Jacobo Dayán / @dayan_jacobo
A Sergio Aguayo
Nos indigna más la corrupción que los asesinatos, las desapariciones y la tortura. El Estado pretende cumplir su obligación entregando, en casos aislados, verdad y justicia parciales. Ante la detención de altos funcionarios o líderes de organizaciones criminales, la atención se pone lejos de las víctimas de la violencia.
Maruan Soto pone el dedo en la llaga en su columna de Milenio del 15 de diciembre pasado. Afirma con razón que ante la impunidad reinante, la sociedad mexicana se conforma con “asomos que eventualmente diluyen la verdad” que se sobreponen “a su consecuencia más grave: la crisis de derechos humanos”. El texto de Soto Antaki me empujó a buscar y detallar las agudas puntualizaciones de su texto. Los ejemplos comenzaron a brotar por montones. Aquí algunos de ellos.
Javier Duarte está siendo procesado por cualquier cosa menos por su responsabilidad en las desapariciones y ejecuciones realizadas por su policía estatal. Mientras tanto, el exdirector de la Fuerza Civil de Veracruz, acusado de desaparición forzada, ya fue liberado.
Los hermanos Treviño, líderes de los Zeta, han sido sentenciados, como muchísimos otros líderes criminales, por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, operaciones con recursos de procedencia ilícita. El horror desatado por esa organización no está, ni cerca, siendo esclarecido en tribunales.
Lo mismo ocurre en los casos de mexicanos procesados en Estados Unidos. Sin duda los más relevantes en fechas recientes han sido los de El Chapo y García Luna.
La sentencia a Joaquín Guzmán Loera ha sido asumida como un logro de la justicia. Sin embargo, la violencia generada por el Cartel de Sinaloa que dirigía no es tocada dejando a las víctimas sin verdad ni justicia. Lo mismo ocurre con la investigación iniciada a Genaro García Luna. Los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado dirigidas por él no son investigados.
En Estados Unidos hay otros casos más de altos funcionarios mexicanos. Entre ellos el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yárrington; Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila; Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit; y tantos otros. Pasa lo mismo con una lista interminable de miembros del crimen organizado como el recién liberado Sergio Villarreal, El Grande.
La conclusión de los procesos penales en Estados Unidos no implica que los crímenes cometidos en México no se deban investigar. De hecho, conformarse con las posibles sentencias allá, implica que toda la violencia perpetrada en México quede impune. Que las víctimas sean revictimizadas al simular justicia y que la verdad de lo ocurrido en nuestro país pretenda ser olvidada.
Cabe mencionar que esto coloca a México junto a países como Sudán en el que el depuesto dictador Omar al Bashir ha sido sentenciado por corrupción, mientras tiene órdenes de arresto ante la Corte Penal Internacional por el genocidio en Darfur.
La lista podría crecer y crecer. La violencia en México tiene como responsables a redes de macrocriminalidad en la que participan grupos criminales, políticos y empresas. Nada de ello se está investigando. Gobierno, medios de comunicación y sociedad parece conformarse con casos aislados, algunos de alto nivel, pero dejando a un lado los crímenes contra la humanidad.
Es imposible alcanzar la paz si primero no se conoce las verdades sobre la violencia, sus responsables, el impacto en la sociedad y se garantiza ese derecho a las víctimas. Sin esa verdad no podrá haber justicia. Una justicia parcial no es justicia.
La decisión política de distintos gobiernos federales y locales, hasta ahora, es que la violencia queda impune y en la oscuridad. La apuesta mexicana sigue siendo la misma que la que se tomó con la Guerra Sucia, pretender olvidarla y dejarla impune.
El día de ayer, la secretaria Olga Sánchez Cordero afirmó que todo el trabajo que hace Segob está enfocado en Justicia Transicional. Eso es falso. Lo único que funciona pero lo hace lento por falta de recursos y de voluntad local es la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión de víctimas no tiene en marcha un mecanismo extraordinario de reparaciones. La CONAVIM y la ley de amnistía aprobada no son Justicia Transicional. Esta debe ser integral y no hay en el horizonte mecanismos extraordinarios de verdad y justicia para la dimensión del horror.
Las instituciones ordinarias del Estado mexicano están colapsadas y cooptadas por redes de macrocriminalidad. Sin voluntad política para crear mecanismos extraordinarios de verdad y justicia con acompañamiento internacional, el debilitamiento de las instituciones continuará y las víctimas se seguirán acumulando, así como la deuda del Estado en materia de verdad y justicia.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.