Yucatán aprueba el matrimonio igualitario y prohíbe las terapias de conversión

El Congreso de Yucatán aprobó este miércoles el matrimonio igualitario y la prohibición de las terapias de conversión, por 20 votos a favor y 5 en contra, tras un fuerte debate en la entidad y luego de que el pasado 18 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara la votación secreta de julio de 2019, con la que el Congreso rechazó su legalización.

La Corte ordenó repetir la votación y que ésta se hiciera de manera pública, por lo que salió adelante el tercer proyecto de Ley presentado, propuesto por la diputada independiente Milagros Romer.

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Consideró que la imposición de un método de votación secreta “transgredió claramente los principios de legalidad y seguridad jurídicas, por contravenir la legislación orgánica y reglamentaria del propio Congreso del Estado de Yucatán, generándose a su vez una violación a los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado de las y los quejosos”.

La Corte tiene, desde hace años, jurisprudencia que establece que permitir el matrimonio solo a parejas heterosexuales es inconstitucional, pero dicho criterio solo es obligatorio para los jueces que revisan amparos, no para los Congresos estatales.

En contra de aprobar el matrimonio igualitario votaron los priistas Mirtea Arjona de Tizimín, Marcos Nicolás Rodríguez de Kanasín y los panistas Rosa Adriana Lizama y Manuel Díaz Suárez y Víctor Sánchez Merari.

Por su parte, el gobernador del estado, el panista Mauricio Vila, aseguró en su cuenta de Twitter que la decisión del Congreso “es fruto de nuestra democracia y eso nos hace más fuertes como sociedad”.

“Hago un llamado a respetarnos entre todos y trabajar en unidad. Juntos siempre somos más fuertes”, dijo.

En 2019, el Congreso yucateco rechazó dos veces aprobar el matrimonio igualitario, en abril y julio. Con su aprobación este miércoles, Yucatán se convierte en el estado número 22 que aprueban esta figura.

Además, los legisladores aprobaron por unanimidad aplicar una pena de hasta tres años de cárcel para quien aplique u obligue a alguien a una terapia de conversión de su identidad y orientación sexual.

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En este caso, la iniciativa que prohíbe las terapias de conversión fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Felipe Cervera Hernández, e implica una reforma al Código Penal de la entidad.

Las sanciones podrían duplicarse si quienes intenten, instiguen, autoricen o apliquen terapias de conversión a menores de edad son los padres, madres, familiares, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapistas, profesores o miembros de alguna iglesia.




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