La Unión Europea no debe quedarse de brazos cruzados frente a los subsidios que ha aprobado Estados Unidos a su industria de coches eléctricos, baterías o material para instalaciones de energías renovables. “La UE responderá de una forma adecuda y bien calibrada”, ha advertido este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justo un día antes de que se reúnan delegaciones de ambas partes del máximo nivel cerca de Washington. No se trata de abrir una guerra comercial “en medio de la actual guerra”, ha aclarado en refencia a Ucrania. Lo que plantea la alemana es “reflexionar” sobre las normas de ayudas de Estado continentales “para adaptarlas al nuevo entorno global”.
La misma Von der Leyen ha desarrollado la idea en su discurso de este domingo en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica). “El IRA (la reciente ley estadounidense que da subsidios), invierte a lo largo de toda la cadena de valor en sectores estratégicos. No siempre es el caso de nuestras ayudas de Estado. Debemos adoptar una mirada nueva sobre cómo apoyar toda la cadena de valor, descender a la producción en masa de las soluciones de tecnología verde estratégica y productos finales limpios. Incluso a través de la inversión pública”. Es decir, abrir la mano para que se pueda dar ayudas a las empresas europeas o las que produzcan en suelo europeo para que sean competitivas y no se lleven la producción a otras zonas.
La transición energética y digital, unido a lo sucedido durante la pandemia, ha puesto de relieve que Europa se ha quedado atrás en sectores industriales estratégicos clave para llevar a cabo este tránsito. Y lo ha hecho cuando la UE se ha autoimpuesto objetivos como prohibir la venta de vehículos con motores de combustión en 2035. Si los líderes políticos y empresariales europeos se pasan el día hablando de “autonomía estratégica”, no solo lo hacen por la defensa, también lo hacen a la economía. La señal de que algo se está moviendo en Bruselas por eso ya llegó a comienzos de año, cuando lanzó un plan que pretendía mover 43.000 millones de euros para lanzar la producción de microchips, aunque solo 11.000 millones de esa cantidad eran dinero nuevo, el resto era una reordenación de partidas.
También Estados Unidos ha reaccionado, especialmente, en la revolución medioambiental y la descarbonización de la economía y el transporte. El Gobierno de Joseph Biden ha aprovechado su norma estrella, la Ley de Lucha contra la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) para incluir un paquete de ayudas para la transición energética de cerca de 370.000 millones de dólares (unos 350.000 millones de euros). En él, se incluyen ayudas para la compra de vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos con componentes elaborados allí.
Bruselas dio la voz de alerta antes incluso de que el Congreso estadounidense aprobara la norma definitivamente. Advirtió de que es “claramente discriminatoria” y va contra las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sirvió de poco. La norma fue aprobada. A la alarma comunitaria se han sumado gobiernos como el Alemania o Francia, de hecho, en el viaje que estos días ha hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, a Washington, este tema ocupaba un asunto destacado.
A pesar de que la Comisión fue la primera en lanzar la alerta, después han sido las capitales las que más se han quejado, especialmente aquellas con grandes intereses en el sector del automóvil, como París y Berlín. Bruselas, como ha dejado claro Von der Leyen, no quiere abrir “una costosa guerra comercial con Estados Unidos en medio de la guerra actual”. Es decir, no ve claro llevar a Washington a los tribunales de la OMC para que estos le den la razón en unos años y entonces abrir negociaciones con los Estados Unidos o poder imponer medidas de respuesta por la misma cantidad que el daño causado. Así que ha optado intentar dialogar ya con la Administración Biden para ver si hay opciones de encontrar soluciones en los reglamentos que tienen que servir para aplicar el IRA.
Oportunidad de oro
Este lunes ambas partes tendrán una oportunidad de oro para abordar el tema en la reunión que ambas partes mantienen en Maryland, en Estados Unidos, en el llamado Consejo de Comercio y Tecnología (TTC, por sus siglas en inglés). Fuentes comunitarias apuntaban el viernes que en principio este órgano “no tiene nada que ver” con el conflicto abierto por los subsidios. No obstante, se antoja difícil que no se aborde este asunto en un foro en el que van a estar presentes el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la embajadora ante la UE, Katherine Tai, por un lado, y los vicepresidentes de la Comisión, Margrethe Vestager y Valdis Dombrovskis, más el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
El calado del problema creado con estos subsidios queda subrayado por la creación de un órgano bilateral ad hoc, una task force, para buscarle una solución. Este foro ya se ha reunido en varias ocasiones, aunque todavía se desconoce si hay avances. La voluntad de dar con una solución que se puede intuir de la creación de este foro choca con el pesimismo que hay en las en Bruselas. Hace unos días, fuentes diplomáticas explicaban que la parte europea se estaba encontrando con un problema al hablar con los estadounidenses: estos últimos reclaman ya pruebas del impacto perjudicial que tiene su ley la UE. La respuesta dada es que no se pueden presentar pruebas de algo que todavía no ha acontecido porque la ley apenas ha sido aprobada y que por ahora hay análisis de riesgos potenciales.
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