La imagen que más ha contribuido a transmitir una dimensión de la crisis que sufre Venezuela es la del deterioro del sistema de salud. La sanidad, al igual que el resto de servicios públicos, lleva años al borde del colapso. Nunca llegó a venirse abajo del todo y las ayudas de los aliados de Nicolás Maduro como la cooperación cubana permitieron al régimen chavista mantener una especie de ilusión óptica. Los hospitales están abiertos y no han dejado de recibir pacientes, pero al mismo tiempo todos los centros están asfixiados por la falta de personal y la escasez cíclica de medicamentos. La emergencia de la covid-19 ha quebrado esa percepción. El Gobierno cerró las fronteras en marzo y aplicó drásticas medidas de confinamiento, que aún no han sido levantadas, pero se ciñó al único terreno en el que tenía margen de acción, el relacionado con la seguridad y el control social. Ni la detección de los casos ni la administración de las clínicas permiten confiar en lo más importante: la evolución de la pandemia y la capacidad de respuesta.
Si hay dos herramientas imprescindibles para enfrentar una epidemia de rápido contagio, son los datos y el agua. Los primeros te permiten hacer un seguimiento, así sea imperfecto, a los brotes que van surgiendo en tu territorio, de manera que puedas actuar para controlarlos. La segunda posibilita que tu población se lave las manos de manera frecuente para cortar la cadena de transmisión, empezando por el personal sanitario y otros trabajadores de primera necesidad.
Venezuela no cuenta con ninguno de estos dos instrumentos y los casos oficiales, que según las autoridades son más de 33.000 con menos de 300 muertes (depende de cuándo lo vayamos a dar), representan para los expertos -que en su mayoría están vinculados a la oposición liderada por Juan Guaidó- solo la punta del iceberg de la emergencia sanitaria.
Tres razones para no confiar en los datos
El coronavirus se ha sumado a una gravísima crisis estructural. Durante las primeras semanas de la pandemia, Maduro tuvo que pedir ayuda a Irán porque el país se quedó sin gasolina pese a tener las mayores reservas petroleras del mundo. La cuarentena ha profundizado la agonía de millones de personas que, pese a tener un trabajo formal, incluso un empleo público, necesitan salir de casa porque su salario no alcanza los cuatro dólares mensuales y su sustento depende de actividades informales. El Gobierno estableció finalmente un sistema de aislamiento alterno y desplegó a las fuerzas de seguridad en busca de una solución cuya eficacia ha sido duramente criticada por la oposición. “No es con el FAES [las fuerzas especiales de la Policía], con el Sebin [el servicio de inteligencia], con improvisaciones que se van a salvar las vidas de los venezolanos”, afirmó José Manuel Olivares, médico y diputado designado por Guaidó como responsable del seguimiento de la emergencia.
Aunque los datos oficiales muestran un aumento exponencial nítido, las cifras agregadas indicarían una incidencia del virus notablemente por debajo de la media latinoamericana: apenas un 0,07% de la población se habría contagiado. Hay al menos tres indicios para sospechar de su concordancia con la realidad.
1. Falta de pruebas diagnósticas fiables
“El problema que hay en Venezuela es que hay pocos tests, hay pocos lugares donde los tramitan (entonces se demoran mucho los resultados)”. ¿Quién lo dice? El Gobierno prohibió a los laboratorios privados y a las universidades realizar pruebas. Hasta finales de julio, solo había un centro de Caracas autorizado para realizar pruebas, el Instituto Nacional de Higiene. Después se sumó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. En cualquier caso, insuficientes, sobre todo para analizar las muestras que llegan del interior del país.
El pasado 2 de agosto, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy, Rodríguez afirmó que se habían realizado 1,5 millones de pruebas, lo que situaría a Venezuela por encima de países como México o incluso la vecina Colombia. Pero la mayoría no son tests de tipo molecular (PCR), que son las que ofrecen una mayor precisión con respecto a infecciones activa. Así que esta cifra no es realmente comparable con el resto. La última disponible de PCR indicaba que a a 22 de mayo se habían hecho 16.577, según un informe del capítulo venezolano la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Para esa fecha, las pruebas totales se situaban algo por debajo de 700.000: apenas un poco más del 2% son PCR.
A efectos comparativos: en esos mismos momentos, Colombia acumulaba 4,4 PCR por cada 1.000 habitantes, y Argentina se situaba en el entorno de las 2,5. El ratio para Venezuela estaba por debajo de 0,6.
2. Muy pocas muertes confirmadas
Cuando tenía 20.000 casos confirmados por las autoridades, Venezuela contabilizaba menos de doscientas muertes. Estudios agregados como este demuestran que la letalidad sobre el total de infectados del virus está entre el 0,5% y el 1%, dependiendo de las condiciones y la estructura demográfica de cada país. La simple división de 169 entre 19.433 se sitúa en esta banda. Es decir: si tomamos los datos oficiales como confiables, Venezuela sería uno de los pocos países en el mundo entero que está detectando casos y muertes de manera perfecta. Estaría a la par con Costa Rica o Paraguay, dos naciones latinoamericanas que se han destacado por su capacidad (por ahora) para manejar la epidemia. Los límites de diagnóstico antes descritos hacen sospechar que no es así.
La simple observación del número de contagios entre las autoridades añade más dudas. Hay una decena de altos funcionarios, en algunos casos muy próximos a Maduro, que a principios de julio empezaron a anunciar que estaban infectados. Entre ellos, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, o Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y considerado como número dos del chavismo. A ellos se suman casi 50 trabajadores de la televisora estatal. Y el pasado jueves falleció Darío Vivas, jefe de Gobierno de Caracas, una figura importante del régimen.
