Los demócratas se acercan a la votación crucial sobre la comparecencia de nuevos testigos en el juicio a Donald Trump sin el apoyo de suficientes republicanos, lo que puede precipitar el fin del tercer impeachment de la historia de Estados Unidos con una absolución asegurada. El jueves por la noche, dos de los senadores que se habían mostrado partidarios de romper filas con su partido, Mitt Romney, de Utah, y Susan Collins, de Maine, confirmaron que votarían sí a pedir más declaraciones y nuevos documentos, pero un tercero que había expresado dudas, Lamar Alexander, de Tennessee, anunció que lo rechazaría. La otra senadora sobre la que los demócratas tenían esperanzas, Lisa Murkowski, de Alaska, afirmó que necesitaba reflexionar hasta este viernes, aunque su sí no sumaría la mayoría necesaria.
La senadora Collins emitió un comunicado explicando por qué votaría con los demócratas a favor de llamar a más testigos. “Creo que escuchar a ciertos testigos daría a cada parte la oportunidad de presentar sus argumentos de forma más justa y completa, resolver cualquier ambigüedad y proporcionar más claridad”. Lamar Alexander, por el contrario, alegó que había llegado a la conclusión de que “no hay necesidad de más pruebas para demostrar algo que ya se ha demostrado pero [que es una acción] que no llega al elevado umbral que fija la Constitución estadounidense para que una falta suponga la destitución [del presidente]”.
Los demócratas, que impulsan la causa contra el presidente, solo ocupan 47 de los 100 escaños y necesitan convencer a cuatro republicanos para lograr una mayoría simple que extienda el juicio durante varios días. Aunque sumen tres y el voto quede en un igualado 50-50, la moción fracasa, según el reglamento del Senado para este procedimiento. Las normas, además, no contemplan que el juez que preside este proceso, John Roberts —presidente a su vez del Supremo—, ejerza el poder de desempate. La historia recoge que en el primero de los tres impeachments que ha vivido Estados Unidos, el de 1868 contra Andrew Johnson, el presidente de aquel tribunal sí se arrogó el derecho, pero fue muy discutido, y nunca se ha regulado.
El presidente estadounidense está acusado de abuso de poder por sus supuestas coacciones a Ucrania, con el fin de que la justicia de este país anunciase unas investigaciones criminales que perjudicaban a sus rivales políticos demócratas, en especial el precandidato presidencial Joe Biden, llegando a usar la entrega de casi 400 millones de dólares (363 millones de euros) en ayudas militares como moneda de cambio. También pesa sobre Trump el cargo de obstrucción al Congreso por haber boicoteado toda la fase de investigación previa en la Cámara de Representantes, negando la declaración de altos cargos de la Administración y la entrega de documentos.
Las últimas revelaciones de John Bolton, exconsejero de Seguridad, que en el manuscrito de un libro incrimina directamente a Trump por la congelación de ayudas, agitó la polémica de los testigos y encendió las demandas de llamarlo a declarar, pero no han ganado suficientes voluntades.
Si, como parece, la mayoría republicana que arropa a Trump evita la declaración de nuevos testigos, la votación sobre los cargos, es decir, sobre los llamados artículos del impeachment, sería técnicamente posible durante la misma jornada. Sin embargo, buena parte del guion de este viernes está aún por escribir. La sesión comenzará con cuatro horas sobre los testigos, repartidas a partes iguales entre acusación y defensa, pero después puede desatarse una batalla procedimental: los senadores demócratas pueden lanzarse a introducir una cascada de mociones que alarguen la jornada; el líder de los republicanos puede impulsar una nueva resolución que rediseñe lo que queda de juicio.
Este jueves sobre las 23.00 (hora de Washington) terminó la segunda de dos largas jornadas en las que los senadores han podido formular preguntas por escrito tanto a los abogados de Trump como a los gestores del impeachment, es decir, el equipo de seis congresistas -todos demócratas- que ejercen de fiscales en la Cámara alta. Los miembros del Senado desempeñan el papel de jurado, pero las deliberaciones guardan pocas sorpresas. La destitución de un presidente requiere el apoyo de dos tercios, 67 de los 100 escaños, y la mayoría republicana sí ha dejado claro que se lanzará en masa a absolver al mandatario.
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