El juez de Control del Centro de Justicia Federal determinó que Sergio Antonio ‘N’ es presunto responsable de otorgar permisos para la apertura de la Guardería ABC.
Por Carlos Manuel Juárez
Sergio Antonio “N”, tampiqueño exfuncionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue vinculado a proceso y se queda en prisión por su probable responsabilidad en la muerte de 49 menores de edad y las lesiones de más de 100 personas en el incendio de la Guardería ABC.
El juez de Control del Centro de Justicia Federal determinó que el político y Carla “N”, excoordinadora nacional de Guarderías, son presuntos responsables de otorgar permisos para la apertura de la Guardería ABC.
Agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Sergio Antonio “N” el jueves 12 de noviembre se trasladaba por la carretera costera del golfo en Tampico. Por la tarde fue trasladado a Hermosillo, Sonora, donde está radicado el caso contra el exfuncionario del IMSS en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
El 5 de junio de 2009, 49 niñas y niños fallecieron y 102 personas resultaron lesionadas producto de un incendio en la Guardería ABC, que operaba bajo subrogación del IMSS. Pasaron 11 años sin una persona aprehendida y ninguna reparación del daño que causó la tragedia.
La estancia era propiedad de Gildardo Francisco Urquides Serrano, extesorero estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de la política Margarita Zavala, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería del gobernado Eduardo Bours.
Salazar Salazar se desempeñó como director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS de febrero de 2007 a junio de 2009. Un mes y medio después del incendio, el tampiqueño fue separado del cargo junto a la coordinadora nacional de guarderías, Carla Rochín Nieto, y 7 funcionarios más relacionados con omisiones en la operación de la guardería.
La presunta responsabilidad de Sergio Antonio Salazar en el caso de la Guardería ABC fue señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010.
La captura de las dos personas se dio a la denuncia ampliada que presentó el IMSS. Dicho documento está basado en el proyecto de la solicitud de atracción del caso que elaboró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hace una década.
El documento, que en su momento fue apoyado por el ministro Juan N. Silva Meza y la ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, indica que Sergio Antonio “N” incumplió con la obligación de garantiza la seguridad, integridad y bienestar de los menores de edad a cargo del Instituto.
“… este funcionario era el responsable de diseñar políticas institucionales y emitir lineamientos que disciplinaran dichos aspectos de protección civil de manera uniforme, a efecto de que existiera un estándar de seguridad en todas las guarderías, así como establecer los procedimientos adecuados a efecto de verificar su efectivo cumplimiento. Pues al tratarse de un sistema de operación nacional, no es aceptable que la regulación de un aspecto tan importante, se delegue al desarrollo local”, resolvió Zaldívar Lelo de Larrea.
El documento de la SCJN -consistente en una solicitud de atracción para que la Corte analizara y resolviera el caso-, no fue aprobado en su momento, apuntó a las omisiones que cometieron funcionarios federales, estatales y municipales para que sucediera el incendio de la Guardería ABC.
Las primeras omisiones imputadas a Sergio Salazar corresponden a que no elaboró y aplicó las disposiciones de supervisión general de protección civil para las guarderías del territorio mexicano. Aunado a ello, se determinó que tampoco coordinó las verificaciones de la normatividad para las estancias con la delegación estatal del IMSS en Sonora.
“Estas omisiones de coordinación con las delegaciones estatales quedan demostradas, también, con los resultados de la inspección documental realizada por la Comisión Investigadora, la cual arroja un altísimo porcentaje de guarderías que no cumplen con los aspectos de seguridad que le son obligatorios”.
“Asimismo, al titular le corresponde originariamente el trámite y resolución de los asuntos de las unidades administrativas que le sean adscritas… por lo que la indebida actuación de esa área, sin que se advierta que, como superior jerárquico, tomó medidas o giró instrucciones efectivas para la detección o corrección de espacios que pudieran ser problemáticos, es una omisión que le es imputable”.