El debate ha comenzado y está ya en la agenda pública. El nuevo paradigma laboral, integrado por trabajadores, máquinas y robots, que destruye y crea empleo a ritmo muy desigual, está exigiendo una revisión del sistema impositivo y de cotización a la Seguridad Social. Y esto es así porque los robots, aplicaciones, algoritmos y plataformas, que ya están ocupando puestos de trabajo y generando aumentos de productividad, fagocitan el empleo de menor cualificación, pulverizando sus aportaciones. Algo que impacta directamente en los ingresos públicos y la redistribución de la riqueza.
La Administración, a través del Pacto de Toledo; expertos y sindicatos han comenzado a contemplar posibles escenarios sobre los que trabajar. Incluso desde la UE se han lanzado las primeras recomendaciones, como la que incluye la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo a la Comisión en cuanto a normas de Derecho Civil sobre robótica. Una recomendación que propone “estudiar la posibilidad de someter a impuesto el trabajo ejecutado por robots o exigir un gravamen por el uso y mantenimiento de cada robot”. E incluso la posibilidad de “introducir una renta básica mínima”.
También el Pacto de Toledo ha pedido al Gobierno reflexionar sobre el tema, lo que en opinión del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, es “una tarea ineludible e inaplazable”. Arroyo apunta, sin embargo, que “el impuesto a robots ya existe si hablamos de capital, (que incluye el software versus trabajo), a través del impuesto a las rentas del capital”. Y añade: “No todo el capital es igual. Está el que sustituye al trabajo y otro que lo complementa, lo que depende, entre otras cosas, del nivel de formación de los trabajadores”. El secretario de Estado reconoce “una tendencia a un mayor peso del capital en detrimento del trabajo” y la financiación de la Seguridad Social “es una de las partes de la sociedad que se vería afectada”.
Del impacto que supone la automatización en el pago de pensiones se ocupa también un grupo de análisis, Cibercotizante, que ha desarrollado diferentes escenarios. Su presidente, José Joaquín Flechoso, señala que la robótica aplicada a los procesos en las empresas puede provocar un descenso de los ingresos impositivos en un 30%, “una reducción que podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones”. Este grupo ha elaborado un decálogo de escenarios, que próximamente expondrá en la Comisión del Pacto de Toledo del Parlamento.
Flechoso destaca, entre ellos, los cinco con mayor viabilidad: “que un robot cotice por la misma cuantía que un trabajador; que se le grave, vía impuesto, sobre la extra-productividad o bien, elevar el tipo nominal del impuesto de sociedades”. Otras posibles fórmulas a estudio pasan por “implantar una tasa por la compra de robots o recurrir a un sistema de bonus-malus, es decir, reducir los impuestos o cotizaciones sociales a la empresa que genere puestos de trabajo y penalizar a la que sustituya mano de obra”, añade.
Flechoso anima a “huir de una visión apocalíptica de la digitalización, como máquina destructora de empleo” y asegura que “habrá más empleo, pero sobre todo, será mucho más digno”. En esta línea, el estudio Global Risk 2020, del World Economic Forum, revela que 85 millones de puestos de trabajo serán desplazados por los robots frente a los 97 millones de nuevos empleos relacionados con la economía digital, pero avisa de que el 40% de las competencias básicas habrán cambiado en los próximos cinco años.
Y este cambio de competencias es el que impacta de lleno en el empleo, según el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, quien vaticina un “drama inminente en el mercado laboral” acelerado por la pandemia. “La robotización creará empleo, pero no el suficiente con respecto al que destruye”. Y asegura “muchos de los trabajadores que pierdan su empleo, serán difícilmente recolocables, ya que no pueden acceder al nivel de formación que exigen las nuevas competencias”. Por eso, considera “urgente revisar las fórmulas de protección y fiscalidad que equilibren la sociedad”.
Favorecer la innovación
Sobre la contribución de los robots al Estado de bienestar, Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CC OO, subraya el escenario de gravar la adquisición de tecnología o el incremento de la productividad (el beneficio que genera a las empresas) a través de una mayor recaudación en el impuesto de actividades. “De esta manera, se favorece la innovación, gravando el resultado, no la adquisición”, sostiene. Y mantiene que “el robot no tiene sueldo. Es una inversión para la empresa y hay que gravar el beneficio que produce”.
Un campo donde hay “un margen enorme”, estima Bravo, dado que en España “el nivel de recaudación es bajo”, seis por debajo del europeo. Si con el actual sistema, el 90% de la recaudación proviene de las rentas del trabajo, el 70% del IVA y solo se recaudan 20.000 millones de euros con el impuesto de sociedades, cuyo tipo efectivo mínimo está en el 15%, el secretario de CC OO asegura “tenemos una pérdida de recaudación fiscal grande”. “Necesitamos, más que nunca, redes de protección vía impuestos, para acompañar en esta transición laboral a las personas que adolecen de la preparación adecuada para encontrar empleo en las actividades de nueva creación”, agrega.
Israel Arroyo va más allá al considerar los robots como “solo una de las tecnologías disruptivas” que podrán contribuir al mantenimiento del sistema tributario. Y alude a las plataformas, a desplazar el trabajo a lugares remotos, a descomponerlo en distintas tareas y que ésas se repartan en plataformas de microtasking como “retos a los que todos los sistemas de Seguridad Social van a tener que hacer frente, no solo en su financiación sino en la protección”.
Trabajos que no existen
“Acceder a la formación va a marcar la diferencia en la pérdida de empleo por la automatización”, según Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III. “Vivimos una migración del empleo de un núcleo a otro de actividad y es vital lograr incentivos a la formación para reforzar la empleabilidad de las personas con trabajos rutinarios y manuales y sus capacidades para ocupar empleos que no existen todavía”.
Mercader apuesta por una aceleración en los cambios y trabajar en el concepto de renta básica universal como protección “mientras se transita a posiciones digitales”. Y llama a considerar la robotización como una oportunidad: “Antes de la llegada del VAR (asistencia arbitral por vídeo) en un partido de fútbol había un árbitro y dos linieres. Con el VAR se llega a 11 trabajadores”, ejemplifica.
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