Altos funcionarios del gobierno han estado analizando la manera de incrementar la presión a países con alto número de ciudadanos que permanecen en Estados Unidos una vez que sus visas expiraron, parte del creciente enfoque del presidente Donald Trump en materia migratoria de cara a su campaña de reelección.
El gobierno podría reintroducir nuevas restricciones migratorias para los ciudadanos de esos países, según dos personas con conocimiento de los planes y que hablaron a condición de guardar el anonimato debido a que no tenían autorización para revelar conversaciones privadas.
La idea, reportada en primera instancia por The Wall Street Journal, es apenas una de varias que sopesa el gobierno, que cada vez está más desesperado por satisfacer a un mandatario molesto por el incremento de migrantes en la frontera mientras intenta cumplir sus promesas de la campaña de 2016 y reanimar a sus simpatizantes antes de los comicios de 2020.
Las ideas han ido desde las extremistas —incluyendo la amenaza de Trump de cerrar la frontera sur y considerar separar nuevamente a los hijos de sus padres— hasta sutiles variaciones al sistema de migración legal, que incluye esfuerzos por reducir la cantidad de personas que permanecen en el país tras la expiración de sus visas y que, de acuerdo al apartidista Centro de Estudios Migratorios, supera en número a los cruces ilegales en la frontera.
Se analizan también planes para que agentes de la Patrulla Fronteriza realicen entrevistas iniciales para determinar si los migrantes que solicitan asilo tienen “miedo creíble” de volver a sus países de origen.
Los agentes son los primeros en entrar en contacto con los migrantes y se cree que serían más estrictos que los funcionarios de asilo. Además, las autoridades han estado sopesando elevar los estándares para la concesión de asilo y cambiar el sistema judicial para que los últimos casos en presentarse sean los primeros en ser procesados. Algunos de los planes se han propuesto, rechazado y presentado nuevamente.
El gobierno también ha sopesado ir tras los pagos de remesas enviados por las personas que están ilegalmente en el país. Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, ha presionado a funcionarios de Seguridad Nacional para proseguir con los planes de castigar a los inmigrantes que están ilegalmente en el país por utilizar prestaciones públicas como el programa de cupones para alimentos.
El portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley dijo que la presidencia se enfoca en ambos temas.
“Es una de las prioridades principales del gobierno y lo ha sido durante dos años, reducir las tasas de personas que permanecen una vez expiradas sus visas y el programa de exención de visas, y es bien sabido que el gobierno trabaja para garantizar la implementación fiel de las reglas de bienestar migratorio para proteger a los contribuyentes estadounidenses”, declaró.
En tanto, Trump insinuó el lunes que cumplirá su amenaza de enviar a los migrantes a las llamadas ciudades santuario en un aparente intento por cobrar venganza de sus rivales demócratas, aunque al momento se desconoce si ese plan es factible.
“¡Aquellos inmigrantes ilegales que ya no puedan ser detenidos legalmente (el Congreso debe enmendar las leyes y los resquicios legales) serán, a consideración de Seguridad Nacional, enviados a las ciudades y estados santuario!”, tuiteó el mandatario apenas días después de que sus asistentes insistieran en descartar el plan.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a las solicitudes de comentarios sobre si había habido cambios el lunes. Se desconoce si Seguridad Nacional ha tomado medidas para implementar el controversial plan.
Abogados de la dependencia señalaron previamente a la Casa Blanca que la idea no era factible y sería un desperdicio de los fondos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés).
El ICE ya enfrenta presiones en sus recursos y fondos, y algunos creen que este plan terminaría por hacerles un favor a los migrantes al colocarlos en lugares donde les sería más fácil echar raíces y permanecer en el país. Recientemente Trump ordenó una renovación en la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional debido a las frustraciones sobre la oposición de la agencia a la Casa Blanca en materia migratoria.
Los demócratas exigieron el lunes que la Casa Blanca y funcionarios de la agencia entreguen documentos internos sobre las deliberaciones del gobierno respecto al plan de las ciudades santuario.
“No solo el gobierno carece de autoridad legal para transferir de esta manera a los detenidos, es sorprendente que el presidente y altos funcionarios siquiera estén considerando manipular las decisiones de liberación por motivos exclusivamente políticos”, se afirma en una carta firmada por tres presidentes de comisiones de la Cámara de Representantes.
En tanto, Trump ha insistido que tiene “todo el derecho legal para ordenar que los inmigrantes ilegales detenidos sean transferidos a las ciudades santuario”.
Continuó arremetiendo contra la situación en la frontera durante un evento en Minnesota el lunes, e indicó que el asunto podría darles a los republicanos el triunfo en 2020, al decirle a los presentes que el Partido Republicano podría “recuperar la Cámara de Representantes” debido al tema.
Varios republicanos moderados exhortaron al presidente a evitar declaraciones estrictas sobre migración de cara a las elecciones parlamentarias de 2018, advirtiendo que podría perjudicar las posibilidades del partido, especialmente en los suburbios.
Los republicanos perdieron el control de la Cámara Baja en esa elección.
Funcionarios federales señalan que el flujo de familias migrantes, particularmente procedentes de Centroamérica, está abrumando la frontera suroeste.
La Patrulla Fronteriza indicó que las 53,000 familias detenidas durante el mes de marzo representan un nuevo récord, aunque los demócratas afirman que el gobierno está agravando el problema al detener agresivamente a las personas capturadas ingresando ilegalmente y limitando el número de solicitantes de asilo que pueden ser procesados.