Vivir sin cuenta bancaria: la exclusión financiera golpea a los inmigrantes

Para Juan (nombre ficticio a petición del entrevistado) abrir una cuenta de pago básica ha sido una odisea. Este colombiano de 31 años lo intentó en seis bancos diferentes y, a pesar de contar con toda la documentación necesaria, lo consiguió la semana pasada, después de tres meses de lucha. Salif Conte (22 años) compartió la misma desesperación. Tardó un año en abrir un depósito, aunque tenía todos los papeles requeridos. “Sin una cuenta no podía pagar el alquiler o la luz, y tampoco podía conseguir trabajo”, afirma con enfado. 13 asociaciones y ONGs han denunciado 240 “irregularidades” de la banca ante el Defensor del Pueblo por poner “innumerables trabas en el acceso y mantenimiento de una cuenta”.

La ley establece que los bancos “están obligados a ofrecer cuentas de pago básicas —sin apenas comisiones, pensadas para personas en una situación económica vulnerable— a aquellos potenciales clientes que sean solicitantes de asilo o no tengan un permiso de residencia, siendo su expulsión imposible por razones jurídicas o de hecho”. A pesar de ello, algunos bancos niegan el acceso a estas cuentas a algunas personas migrantes, agarrándose a la ley de prevención de blanqueo de capitales, que establece que para abrirlas tienen que probar la procedencia de sus ingresos. La Asociación Española de Banca (AEB) y las entidades consultadas por EL PAÍS, Santander, BBVA y CaixaBank, aseguran que la nacionalidad no influye en el trato a los clientes y que se rigen por la disposición del Banco de España para impedir el lavado de dinero. Según la AEB, esta normativa obliga a los bancos a “extremar la vigilancia”.

Sin embargo, para Natalia Slepoy, responsable del área de incidencia de Red Acoge, una de las organizaciones denunciantes, algunas entidades han utilizado esa normativa como excusa para impedir la creación de nuevas cuentas básicas: “Se escudan en que determinadas nacionalidades no son aceptables para crear una cuenta porque presuponen que por venir de Siria o de Venezuela van a blanquear capitales”. No obstante, muchas de ellas, manifiesta, son personas solicitantes de protección internacional con informes de vulnerabilidad social.

Tras sufrir el acoso de varias bandas criminales durante trece años, Juan llegó a España el pasado octubre con la esperanza de comenzar una nueva vida. Se instaló en Lardero, un pequeño municipio que limita con Logroño, y allí solicitó protección internacional y la renta de ciudadanía de La Rioja, un subsidio mensual que roza los 500 euros. Para recibir esa prestación es necesario tener una cuenta de pago básica.

Una directiva europea de 2014 señaló que los Estados miembro tenían que disponer de cuentas de pago básicas para “animar a los consumidores vulnerables que no disponen de cuenta bancaria a participar en el mercado bancario minorista”. En 2019, España las convirtió en gratuitas para personas con vulnerabilidad económica.

Juan enseñó la Hoja Blanca a los bancos donde acudió, una documentación provisional que certifica la aceptación de la solicitud de asilo y que incluye el Número de Identidad de Extranjero (NIE). Aun así, no se la abrieron. “Me pedían el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, que aún no tenía porque estaba en trámite, y una declaración de renta de Colombia, que tampoco podía facilitar porque ni siquiera he cobrado tres salarios mínimos allí”, cuenta.

Tuvo que recurrir a la ONG Rioja Acoge, una asociación que promueve la integración de las personas migrantes. Con su asesoría, Juan consiguió una carta firmada por el Ayuntamiento de Logroño que justificaba el motivo por el que necesitaba una cuenta bancaria. Una vez más se la negaron, sin darle más explicaciones. “Iba y venía de los bancos continuamente. La pega era más que todo por ser colombiano. Eso es prácticamente lo que me dijeron”, comenta.

Algo parecido le sucedió a Conte. Tras obtener el asilo político y la Hoja Blanca, distintos bancos le exigieron, además, el pasaporte, porque no creían que el NIE que facilitó fuera suyo. El joven llegó a Valencia hace casi tres años a bordo de una embarcación, después de una larga travesía que comenzó en Guinea-Conakry, su país natal. Siempre tuvo claro su objetivo en España: conseguir un trabajo. Aunque varias empresas quisieron contratarle, no pudieron hacerlo porque no tenía cuenta bancaria. “Si la ley dice que puedes tener este derecho, es tu derecho. Nadie puede quitártelo”, denuncia.

Durante varios meses, Conte tuvo que ingresar su dinero en la cuenta de algunos amigos que le ayudaron. Finalmente, una trabajadora social de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) le acompañó a la entidad para que le creyeran. “No es normal que esto pase en Europa”, concluye Conte.

Slepoy señala que han conseguido ayudar a abrir una cuenta a muchos inmigrantes: “Es la demostración de que quien está cometiendo una irregularidad es la entidad bancaria (…). Evidentemente, esas personas que lo solicitan tienen derecho, con la legislación vigente, a que esa cuenta se les abra. Si no, no aceptarían activarlas”. Anabel Marauri, técnica de igualdad de trato, añade que los bancos no informan de los requisitos necesarios para abrirse una cuenta de pago básica y tampoco proporcionan a los solicitantes una negativa por escrito que es obligatoria.

Tras muchas desventuras, la semana pasada Juan consiguió abrir una cuenta con el Banco Santander vinculada a su pasaporte, aunque asegura que se recordará para siempre de la pelea administrativa a la que se ha enfrentado. “Elegí este país porque sabía que aquí podía tener una vida mejor, pero no me esperaba este racismo por parte de los bancos”, se lamenta.

Conte también ha ganado la batalla. Hace ocho meses encontró trabajo en una empresa de comida a domicilio y hace seis que consiguió crear una cuenta en la Caixa, que anteriormente le había rechazado. Sin embargo, su preocupación no ha cesado: “Hay muchos compañeros que están en la situación en la que estuve yo”. Las asociaciones hacen especial énfasis en que las 240 incidencias que han recogido desde 2020 son la punta del iceberg y que la mayoría quedan sin registrar.