Lo último que vio Khatera, una mujer de 33 años, fue a tres hombres en una motocicleta que se acercaban hacia ella justo después de que saliera de trabajar en una comisaría de la provincia de Ghazni, en el centro de Afganistán. Los atacantes le dispararon y la apuñalaron con un cuchillo en los ojos.
Cuando despertó en el hospital, todo estaba oscuro. “Le pregunté a los doctores: ‘¿por qué no veo nada?’. Me dijeron que mis ojos seguían vendados por las heridas. Pero en ese momento, supe que me los habían sacado”, ha declarado Khatera.
La mujer y las autoridades locales culpan a militantes talibanes, pero la guerrilla niega su implicación, y aseguran que los asaltantes actuaron por consejo de su padre, que se oponía de plano a que su hija trabajase fuera de casa.
Para ella, el ataque no solo ha supuesto perder la vista, sino también una batalla por la que luchó: tener una vida profesional. Hace unos meses, entró en la policía de Ghazni como agente de la sección de crímenes. “Ojalá que hubiera podido servir a la policía aunque fuera un año. Si esto me hubiera ocurrido después, me habría resultado menos doloroso, pero ha ocurrido demasiado pronto. Solo he conseguido trabajar y vivir mi sueño durante tres meses”, ha asegurado.
Activistas en derechos humanos consultados apuntan que el ataque a la mujer, que no refiere su apellido, es indicativo de una tendencia al alza de duras represalias, a menudo violentas, contra las mujeres que trabajan fuera de casa, en especial de cara al público. En el caso de Khatera, el hecho de que además ejerciera de policía pudo despertar la ira de los talibanes.
Los activistas creen que en la escalada del fenómeno confluyen las conservadoras normas sociales que rigen en Afganistán y la influencia creciente de unos talibanes que ahora se ven envalentonados conforme las tropas estadounidenses van abandonando el país.
Los talibanes negocian en Doha (Catar) con el Gobierno afgano para alcanzar un acuerdo de paz que muchos creen que les devolverá el poder, pero las conversaciones avanzan despacio y los ataques a funcionarios y a mujeres han repuntado en todo el país. El grupo insurgente, por ejemplo, se ha opuesto a una reforma para que aparezcan los nombres de las madres en los carnés de identidad, una de las primeras medidas concretas que, según han revelado, se abordan en el proceso de paz.
“Aunque la situación para la mujer afgana que trabaja fuera de casa siempre ha sido peligrosa, el pico de violencia actual en todo el país ha empeorado aún más las cosas”, asegura Samira Hamidi, activista de Amnistía Internacional. “Los grandes avances en derechos de las mujeres en Afganistán desde hace más de una década no deben caer víctimas de un acuerdo de paz con los talibán”, añade.
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