El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha optado, con buen criterio político, por la expansión de la liquidez a las empresas mediante avales y créditos, el aumento del gasto social y el apoyo al capital de las empresas estratégicas. Acaba de aprobar un programa de ampliación de avales de 40.000 millones, cuyo destino preferente consiste en favorecer la transformación digital y ecológica de las empresas. Las intenciones son buenas. Pero hay lugar para la duda. La digitalización es una de las escasas vías que tienen las empresas españolas para mejorar su rentabilidad en un mercado global muy competitivo. Y el acceso a las inversiones en transición energética es uno de los caminos más seguros para que ocupen posiciones tecnológicas avanzadas en el futuro.
La cuestión es si un programa de avales es la mejor forma de abordar un cambio estructural en las empresas. Más bien debe entenderse que el nuevo plan es una extensión del programa de 100.000 millones de euros de marzo. Y que se ha aprovechado la oportunidad para reclamar más atención a la economía digital y verde. La transición energética puede ser, si se gestiona bien, el puente hacia una economía más competitiva, menos sucia y con una aportación tecnológica nacional importante. La llamada “economía verde” tiene que entrar en la carrera por suministrar empleos de calidad, resistentes a los embates de las crisis del futuro. Pero hay que orientar el esfuerzo en atraer inversiones y en formar técnicos. No es un plan de salvación el lugar adecuado para encarar una transición radical de la energía y de la competitividad de los productos españoles, sino el desarrollo ordenado del Plan de Transición que ya está en marcha.
El Gobierno tomó el viernes otra decisión relevante, la de seguir la línea pragmática marcada por otros países de la Unión Europea y destinar 10.000 millones de euros, gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a reforzar el capital de las empresas estratégicas españolas afectadas por la parálisis de la economía. Se trata de proteger la solvencia de empresas situadas en las encrucijadas sectoriales donde están en riesgo la viabilidad y muchos empleos. No es casualidad que las aerolíneas nacionales sean los objetivos preferentes de las ayudas nacionales al capital. El cierre de las fronteras y la desaparición en la práctica de los viajes han dañado dos de los ejes fundamentales de la globalización, el transporte aéreo y el turismo. Hay instrumentos suficientes para articular esta protección, desde los créditos participativos a la deuda subordinada.
Dicho lo cual, no todo puede justificarse con un proteccionismo financiero de emergencia; la necesidad y la oportunidad son ciertas, pero el éxito y la calidad de la gestión están en los detalles. Las ayudas al capital no pueden imponerse; en este sentido, es acertado que solo se concedan a petición de la propia empresa. La situación accionarial de Iberia, por poner el ejemplo en el que casi todo el mundo piensa, es diferente de la de otras empresas, aunque no sea más que por el hecho de que forma parte de un holding plurinacional. La participación tiene que ser temporal, sujeta a condiciones transparentes y, por supuesto, objeto de un debate en Europa sobre las ventajas que obtienen las antiguas líneas de bandera respecto a sus competidoras.
Source link