Este año el Congreso aprobó una ley que elimina la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, según dicta la Convención internacional sobre los derechos de este colectivo de Nueva York, de 2006. La antigua ley permitía la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mediante la cual se les asignaba un tutor legal para tomar todas sus decisiones (desde firmar un contrato domiciliario hasta poder contraer matrimonio) sin importar la gravedad de la discapacidad. Con esta reforma, el Estado elimina la figura de tutor legal. Ahora, la capacidad jurídica se determinará individualmente por un juez, según la condición de cada persona. El juez deberá especificar en qué aspectos necesita asistencia y en ningún caso se podrá incluir la mera prohibición de los derechos.
Aunque la nueva ley implementa un cambio importante para la calidad de vida de este colectivo, dentro de ella no figuran propuestas de apoyos económicos para impulsar el aprovechamiento de la capacidad jurídica. En este aspecto, la labor de las oenegés ha sido primordial para ofrecerle a la comunidad con discapacidad una oportunidad de aprender cómo ejercer estas capacidades. En el vídeo aparece otro caso, el de Santos (23 años), un chico con discapacidad intelectual que está llevando un curso en la Fundación Aprocor sobre finanzas personales, ya que ahora podrá tener su cuenta propia en el banco. El reportaje cuenta también la historioa de María (13 años), una chica con autismo, a la que se le abren nuevas oportunidades para estudiar.
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