Las y los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron conjuntamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la primera parte del paquete de reformas legislativas en materia electoral, conocido como ‘Plan B’.
Se trata de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas impulsadas por el gobierno federal y aprobadas por Morena y aliados en diciembre de 2022.
Esta acción de inconstitucionalidad se suma a las tres presentadas el pasado lunes por los tres partidos en la SCJN.
“Las y los legisladores que integran las bancadas del PRI, PAN y PRD consideran que el ‘Plan B’ de la reforma electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia”, señalaron en un comunicado.
Apuntaron que la demanda de acción de inconstitucionalidad busca la declaración de invalidez de los cambios a las dos leyes mencionadas, “por el atropello a principios y disposiciones constitucionales”.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Los coordinadores de los tres partidos en San Lázaro aseguraron que las reformas faltan a la equidad en los procesos electorales, ya que permiten a los servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato.
Además, plantean que atentan contra la transparencia en la rendición de cuentas, debido a que ahora los servidores públicos podrán presentar sus informes en el momento que decidan, incluso durante un proceso electoral.
El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, señaló: “Hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad porque en Acción Nacional y los partidos de la coalición ‘Va por México’ estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”.
Por su parte, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que el Plan ‘B’ fue aprobado con violaciones al proceso legislativo y no que no se respetaron los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
Señaló que, durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
Igualmente, enfatizó que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
Mientras que el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, reiteró lo delicado que resulta para el país, el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo mediante una aprobación “fast track”, y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un conflicto postelectoral.
Hizo un llamado respetuoso a la SCJN para que tramite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, advirtió.
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