La Fiscalía de Venezuela solicitó 14 órdenes de captura contra personas que presuntamente participaron en una “conspiración nacional e internacional contra Venezuela y el Referéndum Consultivo por el Esequibo”.
Fue el proceso mediante el cual el gobierno de Nicolás Maduro justificó la anexión de una fracción de territorio, perteneciente de manera formal a Guyana.
El fiscal, Tarek William Saab, informó que van contra Jhon Goicochea, Juan GuaidóJulio Borges, Andrés Izarra, David Smolanski, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez, quienes fueron identificados como operadores en el exterior.
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También fueron solicitadas capturas contra Roberto Abdul, Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, son señalados como “presuntos conspiradores que operaban desde Venezuela.
La fiscalía busca imputarles los delitos de traición a la patria; conspiración; legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Saab dijo que Carlos Vecchio “trabajó para ExxonMobil a principios de los años 2000 hasta 2007, y entró en la política luego de que ExxonMobil se fue del país; tras no aceptar las condiciones de las empresas mixtas creadas por el presidente Hugo Chávez”.
Reveló que “hay un testigo protegido que está aportando información sumamente importante de las conexiones tanto nacionales como internacionales en esta materia”.
Financiamiento
Sobre el origen de los fondos utilizados para la conspiración, el Fiscal General precisó que provienen “del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como ExxonMobil”.
Dijo que el financiamiento fue materializado mediante criptoactivos a cargo de Damián Merlo, ex empresario estadounidense de telecomunicaciones y ex asesor de política exterior, vinculado con Donald Trump y asesor de Nayib Bukele.
El mapa de Venezuela presentado por Maduro. Foto: X.
Asimismo, Saab afirmó que Merlo tenía como contacto al estadounidense Savoi Jandon Wright, (ya detenido).
Las averiguaciones determinaron que utilizó criptomonedas y grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados.
La fiscalía acusa que Wright mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul; líderes de la organización Súmate, “quienes conjuntamente con Henri Alviarez dirigían acciones desestabilizadoras y conspirativas”.
De esta forma, el fiscal afirma que “Guyana, la ExxonMobil y, lamentablemente, en las sombras Estados Unidos, trabajan en equipo para despojar a Venezuela de un territorio que histórica y legalmente le pertenece”.
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