Tras la resolución de un juez federal que declaró la nulidad absoluta del cateo realizado en la empresa financiera Black Wallstreet Capital, así como la invalidez de todas las pruebas recabadas durante esa misma diligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) rechazó que se vaya a liberar a las cinco personas procesadas por el delito de lavado de dinero.
En respuesta, el abogado Virgilio Tanús advirtió que la resolución del juez federal fue mucho más allá de cancelar las imputaciones por delitos contra la salud y portación de armas de fuego en contra de las cinco personas que representa su despacho jurídico, por lo que la Fiscalía capitalina comete un error al no promover la libertad inmediata del empresario Juan Carlos Minero Alonso y cuatro personas más.
El litigante agregó que al declararse la invalidez de todo el cateo, ningún juez local podría mantener una imputación que se derive de esa diligencia, ya que todos los indicios o datos de prueba recabados, como sería el caso de los 168 mil dólares en efectivo que fueron asegurados dentro de la empresa financiera, se convierten en prueba ilícita., derivado del llamado “efecto corruptor”.
Por lo anterior, acusó a los fiscales y policías que participaron en el montaje contra sus clientes de actuar como “la verdadera delincuencia organizada” en México y advirtió que en caso de que no sean liberados en las próximas 24 horas, presentará las denuncias correspondientes por el desacato a una sentencia de un juez federal.
El intercambio de acusaciones comenzó con una conferencia vespertina del vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, en la que el servidor público defendió la legalidad de la carpeta de investigación por lavado de dinero que se sigue contra el empresario Juan Carlos Minero y sus cuatro coimputados.
“Esta Fiscalía General de Justicia aclara que la causa penal iniciada con motivo de la investigación llevada a cabo por esta institución sigue vigente, por lo que las cinco personas imputadas por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, continuarán en prisión preventiva”, dijo Lara.
Lara López agregó que la resolución dictada por un juez federal adscrito al Reclusorio Sur solo aplica para los cargos federales que existían contra los cinco procesados de la compañía financiera, es decir, para las imputaciones por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.
Pero rechazó que se siga la misma lógica para los delitos del fuero común, es decir, para la acusación por lavado de dinero.
“Por lo tanto, aclaramos a la opinión pública que la resolución federal no genera un cambio en la situación jurídica de los imputados por el delito del fuero común, por lo que dichas personas continuarán internas en el Reclusorio Norte”, sentenció.
En este marco, rechazó que los abogados de los cinco detenidos hayan presentado una denuncia por el robo de 3 millones de dólares y 15 millones de pesos de las instalaciones de la compañía financiera, cantidad de dinero que había entrado a la bóveda de la empresa ese mismo día y que los propios trabajadores intentaron esconder ante el temor de sufrir un robo común.
“Además, es importante resaltar que, hasta este momento, la empresa financiera no ha presentado denuncia alguna por el faltante del numerario y del monto real que han referido en medios de comunicación, ni tampoco han acreditado la legal procedencia del dinero”, reviró el vocero de la Fiscalía capitalina.
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Defensa revira: sí hay denuncia y han declarado 10 testigos
En conferencia telefónica, el abogado Virgilio Tanús consideró que no existen argumentos legales para mantener a sus clientes en la cárcel, ya que al declararse la nulidad absoluta del cateo y de todo lo recabado en esa diligencia, si hubiera 15 causas penales en 15 estados del país, todas tendrían que anularse.
El litigante informó que para evitar interpretaciones, su despacho entregó copias certificadas de la audiencia, tanto a la Fiscalía capitalina, como al juez local, con el propósito de que ambas partes conozcan la resolución del juez federal y dejen de argumentar que ese fallo solo aplica a delitos de carácter federal.
En este marco, consideró que ni siquiera sería necesario realizar una audiencia de sobreseimiento para cancelar las acusaciones contra sus clientes y que la libertad debería darse de forma automática en las próximas horas.
Sin embargo, para evitar que el juez no se vaya a pronunciar sobre el fondo del asunto, la defensa de Juan Carlos Minero solicitó la audiencia de sobreseimiento, la cual se tiene que realizar en un plazo máximo de 24 horas.
Agregó que mantener un proceso penal abierto tras la resolución del juez federal que anuló el cateo y declaró prueba ilícita todo lo obtenido en este, “sería un delito”, por lo que su despacho prevé presentar denuncias contra la Fiscalía capitalina y el juez de control que los vinculó a proceso, si ambas autoridades se niegan a liberarlos.
“No se puede sostener el argumento de que es de carácter federal, esa nulidad absoluta impacta en el delito local, pensaron que no se había pronunciado por la nulidad de toda la causa penal, pero la resolución abarca todo y todas las pruebas que se obtuvieron en el cateo”, concluyó.
Por otro lado, dijo que la Fiscalía también se equivoca al decir que no existe una denuncia por el robo de los 3 millones de dólares y 15 millones de pesos que extrajeron de la empresa financiera.
Dijo que el robo se denunció ante la la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por el propio Juan Carlos Minero, carpeta de investigación en donde ya se presentaron más de 10 testigos para acreditar la existencia del dinero, su procedencia lícita y el robo del mismo.
Advirtió que no existe ni un solo dato de prueba de que sus clientes estén vinculados con el delito de lavado de dinero para grupos delictivos, señalamientos que atribuyó a rumores de redes sociales.
“Están molestos porque los exhibimos, hay un mal actuar de un funcionario público, está la evidencia de la destrucción de las cámaras, de las maletas de dinero que abren los policías y que se llevan, llevamos semanas poniendo en evidencia el actuar delictivo y la delincuencia organizada de esos policías y ministerios públicos”, concluyó.
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