Un juez federal citó para el próximo 8 de agosto a las 11 horas a Robles, para comparecer a una audiencia donde será imputada por un delito relacionado con la Estafa Maestra.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una audiencia para vincular a proceso a la extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público.
Dicha solicitud se hizo el 25 de julio pasado a un juez de control en turno de Justicia Penal Federal radicado en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
Ante ello, un juez federal citó a Robles para el próximo 8 de agosto a comparecer a una audiencia donde sería imputada por un delito relacionado con la Estafa Maestra.
El delito por el que se vincularía a Robles Berlanga está previsto en el Artículo 214 del Código Penal Federal, y hace referencia a que teniendo conocimiento de su cargo haya afectado los intereses o el patrimonio federal o de la capital del país.
En su caso, sería por afectación al patrimonio federal cuando Rosario Robles fue titular de la Sedesol, específicamente relacionado con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que la funcionaria en la administración de Enrique Peña Nieto podría estar en prisión hasta por 10 años.
De acuerdo con Rosario Robles, con dicho programa de gobierno se dio alimento a tres millones de personas que antes no tenían que comer, sin embargo, se han encontrado irregularidades en cuanto al uso de los recursos para ese programa.
Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.
Robles encabezó la Sedesol, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para hacer servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2014 y que no se cumplieron. Después, cuando la funcionaria pasó a la Sedatu, el esquema volvió a repetirse con otras universidades, según documentó la Auditoría Superior en la Cuenta Pública de 2016.