“Tenemos que ser muy astutos. Tenemos que dar pequeños pasos hacia atrás y ser conscientes de que no podemos pasar del todo a la nada”. Con estas palabras resume la diputada autonómica madrileña Gádor Joya la estrategia de Vox para eliminar los derechos al aborto y la eutanasia reconocidos actualmente en España. Se trata de una batería de cambios normativos que, sin modificar el marco legal y aprovechando su influencia en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, imposibiliten en la práctica el ejercicio de estos derechos.
Joya, exdirectiva del grupo integrista Hazte Oír, fue una de las ponentes del Foro Europeo por la Vida, organizado por Vox el pasado 18 de diciembre. El acto, presentado por el vicepresidente político del partido, Jorge Buxadé, contó con la participación, presencial o telemática, de representantes de grupos provida y figuras del fundamentalismo católico nacional e internacional, así como de las ministras de Familia de los gobiernos ultraconservadores de Polonia y Hungría, Barbara Socha y Katalin Novák.
Vox es consciente de que tanto el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como a la muerte digna tienen un amplísimo respaldo social en España: la última encuesta del grupo Ipsos, de septiembre pasado, registraba un apoyo del 59% al aborto libre, sin más requisito que la voluntad de la mujer (a pesar de que ese porcentaje ha retrocedido en los últimos años) y solo el 1% lo rechaza en todos los supuestos, que es la posición que mantiene Vox. Respecto a la eutanasia, el 64% de los españoles está a favor de la nueva ley, según la encuesta de 40dB publicada el pasado día 9 por EL PAÍS y la Cadena SER. Por eso, su estrategia a medio plazo no pasa por abolir esos derechos, para lo que no tiene mayoría suficiente, sino por poner trabas a su ejercicio. “Hay que luchar para cambiar esa ley, pero el hecho de que tengamos esa ley lamentable no impide que podamos trabajar para paliar sus efectos letales”, señalaba Joya, en alusión a la interrupción voluntaria del embarazo.
Aunque Vox rechaza el Estado de las autonomías y propone su abolición, quiere aprovechar el hecho de que las competencias de sanidad estén transferidas a comunidades autónomas donde tiene gran influencia (Madrid, Andalucía, Murcia y, si se cumplen los pronósticos, Castilla y León a partir del 13 de febrero) y utilizar “todas las herramientas” a su alcance para dificultar la aplicación de ambas leyes.
En Madrid, por ejemplo, Vox propone instaurar un protocolo en los centros de atención primaria para que los médicos de familia hagan una ecografía a “las mujeres embarazadas en riesgo de aborto”. El objetivo, según avanzó Joya, es “obligar por ley a que no haya una sola mujer a la que se pague el aborto por la Comunidad de Madrid si no acude con una ecografía hecha”. Y eso, según explicó, aplicando su propia interpretación del “consentimiento informado” previsto en la actual ley del paciente.
La diputada madrileña, médica de profesión, saltó a la fama por presentarse ante una clínica donde se practicaban abortos con un ecógrafo con el que instaba a las embarazadas que acudían a la misma a escuchar el latido del corazón del feto. El Congreso tramita actualmente una reforma del Código Penal que penaliza el acoso a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En Murcia, los diputados expulsados de Vox, que forman parte del Gobierno del popular Fernando López Miras, han presentado una iniciativa para que, antes de que la gestante firme el consentimiento para que se le practique el aborto, se le muestre una ecografía en tiempo real con sonido y movimiento del embrión.
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Vox no pretende volver a la ley de 1985 ―de indicaciones en vez plazos―, sino al “aborto cero”; es decir, ni siquiera en caso de violación. Aunque el partido de Santiago Abascal no revela si quiere tipificarlo como delito, es lo que se deduce de la definición que hace Buxadé de la interrupción voluntaria del embarazo: “El homicidio planificado de un ser humano en el seno materno”.
Uno de los puntos de la ley que Vox considera más fáciles de atacar es el hecho de que la interrupción del embarazo, libre hasta las 14 semanas de gestación, pueda practicarse hasta las 22 en caso de graves malformaciones fetales; lo que, a su juicio, supone un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. “Hoy en día es políticamente correcto hacerse fotos con niños con síndrome de Down y participar en carreras solidarias. Tenemos que utilizar eso en el buen sentido de la palabra”, afirma Joya.
El derecho al aborto ―que en Madrid es prácticamente imposible en centros públicos y se deriva siempre hacia clínicas privadas— no es el único que está en el punto de mira de Vox. El partido de Abascal, que ha recurrido la ley de eutanasia al Constitucional, también se propone obstaculizar el derecho a la muerte digna. La Comunidad de Madrid ha arrastrado los pies para ponerla en marcha: hasta el pasado 19 de octubre no se creó la Comisión de Garantías y Evaluación que tiene la última palabra sobre cada caso, aunque la ley entró en vigor el 25 de junio. Como consecuencia de ello, a principios de diciembre se habían practicado tres eutanasias en Madrid; mientras que en Cataluña, en la misma fecha, ascendían ya a 24.
Además, Andalucía no admite los testamentos vitales realizados antes de la entrada en vigor de la ley, aunque las personas que los hicieron no estén ya en condiciones de ratificarlos. No es este, sin embargo, el único obstáculo que planea Vox. “La ley dice que antes de la eutanasia hay que ofrecer cuidados paliativos a todos los pacientes y vamos a obligar a que se cumpla la ley: hasta que no se pueda ofrecer una cobertura del 100% de personas con cuidados paliativos no se puede ofrecer la eutanasia”, anuncia Goya.
Vox es consciente de que necesita conseguir más apoyo social del que ahora tiene para cambiar estas leyes. Mientras tanto, se propone utilizar “todos los instrumentos legales” a su alcance, “pequeños cambios normativos, pequeños pasos hacia atrás” para obstaculizar su aplicación.
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