Lo grave, además, es que a diferencia de lo que sucede en otros países, donde el sub-reporte de casos leves o asintomáticos es habitual por la dificultad inherente a su detección (sin síntomas, o con apenas algo de tos o fiebre, es probable que un caso pase desapercibido hasta por el radar epidemiológico más preciso), en Venezuela este ejercicio sugiere que el número más grande sería de muertes. Es decir: si asumimos que por falta de pruebas el país tiene un problema de reporte de casos al menos igual o mayor al de sus vecinos, el bajísimo ratio entre muertes declaradas y casos oficialmente confirmados indica que el problema en las muertes es aún mayor.
“Históricamente, el régimen de Maduro ha sido opaco con respecto a los datos sanitarios. Desde 2016 no hay datos epidemiológicos” y esto es particularmente acusado con los de muertes, indica Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW). La organización ha documentado casos de médicos amenazados para no incluir determinadas causas en los sistemas de defunción. Asimismo, la incapacidad de llegar al hospital o el no reporte de muertes es frecuente. “Creemos que las cifras, las estadísticas que proporciona el Gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas”, manifestó ya en mayo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Kathleen Page, profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y colaboradora de HRW, añade un aspecto definitorio de la construcción de datos epidemiológicos en el país: el Gobierno condiciona la confirmación de muerte por covid a que se le haya practicado la prueba PCR a la persona afectada, algo que sucede en muy pocas ocasiones por la ya referida falta de capacidad. En consecuencia, es prácticamente imposible que el número de muertes confirmadas refleje la realidad del contagio.
3. Casos concentrados en la frontera
El mapa de casos confirmados por las autoridades venezolanas sitúa en estados de la frontera la mayor cantidad de casos
Es cierto que las condiciones probablemente jueguen un papel en esta distribución: Zulia es el estado que más sufre cortes de agua y electricidad. EL PAÍS visitó hace un año el mercado de Las Pulgas de Maracaibo, hoy clausurado, donde se vendía carne podrida y se utilizaba el agua del lago, con altos índices de contaminación, para la limpieza. Ese lugar, epicentro de la venta ilegal de medicamentos y tráfico de divisas, fue identificado como uno de los primeros focos del país. Sin embargo, el mayor problema está probablemente no en la importación de casos (según datos del Ministerio de Salud de Colombia, la incidencia entre la población migrante venezolana en el país no es mayor al 2,5% a 21 de julio), sino en la gestión del retorno migratorio por parte de las autoridades venezolanas. Existe un protocolo establecido que, en teoría, comienza por hacer un test rápido de antígeno que, como se destacó arriba, tiene alta probabilidad de dar un falso negativo. A continuación, los migrantes entran en un “centro de cuarentena”, conocidos como Puntos de Atención Integral Social (PAIS), en el que la probabilidad de hacinamiento es considerable.
Se trata de escuelas, locales públicos, hoteles o polideportivos en los que retornados duermen a menudo en colchonetas sin apenas protocolos de seguridad. La ONG Provea recibió varias denuncias desde mayo relacionadas con falta de atención, comida, higiene y también sobre algunos casos de fuga. En el estado fronterizo de Apure, los migrantes, por ejemplo, fueron confinados “sin cumplir con las condiciones mínimas para el ser humano”.
Es decir: se introduce en un espacio que no respeta condiciones epidemiológicas ni humanitarias mínimas a decenas, cientos de personas. “En cuartos hacinados permanecen personas que han dado quizás un falso negativo”, destaca Taraciuk. Por ejemplo, bastaría con un solo portador asintomático no confirmado para que, en las condiciones descritas, el protocolo de cuarentena se transformase en realidad en un vector de contagio con impacto en la región.
La profesora Page explica que no podemos estar seguros de si estos números se deben o no a un sesgo en los tests. Es posible que una mayoría de casos se esté concentrando realmente en la frontera, pero de ser así las propias medidas epidemiológicamente contraproducentes del gobierno estarían fomentándolo. Pero es igualmente posible que se trate de un puro sesgo de mayor incidencia del testeo, alineado con el discurso político.
Sin agua, ni otros medios básicos
Las dificultades para lidiar con la epidemia en Venezuela superan con mucho las restricciones del propio Gobierno. Algo tan básico como el acceso a un servicio constante y confiable de agua, que permite las acciones de higiene más básicas (empezando por el lavado de manos constante que recomienda la OMS), ya no es un elemento en el que pueda confiar la población. Tampoco la urbana, más expuesta al contagio por condiciones de densidad y hacinamiento.
La incidenciadel problema varía en el territorio venezolano, aunque no deja de ser intensa en ninguna de las grandes ciudades del país.
La confrontación a cuenta de la gestión de la pandemia que se da entre el chavismo por una parte y por otra la oposición y las organizaciones internacionales se ha insertado en la enorme brecha política del país. Es decir, el coronavirus se ha convertido en un elemento más de tensión y a eso se aferra el Gobierno para tratar de refutar las denuncias sobre falta de datos y transparencia. Sin embargo, las autoridades no han ofrecido argumentos para demostrar lo contrario y la precariedad las llevó incluso a pactar un protocolo con las Asamblea Nacional, controlada por Guaidó, para recibir ayudas de la Organización Panamericana de la Salud y de Naciones Unidas. “Hoy ocurre lo que dijo nuestra Academia de Ciencias y Matemáticas hace más de cuatro meses. A pesar de la manipulación del sub-registro del 60%, de cómo Nicolás Maduro manipula las cifras de fallecidos y de casos, hoy estalla una verdad que dijera la academia hace cuatro meses, y la respuesta fue persecución y cárcel y amenaza para la ciencia y los académicos”, cargó Olivares la semana pasada. En cualquier caso, el problema de origen sigue intacto: Venezuela no está en condiciones de hacer frente a una emergencia sanitaria de esta magnitud.
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