El sector enfrenta problemas de sustentabilidad financiera y seguridad laboral, riesgos que impactan en el servicio y van más allá de la contingencia.
Durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el periodo de confinamiento, el transporte público sufrirá pérdidas por 9 mil 800 millones de pesos a nivel nacional, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México).
Según el organismo, el sector del transporte colectivo enfrenta un escenario adverso que compromete su sostenibilidad financiera, la seguridad laboral de los empleos, el sustento de los conductores y, por tanto, también el servicio a los usuarios, no sólo durante la contingencia sino hacia el futuro.
WRI México, en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) y con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), realizó un ejercicio de análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector.
El impacto se calculó con datos aportados por autoridades de movilidad, con una muestra de información de ciudades mexicanas de 13 estados de diferentes regiones del país, informó WRI en un comunicado.
En México, alrededor de 50 millones de personas, que representan el 40 por ciento de la población, utilizan el transporte público colectivo, del cual dependen más de 160 mil empleos, principalmente de conductores de unidades de transporte; además, representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas. Y es la alternativa de movilidad para muchas familias con ingresos mensuales menores a los 7 mil pesos.
Pero a las pérdidas que representa para los transportistas, cita el documento, se suma también el impacto económico para los usuarios habituales, pues por miedo al contagio el 38 por ciento de las personas ha cambiado el transporte colectivo por taxis, lo que representa un gasto del doble o más en sus desplazamientos. Y parte de la reducción en la demanda y los ingresos de los transportistas obedece a este cambio.
Durante la emergencia sanitaria, el sistema de transporte ha implementado medidas de higienización, esfuerzos para generar viajes con sana distancia y otras medidas que ayuden a evitar la propagación del virus, como la protección del personal operativo más vulnerable. Sin embargo, el sector, integrado por sus conductores y operadores principalmente, y los usuarios enfrentan crecientes retos y riesgos.
“Al momento, se estima una reducción del 60 por ciento en la demanda, lo que se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación; sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio”, señala el documento.
En los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, explica, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 por ciento del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9 mil 800 millones de pesos a nivel nacional; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.
En este contexto, también están en riesgo los puestos de trabajo relacionados con el sector. En promedio, el sector emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y existe un 40 por ciento adicional de otros puestos de trabajo relacionados.
El tercer componente en riesgo es el retroceso en los procesos de modernización del transporte. El 75 por ciento del sector se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que representa el 20 por ciento de sus costos totales.
El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación y venta de autopartes, los servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, entre otros.
De no tomarse acciones durante la presente contingencia, advierte WRI, aumenta la probabilidad de que concesionarios y operadores busquen optimizar sus recursos en la prestación del servicio, menos autobuses, rutas, frecuencias y cobertura para la población usuaria del transporte con sus impactos derivados en salud y economía.
El organismo recomenda reconocer al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas. Diseñar e implementar medidas que brinden seguridad laboral a los trabajadores del sector. Asignar fondos de emergencia entregados que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo, y diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público.
También exhorta a priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como cuentas concentradoras de recursos, sistemas de recaudo, tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
Por último, llama a prever la recuperación del sector tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas, sino la inversión que reactive su transformación y mejora, así como establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean contingencias y otras emergencias.