Hace unos días se confirmó que los restos encontrados en la ladera del vertedero de Zaldibar pertenecen a Alberto Sololuze, uno de los dos trabajadores desaparecidos tras el derrumbe que se produjo el 6 de febrero en esta localidad de Bizkaia. Seis meses después del accidente, su familia puede por fin dejar atrás la angustiosa incertidumbre por esa pérdida irreparable e iniciar el duelo. Todavía falta por encontrar el cuerpo de Joaquín Beltrán, con lo que continúa viva la pesadilla que empezó cuando miles de toneladas de residuos industriales y de tierra se derrumbaron en la escombrera gestionada por la empresa Verter Recycling. Esta semana también se supo que las investigaciones que pretenden aclarar si hubo algún delito podrían demorarse por estar realizándose simultáneamente en dos juzgados de Durango.
Uno de ellos instruye la causa por los posibles delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, mientras que el otro se ocupa de aclarar si hubo un delito contra el medio ambiente. La jueza encargada de estas últimas diligencias ha entendido mejor inhibirse en favor del otro juzgado para unificar ambas causas, lo que permitiría agilizar las investigaciones, y así lo solicitó en marzo al Tribunal Superior vasco. El peligro es que resulte peor el remedio que la enfermedad, y una cuestión formal termine entorpeciendo el avance de los procedimientos. La Fiscalía ha apoyado la unificación de las causas, entendiendo que tiene sentido evitar duplicidades y porque existe el riesgo de que se produzcan resoluciones “contradictorias y divergentes” sobre hechos que, en esencia, son los mismos. La petición aún no ha sido atendida.
Lo que está en juego es aclarar qué pasó exactamente, y si existieron delitos, para que se produjera esa catástrofe en la que dos personas perdieron la vida y que se considera ya el peor desastre medioambiental ocurrido en el País Vasco. Se han observado indicios de que no se habilitaron en el vertedero los mecanismos de control y vigilancia necesarios y los trabajadores llamaron la atención sobre unas grietas en el inmenso cúmulo de desechos, donde además había amianto, un material especialmente nocivo. Los vecinos de la zona necesitan explicaciones claras del funcionamiento de un vertedero que resulta altamente contaminante, y exigir garantías de que se van a tomar las medidas pertinentes que garanticen su salud. La herida de Zaldibar seguirá abierta mientras no se encuentre al otro fallecido y las investigaciones no lleguen al fondo y establezcan las responsabilidades a las que están obligados quienes gestionan unos residuos que pueden cambiar profundamente unos estándares medioambientales mínimamente exigibles. Un atasco innecesario en las dos causas abiertas sería imperdonable.
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