La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a través de su Comité de Transparencia, determinó clasificar como reservada la información relacionada con el expediente laboral y de pensionado del actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, argumentando que ofrecer la versión pública podría afectar sus relaciones institucionales y modificar la opinión pública respecto al mandatario.
Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) advierten que el mandatario, además de su sueldo como titular del Ejecutivo -sueldo neto de 39 mil 889 pesos- estaría cobrando una pensión en la UAN por 25 mil 520 pesos mensuales, sumada a la del ISSSTE por 17 mil 496 pesos, -en total, aparentemente recibiría dinero público por 82 mil 878 pesos- situación que ha criticando y buscado eliminar entre burócratas de su gobierno.
La Dirección de Recursos Humanos de la UAN aseguró que cuenta con esa información pero solicitó al Comité de Transparencia reservarla, porque afectaría a las relaciones intergubernamentales y alterar la opinión pública respecto al gobernador.
“(…) dicha información, se encuentra en el archivo de esta Dirección. No obstante, lo anterior, solicitamos por su conducto que el Comité de Transparencia clasifique como información reservada, con independencia a los datos personales que son confidenciales en ese mismo expediente solicitado. Lo anterior en virtud de que su publicación puede generar un menoscabo en las relaciones intergubernamentales, de igual forma su publicación puede alterar en la opinión pública opiniones y puntos de vista sobre el titular de la información, lo que su exposición podría afectar el resultado final”, insistió la dirección poseedora de la información pública.
A esta solicitud, el Comité de Transparencia accedió y reservo la información por cinco años a partir de la publicación del acta, con fecha 26 de agosto de 2022. Es decir, hasta agosto de 2027 se podrá conocer esa información, un mes antes de que termine el encargo del gobernador Navarro.
Recientemente Navarro Quintero también fue señalado por clasificar su declaración patrimonial, a pesar de que otros funcionarios de los Poderes y demás organismos públicos y descentralizados, mantienen abierta su información, a partir de la consideración de que con ello se cuida la seguridad del estado y la de sus habitantes, protegiéndolos en el ejercicio de sus derechos; ahora ambas solicitudes están en revisión y continuarán en trámite.
El tema no es nuevo, ya desde sus anteriores intentos por llegar al gobierno estatal fue motivo de dudas; pero a partir de sus declaraciones sobre asuntos laborales revivió e interesados solicitaron la versión pública que les fue negada, ya que existe el supuesto de que no laboró más de 20 años en la universidad, porque también ejerció cargos públicos, incluso en otras entidades.
La solicitud fue realizada para comprobar su paso por la universidad y las condiciones de su contrato -que es información abierta de otros perfiles-.
Llamó la atención a sus críticos que durante su mensaje del primer informe de gobierno, ocurrido en las últimas horas, señaló que uno de los principales flagelos mensuales de su administración, es el pago de pensiones y jubilaciones.
“Y hay gente que tiene pensiones de más de 50 mil pesos, óiganlo bien, y tienen un salario todavía dentro del gobierno como trabajadores en activo, de tal manera que en un futuro tendrán también dos pensiones del gobierno del estado, y eso es insostenible”, expuso.
El gobernador nayarita refirió que la aportación al fondo de pensiones entre el trabajador y el estado es de 30%, lo que representa 32 millones de pesos mensuales, insuficientes para pagar 99 millones que se requieren.
Además, señaló a anteriores administraciones por cobrar ISR y otros cargos a trabajadores y no reportarlos a las entidades, provocando deudas que quebrantan la situación financiera estatal.
Recientemente la relación entre el gobierno del estado y los sindicatos se ha desgastado a partir de la aprobación de la Ley de Derechos y Justicia Laboral, que trabajadores alegan les afecta porque despersonalizar a los sindicatos como ente de defensa, así como que los nuevos sindicalistas no podrán gozar de las conquistas laborales de los gremios, y que trabajadores al servicio del Estado no podrán ser contratados por alguna otra dependencia pública, y otras cuestiones que dicen, significan la perdida de derechos.
Aunado a ello, hay inconformidad de los sindicalizados por el inicio de una carpeta de investigación en contra de la líder vitalicia del sindicato mayoritario, que el gobierno aseguró, se hizo a partir de denuncias anónimas por presunto enriquecimiento ilícito.
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