Va FGR por 4 militares por homicidio de jóvenes Nuevo Laredo

Va FGR por 4 militares por homicidio de jóvenes Nuevo Laredo

La Fiscalía General de la República (FGR) planea acusar ante un juez federal, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, a los cuatro elementos del Ejercito que fueron señalados de disparar, el pasado 26 de febrero, contra un vehículo donde viajaban siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocasionando la muerte de cinco de ellos, de acuerdo con el diario El Universal.

En su edición de este lunes el diario reporta que, de acuerdo con la causa penal 46/2023, la FGR planea solicitar este lunes, en audiencia, que se impute a  Agustín “N”, Juan Carlos “N”, Bernardo “N” y Jorge Nicolás “N” por la muerte de los jóvenes.

Este lunes, a las 10:15 horas (hora de la frontera) en el Centro de Justicia Penal de Tamaulipas en Reynosa, se realizará la audiencia de formulación de imputación contra los cuatro elementos del Ejército.

De acuerdo con el diario, la defensa de las familias de las víctimas buscará ampliar la imputación para que otros 17 militares sean investigados, entre ellos el capitán Elio “N”, por probables delitos de omisión en el caso.

Actualmente, los presuntos implicados se encuentran recluidos en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México. Al ser instalaciones que no cuentan con el equipo técnico necesario, la audiencia será efectuada por videoconferencia desde Tamaulipas, al tiempo que la FGR solicitó el traslado de los reclusos al juzgado militar.

“En mérito de lo anterior, gírese oficio al director del citado centro carcelario, a fin de que permita su excarcelación para que sean trasladados a las instalaciones del juzgado militar que corresponda para su respectiva intervención en la audiencia”, detalla la causa penal.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas que fallecieron fueron identificadas como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo (de nacionalidad estadounidense) y Alejandro Trujillo Rocha.

Por su parte, Luis Gerardo “N” se encuentra en un hospital privado y se reporta en estado delicado, mientras que Alejandro Pérez Berlies resultó ileso, pero con daño psicológico. Ambos se encontraban en el mismo vehículo que sus compañeros fallecidos.

Uno de los abogados de las familias de las víctimas e integrante del comité, Edgar Netro Acuña, sostuvo su inconformidad frente a la FGR, pues solo realizó la imputación de cuatro de los 21 elementos que de acuerdo con los testimonios de las víctimas participaron.

“En el relato de las dos víctimas directas, Luis Gerardo y Alejandro, sabemos que el resto del cuerpo militar que iba en ese convoy también tuvieron participación, encubrieron a sus compañeros… no hicieron nada para salvaguardar la integridad física de los dos sobrevivientes”, detalló el abogado para El Universal.

Insistió que los 17 militares restantes también deben de ser juzgados, ya que aunque probablemente no participaron de manera directa, no ofrecieron su ayuda a las víctimas al darse cuenta de que no portaban armas. Asimismo, enfatizó que pedirán la imputación de estos en la misma carpeta, a la que agregarán más datos de evidencia.

“En menor y mayor grado deben ser juzgados por igual, especialmente el capitán porque llevaba el mando”, sostuvo el litigante para El Universal.

Por otro lado, Netro Acuña recalcó que la presente imputación es una labor conjunta por parte del comité que encabeza Raymundo Ramos, así como el licenciado Jorge Ruiz del Ángel de la Ciudad de México y el licenciado José Roberto Puente.

Destacó que la reparación del daño es una obligación del Estado mexicano, y el juez federal tendrá que velar por los intereses de las víctimas.

“Tenemos una perspectiva de que no va a ser un juicio de años por el material probatorio que existe… aproximadamente unos seis meses, no hay de dónde eximirse de alguna responsabilidad”, aseveró para El Universal.

De acuerdo con el abogado, los cuatro militares imputados podrían obtener una sentencia de hasta 50 años de cárcel, mientras que las de los otros 17 dependerá de las acciones u omisiones que hayan realizado.


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