Vladimiro Montesinos sigue el caso por el que se le juzga.Europa Press/Contacto/El Comercio (Europa Press/Contacto/El Comerci)
Cuando el torso de su cuerpo fue hallado en una bolsa, al noreste de Lima, la suboficial Mariela Barreto Riofano tenía 28 años y era madre de una niña y de una recién nacida. Corría el 23 de marzo de 1997 y Perú estaba sumido en una espiral de violencia, en el segundo quinquenio de Alberto Fujimori. Una crisis que se había agravado por un secuestro masivo que mantenía en vilo al país y al mundo desde hacía tres meses: la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, Morihisa Aoki. Terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) habían tomado de rehenes a diplomáticos, altas autoridades e incluso familiares de Fujimori, y habían prometido soltarlos solo a cambio de la liberación de más de 400 de sus camaradas que estaban en prisión. La incertidumbre era eterna. Vladimiro Montesinos. entonces asesor presidencial de Fujimori y jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), ha sido condenado este viernes a 23 años de prisión por ese crimen.
Dos semanas antes del asesinato de Barreto, una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), los emerretistas declararon haber escuchado sonidos extraños debajo de la residencia. Se trataba de militares cavando con picos y lampas. Aunque ante la comunidad internacional, el Gobierno insistía en buscar una salida pacífica, en realidad, había optado por la fuerza. Ordenó construir una serie de túneles para penetrar en la residencia y sorprender a los secuestradores, como finalmente ocurrió, en lo que se denominó la operación Chavín de Huántar. El secreto que ya no era secreto fue publicado por los periódicos más emblemáticos del país al día siguiente de lo dicho por los terroristas. A Mariela Barreto se le atribuyó haber filtrado información de la operación a la prensa, lo que fue desmentido por el periodista de investigación del diario La República, Edmundo Cruz, quien asegura que su medio lo descubrió en pleno trabajo de campo. “La hipótesis de que la agente Mariela Barreto Riofano haya sido asesinada en base a una falsedad debe ser considerada e investigada con rigor y entereza”, escribió hace unos años.
Lo cierto es que Barreto llevaba varios meses investigada por Inspectoría del Ejército. Era constantemente interrogada, incluso hasta que dio a su luz a su segunda hija en enero de 1997, pues era considerada por sus excompañeros del Grupo Colina una soplona. Este comando paramilitar —creado en los noventa para atentar contra los opositores del Gobierno y que ella integró— estaba convencido de que Barreto había filtrado datos sobre el Plan Bermuda, que consistía en atacar a uno de sus adversarios más tenaces: el periodista César Hildebrandt. De igual forma se le sindicaba por supuestamente haber brindado la ubicación de los cuerpos de la masacre de La Cantuta, en la que se desmembró y quemó a una decena de estudiantes universitarios y a un profesor, acusados de terrorismo, en 1992.
Quien lideraba el Grupo Colina era el mayor Santiago Martin Rivas, el exesposo de Mariela Barreto y padre de su primera hija. Rivas siempre negó haber tenido vinculación con su asesinato, y más bien culpó a Vladimiro Montesinos, el asesor presidencial de Alberto Fujimori y jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). El poder detrás del poder.
Este viernes, 26 años después del macabro asesinato de Mariela Barreto —nunca apareció su cabeza—, el Poder Judicial ha hallado culpables a ambos. A Montesinos, quien siguió la audiencia virtualmente desde la prisión de la Base Naval del Callao, se le ha condenado a 23 años de cárcel por el delito de homicidio calificado con el agravante de alevosía tras determinar que es el autor mediato del crimen. Mientras que Santiago Martin Rivas ha recibido la misma condena, aunque en su caso se ha resuelto que fue el autor. También se dispuso prisión efectiva para otros involucrados como el exjefe del SIE, el excoronel Carlos Sánchez Noriega (15 años) y el excomandante José Salinas Zuzunaga (8 años).
El fallo, sin embargo, es polémico pues el Tribunal ha decidido que la condena sea contabilizada dentro de las sentencias que ya vienen cumpliendo los imputados. Es decir, no se les añadirán más años, sino que la condena quedará refundida dentro de una pena mayor. Es el caso de Vladimiro Montesinos, sentenciado a 25 años (del 25 de junio de 2001 al 24 de junio de 2026), por las masacres de La Cantuta y de Barrios Altos. Ambos crímenes perpetrados por el Grupo Colina. Lo mismo sucede con Santiago Martin Rivas, también sentenciado a 25 años (del 27 de noviembre del 200 al 27 de noviembre de 2027). Eso sí, a ambos se les ha impuesto un pago de 138.000 dólares en favor de los herederos legales de Mariela Barreto: sus hijas, las dos niñas que crecieron sin madre y nunca pudieron darle una sepultura completa. Cuando esta mañana a Montesinos se le interrogó por el crimen, dijo sin pestañear: “Me reservo el derecho”.
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