Boris Johnson ha tenido que beberse de golpe el trago más amargo de su carrera política. “Quiero pedir disculpas”, ha dicho ante la Cámara de los Comunes este miércoles. El primer ministro admitía que estuvo en la fiesta prohibida de Downing Street del pasado 20 de mayo, asumía la responsabilidad por lo ocurrido, aseguraba que entendía la ira de los ciudadanos y pedía que se esperara a la conclusión de la investigación interna sobre lo sucedido. Pero, en su línea habitual, ha realizado una pirueta dialéctica para intentar nadar y guardar la ropa. “Salí al jardín para agradecer al personal su trabajo durante esos meses, y después de veinticinco minutos, volví a mi despacho. Ahora entiendo que debí ordenar a todos que volvieran dentro y buscar otro modo de darles las gracias”, decía el primer ministro. La respuesta del líder de la oposición laborista era de una crudeza exrtrema: “¿Cuál es su defensa? Que no sabía que se trataba de un fiesta. Es tan ridícula que resulta ofensiva para los ciudadanos. ¿Cuándo va a hacer lo único que es decente: dimitir?”, reclamaba Starmer.
Boris Johnson nunca ha sido un parlamentario brillante, pero ha conseguido sobrevivir a sesiones de tensión en la Cámara de los Comunes gracias a sus bromas y a un cierto histrionismo jaleado por la bancada conservadora. Hasta este miércoles. El primer ministro del Reino Unido se enfrentaba a la comparecencia más dura de las que ha tenido que hacer en Westminster. El escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street, mientras todo el país sufría un severo confinamiento por la pandemia, ha destrozado con una rapidez de vértigo la reducida credibilidad que podía aún mantener el político conservador. Un 56% de los ciudadanos, según la última encuesta de YouGov, quiere que Johnson dimita. Pero lo que resulta mucho más grave y revelador, según esa misma encuesta, es que un 34% de los miembros del Partido Conservador creen que su líder debería echarse a un lado y dejar que otra persona tomara las riendas de la formación. Un 38% de ellos considera que, como primer ministro, no ha desempeñado bien su trabajo.
Muchos diputados conservadores habían reclamado, en las horas previas a la comparecencia de Johnson en la sesión de control de la Cámara de los Comunes, que el primer ministro pidiera disculpas de un modo claro y contundente por todo lo sucedido, si no quería evitar una rebelión en las filas de su grupo parlamentario. Aunque ni siquiera una disculpa puede bastar para enmendar una cadena de presuntas mentiras que ha precipitado el desastre. Hasta en cinco ocasiones el primer ministro ha asegurado que se cumplieron en Downing Street las reglas y recomendaciones, en materia de restricciones sociales, impuestas por su propio Gobierno para hacer frente a la pandemia. Y ahora es más que evidente, por las declaraciones de varios testigos, que Johnson y su entonces novia, Carrie Symonds, participaron el 20 de mayo pasado en una fiesta en el jardín de Downing Street en la que hubo más de cuarenta invitados, con alcohol, comida y ganas de juerga. Justo en un momento en el que al resto de los británicos se les prohibía que más de dos personas de domicilios distintos pudieran juntarse en exteriores.
Johnson se ha escudado en la investigación oficial sobre todas las fiestas llevadas a cabo en esa época en dependencias de su Gobierno -hasta seis de ellas- que está dirigiendo Sue Gray, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete y número dos en el organigrama de la administración civil del Reino Unido. Con fama de seria y dura, es muy probable que las conclusiones de sus pesquisas, que deberían finalizar en pocos días, hagan rodar cabezas en Downing Street. Pero, para los críticos más acérrimos de Johnson, ya no basta con esa investigación. El primer ministro, asegura, debe dejar de escudarse en trámites administrativos y admitir, sin tapujos, -como finalmente ha hecho- su presencia en una fiesta que tuvo lugar en el jardín de su propia residencia.
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