El expresidente Trump en el aeropuerto de West Palm Beach International Airport, el 25 de marzo, antes de abordar un avión para dar un mitin en Waco (Texas).Evan Vucci (AP)
La anticipación con la que el propio Donald Trump previó su propia imputación, la primera de un expresidente en la historia de Estados Unidos, ha servido estas dos semanas para fijar lo que se viene ahora. Será arrestado, sí. Le tomarán las huellas dactilares y las fotos de frente y de perfil que son consustanciales tanto al sistema judicial de este país como a su cultura pop. Es posible que lo esposen. Y escuchará otro clásico: la advertencia Miranda, que le sonará de centenares de películas: “Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno de oficio”.
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Trump no es un imputado del montón, pero pasará por los trámites de cualquier ciudadano procesado por un delito grave (felony, en inglés) en Nueva York. En su caso, se le acusa de haber ordenado a su abogado Michael Cohen en las semanas previas a las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca en 2016 un pago de 130.000 dólares (unos 120.000 euros) para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels sobre una supuesta relación extramatrimonial de 10 años antes.
Según la acusación del fiscal del distrito, Alvin Bragg, que el gran jurado da por buena, Trump falsificó los asientos contables de su empresa para hacer pasar ese pago por otra cosa. Eso es una falta castigada con una pena de hasta un año de cárcel, que pasa a ser un delito grave si queda probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen: por ejemplo, el de financiación irregular de una campaña electoral o el de conspiración para influir o impedir una votación.
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El expresidente, que lo niega todo, podría tardar varios días en presentarse en el juzgado. Para empezar, porque primero tiene que recibir el documento de la acusación. Se da por hecho que en estos momentos ya se está produciendo el tira y afloja de la negociación de los términos de su entrega. Y nadie descarta que Trump va a tratar de convertir todo esto en un espectáculo que enardezca a sus bases y dé alas a su campaña presidencial para 2024. De momento, sus abogados han dicho que está dispuesto a volar desde Florida, donde se encuentra en estos momentos, en su residencia de Mar-a-Lago, a Nueva York para cumplir con sus obligaciones judiciales.
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Si no lo hiciera, se podría dar el improbable caso de que hubiera que extraditarlo. Entonces, sería Ron DeSantis, el gobernador de esa estado del Sudeste del país, el que tendría que autorizarlo. Se da la circunstancia de que DeSantis es ahora mismo el mayor enemigo del expresidente en su propio partido. Y muy probablemente su más serio contrincante por conseguir la nominación para las presidenciales.
El juzgado de Nueva York encargado de su procesamiento se encuentra ahora ante una disyuntiva de difícil solución. Tiene que hacer ver que Trump es un ciudadano más, que no está por encima de la ley, y, al mismo tiempo, no puede ignorar lo extraordinario del proceso. Sin ir más lejos, el acusado tendrá que estar acompañado en todo momento, por ejemplo, cuando acuda ante el juez para escuchar de lo que se le acusa, de los miembros armados del Servicio Secreto que tienen que escoltarlo por ley a todas partes.
Eso por no hablar del circo en que está previsto que se convierta la entrada al juzgado, un circo aún mayor al que ya se ha organizado en estas dos semanas ante la sola idea de una posible imputación.
Otra de las dudas que se abre ahora para Trump es si le exigirán presentarse esposado. Podría hacerse una excepción, dada la naturaleza del procesado. A la mayoría les esposan las manos detrás de la espalda, aunque se contempla la salvedad de que, si es un delito no tan grave, comparezcan con las manos atadas por delante, a la altura del regazo.
Trump ya ha avisado: no piensa apearse de su campaña presidencial en el caso de una imputación. Si bien no hay precedentes de un expresidente procesado penalmente en la historia de Estados Unidos, sí los hay de un candidato al puesto que lo fue desde la cárcel. Es un recuerdo oscuro, solo para muy aficionados al pasado de este país: sucedió en 1920, cuando Eugene Debs fue candidato por el Partido Socialista de América mientras cumplía prisión por violar la Ley de Espionaje de 1917 por pronunciar discursos críticos con el papel de Estados Unidos en la I Guerra Mundial. El tipo solo sacó un millón de votos. Trump, de momento, lidera con holgura las encuestas hechas entre republicanos para su designación como candidato conservador en 2024.
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