María Cruz Vásquez, Nallely Ortiz Jiménez y Magali Martínez han vivido violencia política por ser mujeres, también han sido discriminadas y criminalizadas.
Por Diana Manzo
Juchitán, Oax.- Ocupar un cargo público, ser alcaldesa, regidora o funcionaria de gobierno estatal y federal significa un reto para toda mujer, pero permanecer y cumplir esa función el tiempo establecido es un desafío para todas ellas, la violencia política contra las mujeres en razón de género es la otra pandemia que crece en Oaxaca.
María Cruz Vásquez, Nallely Ortiz Jiménez y Magalí Martínez han vivido violencia política por ser mujeres, también han sido discriminadas y criminalizadas, ellas no buscan superioridad, el sueño es conformar “una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades”.
Romper con el patriarcado, la misoginia y el machismo es la constante para las oaxaqueñas, además de la violencia extrema, los feminicidios y los homicidios dolosos que se incrementan todos los días.
La propia Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) reafirma que la violencia política contra las mujeres en razón de género va en aumento, y seguramente aislamiento social por la pandemia de Covid-19 es posible que exista un subregistro de casos de mujeres víctimas por hechos de obstrucción del cargo y/o violencia política.
En mayo de este año, los diputados locales oaxaqueños avalaron las reformas y adiciones al artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y al artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo que quedó establecida como causal, para decretar la nulidad de una elección, cuando se acredite violencia política en razón de género y el candidato que cometió el acto resulta ganador.
Hablar y contar su experiencia llevó a María Cruz Vásquez a recordar lo que vivió en 2017 cuando ocupó el cargo político de Síndica Municipal en Juchitán. Exigir transparencia y rendición de cuentas fue motivo para que ejercieran violencia política en su contra.
Maestra de profesión con una vocación de servicio y con trayectoria en la justicia social, María Cruz de 58 años de edad sólo pedía “los informes de hacienda”, solo eso, no quería saber más, sino conocer qué pasaba al interior de un ayuntamiento que gobernó también una mujer, la coceista Gloria Sánchez.
Saber los estados financieros de un ayuntamiento que le corresponden por su cargo de Síndica Municipal le costó a María Cruz vivir 18 meses violencia política. No la invitaban a las sesiones de cabildo, no le entregaron los reportes financieros y encima de todo esto, vivió criminalización y discriminación, denunció ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) y lo único que logró fue una “recomendación” de esa institución que finalmente no sirvió de nada, pues la violencia siguió hasta que concluyó el periodo de gobierno en 2018.
Esas historias de violencia política están registradas en estadísticas. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) al igual que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca revela que desde 2018 a la fecha este fenómeno social es alto; las activistas y defensoras auguran que crezca para el próximo proceso electoral que se avecina.
De 2018 a noviembre de 2020, la DDHPO tiene registrados 75 indagatorias respecto a los casos de violencia política los cuales reflejan un crecimiento: en 2018 fueron 17 quejas y 9 cuadernos de investigación; en 2019, 24 quejas y 2 cuadernos de investigación y en lo que va de 2020 suman 9 quejas y 14 cuadernos de investigación.
Este órgano señala que las autoridades más señaladas son las municipales y siendo los principales motivos de quejas la “obstaculización para ejercer el cargo, el derecho de participación política, discriminación y omisión de las autoridades para prestar auxilio en casos de violencia contra las mujeres”.
Al respecto, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca reveló que en 2018, 38 mujeres fueron víctimas de violencia política, el año pasado con 40 casos y a 11 meses de 2020 abarcan 61 denuncias de mujeres que han sido violentadas políticamente.
Nallely Ortiz Jiménez de 38 años es regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables en el municipio de Santa Lucía del Camino y a pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al alcalde Dante Montaño Montero al inhabilitarlo para sus funciones públicas en el próximo proceso electoral, eso no impide la mala vivencia que ha tenido.
Ortiz Jiménez contendió con una planilla que no ganó y fue elegida para ser regidora, cargo que inició con muchas ganas, pero se fue desmoronando tras vivir una serie de acciones misóginas y discriminatorias. Actualmente ella sigue en su cargo y desde ese espacio pide a las mujeres no dejarse vencer y defender su cargo que de manera honesta lograron.
Además del alcalde Dante Montaño, en Oaxaca ya son seis los presidentes municipales que perdieron la presunción de mantener un modo honesto de vivir, cinco varones y una mujer, lo que los volvió inelegibles para un cargo de elección popular.
Magali Martínez recientemente ocupó el cargo de presidenta del Consejo Municipal de San Dionisio del Mar, es la primera vez que un partido de izquierda -Movimiento Regeneración Nacional- ocupa una alcaldía en este municipio.
La llegada de Magali a este cargo es un logro personal, ya que como mujer no ha sido nada sencillo. Esposa y madre de dos hijas lucha todos los días contra el machismo que todavía se vive en su comunidad.
Dejen pasar, dejen ganar y dejen trabajar: Activistas y defensoras
La violencia política es otro gran fenómeno que se ha dejado a un lado coinciden activistas y defensoras oaxaqueñas, aseguran que cuando una mujer llega a ocupar un cargo “se le mide con la vara más alta como si fuera un objeto que no pudiera tener un error” que de hacerlo es juzgada como un pecado y es justo con ese precepto donde se inicia la violencia política por razón de género.
“Dejen pasar, dejen ganar y dejen trabajar”, coincide Diana Luz Vázquez (consultora y activista), Yesica Sánchez (Consorcio Oaxaca) y RitaBell López Vences (Centro Oaxaqueño para la igualdad), tres oaxaqueñas activistas que estudian este fenómeno que aseguran crece día con día.
Las activistas coinciden que las mujeres como los hombres tienen todo el derecho de ocupar cargos públicos, pero, desafortunadamente, se vuelve una violencia recurrente verlas triunfar, debido a esa lógica misógina y patriarcal que está presente en todo momento.
Las mujeres que quieren ocupar un cargo se enfrentan también al desprestigio y criminalización, por lo que ellas sugieren castigos severos. Aseguraron que “hace falta más, porque desafortunadamente con el poder que tienen, nos violentan”.
Reconocieron que las redes de apoyo y acompañamiento son un gran aliciente para la mujer que vive violencia política, pero no es suficiente, porque se vislumbra un escenario violento en Oaxaca para las próximas elecciones, a lo que esperan se cumpla con la iniciativa de 3 de 3, la cual busca que no haya ningún agresor, acosador ni deudor de pensión alimenticia entre los funcionarios.
El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca informa que de enero de 2019 al 17 septiembre de 2020 se integraron en dicho organismo 61 medios de impugnación por violencia política en razón de género: 41 corresponden a Juicios de Protección de Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, 17 a Juicios de Protección de Derechos Político Electorales de la ciudadanía en el régimen de Sistemas Normativos Indígenas y tres procedimientos sancionadores.