Asismismo, la organización no gubernamental indicó que pese a que gobernadores panistas desconozcan a la ombudsperson Rosario Piedra, no impide que acaten las recomendaciones que la CNDH emita.
Paul Antoine Matos
Que los gobernadores panistas desconozcan a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no debe impedir a los gobiernos estatales acatar las recomendaciones que el organismo emita, expresó Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina de México Elementa Derechos Humanos.
El 12 de noviembre, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional emitió una postura respecto a la elección de Piedra Ibarra como titular de la CNDH. En ella, manifestaron no reconocerla en su puesto, por ser “producto de un fraude”. Miembro de la Asociación es Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.
Al presentar en Mérida el documento Derechos Humanos en contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil Yucatán, Demichelis Ávila indicó que ese rechazo a las recomendaciones de la CNDH “refleja la falta de interés del estado de realizar una de derechos humanos”. Y añadió: “Yucatán no es el paraíso de los derechos humanos, menos para los indígenas y la comunidad LGBT”.
“Acá el gobierno atiende a los derechos humanos como un tema exclusivo de violaciones, como está el discurso del estado seguro y que no pasa nada, entonces no se tiene obligaciones en materia de derechos humanos“, dijo.
La coordinadora de la Oficina de México Elementa Derechos Humanos señaló que el Estado omite sus obligaciones de protección y prevención, a la hora de pensarse en derechos humanos como una de sus obligaciones. “La ley es muy clara: no importa quien esté a la cabeza, ni cual ha sido el procedimiento por el cual se eligió, las recomendaciones tienen que aceptarse”, recordó.
Indicó que se espera la primera recomendación y la reacción que el gobernador yucateco emita hacia ella.
Demichelis Ávila manifestó que en Yucatán existe un discurso del “estado seguro” y que “no pasa nada”, pero sí hay violaciones a los derechos humanos en materias como: despojo de la tierra y el territorio a las comunidades mayas, tortura policial, violencias de género contra la mujer y discriminación hacia la población LGBT.
Afirmó que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) tiene miedo a clasificar como tortura a la violencia policial, por lo que la califica como “malos tratos”. Eso aún cuando la Fiscalía General del Estado tiene 222 carpetas de investigación por tortura.
“El órgano autónomo estatal en materia de derechos humanos no está generando esta información. Pensamos que en sus informes íbamos a encontrar algo. La falta de información evidencia que no existe una política estatal en materia de derechos humanos. Existe una omisión a los derechos humanos”, expresó la coordinadora de la Oficina de México Elementa Derechos Humanos.
Ante ese panorama, declaró que los casos de feminicidios, contaminación del agua y tortura policial en Yucatán impactan la memoria colectiva y trascienden las administraciones políticas.
Concluyó que no son hechos aislados, sino que son problemáticas insertadas en Yucatán.