar su aprobación para que se investiguen los casos del pasado.
A la espera del informe de la Fiscalía
Esta semana se cumple el plazo para que los fiscales superiores del Estado envíen al ministerio público el informe que este les solicitó el 31 de enero con todos los procedimientos penales en tramitación (denuncias y querellas) referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. Hasta ahora, solo se conoce el número de casos que las fiscalías de Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y la de la provincia de Alicante han enviado al ministerio fiscal. En total, suman 11 casos: cinco en las provincias andaluzas, uno en Alicante y otros cinco en las castellano manchegas. Asturias y Extremadura han comunicado que no tienen ningún procedimiento en tramitación.
Con ello, la Fiscalía pretende tener una radiografía sobre el problema actual de la pederastia en el seno de la Iglesia. Este mandato inédito supondrá una exhaustiva investigación en un plazo corto de tiempo, ya que en los registros de este tipo de procesos de las memorias anuales nunca se especifica si el delito se cometió dentro o fuera del ámbito religioso. La recopilación que llevarán a cabo los fiscales no representará la totalidad de estos delitos, ya que una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que se instruye en procesos eclesiásticos. Son los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de dictar indemnizaciones o bien de silenciar lo ocurrido.
La solicitud del ministerio público se produce en medio del escándalo de pederastia que está viviendo la Iglesia española después de EL PAÍS entregase al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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